Dos años después del atentado de Hamás y el recrudecimiento de la ofensiva israelí en Gaza, la causa palestina se ha consolidado como la principal baza de la legislatura de Pedro Sánchez. El Ejecutivo español se adelantó a sus socios europeos al reconocer al Estado de Palestina y llegó incluso a calificar de «genocidio» los ataques israelíes en la Franja. Esta estrategia tensionó las relaciones diplomáticas con Israel, pero permitió a Sánchez colocar al Gobierno como un referente internacional en defensa de la causa palestina en medio de una legislatura marcada por los casos de corrupción en el PSOE y en el entorno del presidente.
El 7 de octubre de 2023, apenas dos meses después de las elecciones que pusieron en marcha el segundo mandato de Sánchez, Hamás lanzó un ataque contra Israel que se saldó con 1.200 muertes y cientos de secuestros. España condenó los atentados del grupo terrorista y exigió el cese inmediato de la violencia contra la población civil. Poco después, suspendería la venta de armas a Israel (lo que no se consolidó jurídicamente hasta hace unas semanas), y en apenas unas semanas, Sánchez, que entonces ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, viajaría a Israel y a Palestina.
Aquel viaje resultó el comienzo de la escalada de tensión diplomática entre España e Israel, ya que, aunque Sánchez reiteró a Netanyahu su solidaridad tras los ataques del 7 de octubre, también calificó de «insoportable» el número de víctimas gazatíes, lo que no sentó bien al primer ministro hebreo. Además, Sánchez también visitó el paso de Rafah, que era la única puerta de entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, donde abogó por la solución de los dos Estados y dijo que tenía serias dudas de que Israel cumpliese con el derecho internacional humanitario. Fue entonces cuando Israel llamó a consultas a su embajadora en España, que no volvería hasta enero de 2024, aunque por poco tiempo.
A mediados de marzo de 2024 la tensión aumentó cuando un barco de bandera danesa con armamento destinado a Israel no pudo hacer escala en el puerto de Cartagena porque el Gobierno español le denegó el permiso. Tras ello, el ministro de Exteriores, advirtió de que todos los buques con cargas similares correrían la misma suerte.
Tensión diplomática con Israel
Poco después, en el mes de mayo, España reconoció al Estado de Palestina. Entonces, Netanyahu volvió a llamar a consultas a su embajadora en Madrid como muestra de protesta y el embajador español en Tel Aviv fue citado para una queja formar por parte del Ministerio de Exteriores de Israel. Además, el Gobierno israelí comenzó a acusar a Sánchez de premiar a Hamás y prohibió que el Consulado de España en Jerusalén prestase servicio a los palestinos de Cisjordania.
No obstante, en ese momento el Gobierno aún no podía convertir la causa palestina en un activo de la legislatura. El incremento de la tensión diplomática con Israel y la posición excepcional de España en el reconocimiento del Estado palestino dentro de la UE se convirtieron en un arma para la oposición, que acusaba a Sánchez de actuar por su cuenta y de «empoderar» a Hamás. Además, la continuidad de contratos con empresas israelíes generaba fricciones dentro de la coalición.
Aun así, Sánchez continuó haciendo gestos simbólicos: recibió por primera vez en Moncloa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, desde el reconocimiento, y destinó 75 millones de euros en dos años en ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Pulso internacional frente a la crisis doméstica
Fue en 2025 cuando las acciones del Gobierno español en favor de la causa palestina se intensificaron, especialmente este mes de septiembre, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU. Antes del verano, el PSOE atravesaba su peor crisis política y reputacional tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, hasta entonces número 3 del partido. Ahora, Sánchez ha aprovechado que el periodo vacacional ha rebajado la atención mediática sobre las causas judiciales que amenazan a su entorno para relanzar su agenda internacional, colocando la causa palestina como bandera.
A principios de este mes, anunció un paquete de medidas contra lo que ya abiertamente tildó de «genocidio» en Gaza, entre las que incluyó el la consolidación del embargo de armas a Israel a través de un decreto. La respuesta de Netanyahu no tardó en llegar: acusó a Sánchez de antisemitismo y de amenaza genocida, y prohibió la entrada a Israel de dos ministras: Yolanda Díaz y Sira Rego. La tensión volvió a incrementarse. España también metió en su lista negra a dos ministros de Netanyahu y, en menos de una semana, llegó a convocar hasta en dos ocasiones a la encargada de negocios de Israel en España.
No obstante, en los últimos días Sánchez ha tenido que hacer equilibrios para sostener su férrea posición frente a Israel. Y es que EEUU puso sobre la mesa un «plan de paz» para Gaza al que, en consonancia con el resto de países de la UE, Sánchez dio la «bienvenida». Esto no sentó bien ni a sus socios de izquierdas ni a los de coalición, que señalaban que este plan no hacía otra cosa que «legitimar la impunidad» de Israel tras los crímenes en la Franja. De hecho, algunos de estos socios le pedían «continuar» en ese «lado correcto de la historia».
La crisis de la flotilla rumbo a Gaza no hizo sino tensar aún más los equilibrios discursivos de Sánchez. Moncloa envió un buque de guerra para auxiliar a los tripulantes de la misma, pero al alcanzar el límite de la «zona de exclusión» impuesta por Israel -en aguas internacionales-, decidió no continuar. Según el Ejecutivo, cruzar esa frontera habría puesto en riesgo la seguridad de los militares a bordo. La decisión desató críticas tanto de los activistas españoles que viajaban en la flotilla como de varios socios parlamentarios de Pedro Sánchez.
En este punto, Moncloa trata de defenderse alegando que debe ser «responsable» en su cometido diplomático e institucional y evita que sea el presidente del Gobierno el que, a viva voz, defienda este tipo de decisiones. Desde Copenhague, el mensaje de Sánchez abunda en la que sigue siendo su principal baza de legislatura: pidió al Gobierno de Israel que respetase los derechos de los tripulantes de la flotilla, de los que aplaudió su «solidaridad» y, además, avanzó que estudiaría «acciones» tras la intercepción de las embarcaciones por parte del Gobierno hebreo.