La Moncloa vuelve a estar, una sesión plenaria del Congreso más, pendiente del voto decisivo de Podemos. Esta semana, la Cámara Baja debatirá y votará dos iniciativas de capital importancia para el Ejecutivo: el proyecto de ley de movilidad sostenible y, especialmente, la convalidación del decreto para establecer de manera automática un embargo en el comercio de armas con Israel. Salvo sorpresa, la primera de ellas será derribada por la mayoría que suman los morados con el PP y Vox. Por el contrario, la norma relativa a Gaza sí tiene opciones de salir adelante, pero para ello necesita del apoyo o, al menos, la abstención de Podemos, que es el único de los socios habituales del Gobierno que no ha confirmado aún cuál será su postura.
El pasado jueves, Junts desveló que votará a favor de convalidar el decreto. Y, con ese apoyo de los independentistas —que, como Podemos, han tardado días en deshojar la margarita—, la posición que adopten los cuatro diputados morados es determinante para que siga en vigor el texto aprobado hace unas semanas por el Gobierno para establecer el embargo de armamento y tecnología de doble uso a Israel. La norma, además de prohibir el comercio de armas con Israel, deniega la solicitud de tránsito de combustibles de uso militar, veta la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos y servicios prestados en ellos y revoca todas las autorizaciones vigentes a fecha de la entrada en vigor del decreto, así como también las pendientes de renovación.
Podemos se ha mostrado muy crítico con el texto, el cual ha calificado de «embargo fake» que «no sirve para nada» y que es un «coladero» para el comercio militar israelí, en palabras de la secretaria general de los morados, Ione Belarra. «Este embargo de armas, tal y como está escrito, no va a servir para nada porque no aborda ninguno de los elementos centrales que han permitido que España tenga las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia bajo el Gobierno de Pedro Sánchez cuando se está produciendo en el peor genocidio en Palestina», sostuvo Belarra el martes pasado.
Fuentes de Podemos aseguraban ese mismo día que lo más conveniente, a su juicio, sería que el Ejecutivo retirase el decreto y aprobase uno nuevo que no incluyese una cláusula para poder levantar el embargo puntualmente por decisión del Consejo de Ministros, así como que también afectara a las filiales españolas de empresas militares israelíes que operan en nuestro país. No obstante, pese a la dureza de sus palabras, ni Belarra ni ningún otro dirigente de Podemos quiso confirmar el martes (ni tampoco en días posteriores) si el partido votará en contra del decreto cuando se vote su convalidación en el Congreso.
Quien sí lo hizo, el pasado jueves, fue Junts, que anunció que apoyará la convalidación cuando se vote en el Congreso esta semana que entra. Y eso resta margen de maniobra a Podemos, puesto que ya no puede escudarse en el voto de los independentistas. Si Junts se hubiese opuesto a convalidar el decreto, los morados hubieran podido también votar en contra sin que su posición hubiera sido determinante, y ese escenario les hubiera permitido hacer gala de su discurso más maximalista contra el Gobierno por la izquierda. Pero, con el voto favorable de los de Carles Puigdemont, toda la presión recae sobre un Podemos que ahora debe decidir si derriba el texto sobre el embargo de armas por insuficiente o si, por el contrario, se traga sus críticas y deja que siga en vigor, aunque sea a través de una abstención.
En Moncloa reinaba cierto optimismo respecto a la convalidación del decreto. Antes de que Junts anunciara su posición, varios cargos del Ejecutivo confiaban en que serían Podemos y Coalición Canaria quienes garantizaran su aprobación con su voto a favor. «Podemos, yo creo que sí; a quienes no tengo tan claros es a los de Junts», admitían fuentes gubernamentales apenas un par de días antes de que el partido de Carles Puigdemont confirmara su apoyo. Estas mismas fuentes señalaban también al PP como una incógnita, ya que una simple abstención de los populares habría bastado para sacar adelante el decreto. Sin embargo, no era una opinión unánime dentro del Gobierno: otros interlocutores daban por segura la negativa tanto de Vox como del PP.
En lo que coinciden todas las fuentes consultadas es que en que se tramitará como proyecto de ley, tal y como le piden sus socios. En todo caso, desde el grupo parlamentario no se plantean presentar otro decreto, como pide Podemos. «No podemos criminalizar a empresas que tienen contratos anteriores, otra cosa son los nuevos contratos», admiten.
Además de la incertidumbre que aún rodea a la votación sobre el decreto de embargo de armas, el Gobierno se expone a una segunda derrota que, en este segundo caso, tiene muchas menos opciones de poder evitar: la que previsiblemente sufrirá a la hora de aprobar la ley de movilidad sostenible. El texto se enfrentará el martes a la votación definitiva en el Congreso, y Podemos ya ha anunciado que lo derribará —uniendo sus votos a los de PP y Vox— salvo que el Ejecutivo le prometa paralizar las ampliaciones del puerto de Valencia y la del aeropuerto de El Prat (Barcelona), algo que para la Moncloa resulta inasumible.
Para Moncloa esta es una norma relevante puesto que, de la misma, depende el desbloqueo de 10.000 millones de euros de fondos europeos. En el Ejecutivo son más pesimistas que en el grupo parlamentario, donde hay diputados que consideran que tanto UPN o Junts podrían ser clave para que, finalmente, la norma viese la luz.