El 29 de octubre de 2024, en un día marcado en todos por la catastrófica dana que arrasó la provincia de València, la concejala Glòria Tello (Compromís) se sometió a una mamografía rutinaria que trajo consigo noticias amargas. Los profesionales médicos detectaron algo sospechoso y le indicaron que sería llamada para pruebas complementarias en el mismo hospital para arrojar luz sobre el diagnóstico. Unas pruebas que no llegaron hasta el 4 de marzo de 2025.
Entre tanto, cinco meses de inquietud, incertidumbre, miedo, dudas y todos los sentimientos que rodean a un diagnóstico incierto. Ahí es donde reside la indignación de lo sucedido en Andalucía y su sistema de salud: la Junta reconoció que alrededor de 2.000 mujeres habían sufrido retrasos en el diagnóstico del cáncer de mama debido a fallos en el sistema sanitario autonómico. Estos errores implicaron que mujeres con mamografías dudosas no fueran informadas a tiempo para realizar nuevas pruebas, lo que retrasó su diagnóstico y tratamiento.
Lo mismo le sucedió a Tello. En ese maremágnum de sentimientos, pensamientos y emociones, «ingenua de mí, pensé que tanto tiempo debía significar que lo que yo tuviera no sería grave”, recuerda la concejala. Pero apenas comenzaron las pruebas, la expresión de los médicos le hizo entender que la situación era seria. Pese a ello, las resonancias, biopsias y pruebas posteriores confirmaron lo que nadie quiere escuchar: una lesión maligna y varias premalignas en la mama izquierda. La confirmación definitiva llegó a mediados de abril, seis meses después de la mamografía inicial.
A partir de ahí, el tratamiento fue intenso: mastectomía con reconstrucción en mayo, radioterapia en julio y agosto, y un plan de seguimiento y medicación que se prolongará durante cinco años.
Y aquí viene la indignación final que subyace bajo el escándalo de las pruebas diagnósticas en Andalucia y en cualquier sistema autonómico de salud: Tello se cuestiona todavía hoy si la demora en las pruebas pudo haber condicionado la gravedad de su enfermedad. “Siempre me he preguntado si esos meses de espera eran correctos y si sin ellos podría haber evitado la mastectomía, la radioterapia o incluso algunas de las lesiones”. «Estos procedimientos no deberían demorarse meses», asevera.
Su testimonio es una llamada de atención sobre la necesidad de invertir más medios en los procesos de diagnóstico y seguimiento en la sanidad pública. Precisamente, la concejala, apartada de la vida pública desde que fue diagnosticada, da un paso adelante y da a conocer su experiencia por dos motivos: por si puede ayudar a los demás y por si sirve para que los responsables de los tiempos y citaciones agilicen los procesos de los que dependen la salud física y mental de las mujeres afectadas.