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Este viernes, la Corte Suprema permitió por segunda vez al presidente Donald Trump retirar las protecciones temporales contra la deportación de 300.000 venezolanos.

En una breve orden, y con la disidencia de los tres jueces progresistas de la Corte, la mayoría de los magistrados dictaminó que el Gobierno podía seguir adelante con sus planes de poner fin a una forma de alivio humanitario conocida como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una medida que dejará a más personas vulnerables a la deportación.

El Gobierno de Trump pidió a los jueces a principios de este mes que le permitieran retirar las protecciones contra la deportación que habían sido extendidas a unos 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. El caso surge de una decisión tomada a principios de este año por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al TPS para los migrantes venezolanos.

La corte había llegado a un resultado similar en el mismo caso en mayo.

“Aunque la situación del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho”, escribió la corte en su orden. “El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado aquí”.

Mientras los tres jueces progresistas señalaron su desacuerdo con la decisión, solo la jueza Ketanji Brown Jackson la dio a conocer por escrito. Como lo ha hecho en órdenes de emergencia anteriores, Jackson criticó la manera en que la corte manejó el caso, diciendo que la corte estaba permitiendo que la administración “perturbe tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”.

Jackson dijo que consideraba la decisión “como otro grave uso indebido de nuestro expediente de emergencia”.

El Gobierno de Biden otorgó por primera vez el TPS para venezolanos en marzo de 2021, citando la creciente inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales. El fallo del lunes se aplica a la designación de 2023.

Los demandantes, inmigrantes venezolanos amparados bajo el TPS, argumentaron que la abrupta revocación de las protecciones por parte de Noem violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que exige procedimientos específicos para las agencias federales al implementar cambios de políticas. También argumentaron que la decisión de Noem estuvo motivada por prejuicios raciales y políticos.

El Congreso creó el programa TPS en 1990, permitiendo al Gobierno federal proporcionar protección temporal a inmigrantes de países que sufren desastres naturales, guerras y otras condiciones que harían peligroso el regreso de las personas. Al final del primer Gobierno de Trump, los funcionarios describieron a Venezuela como “la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental” y otorgaron una forma diferente de alivio temporal a algunos de sus migrantes.