El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue si Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, cobró comisiones ilegales por el supuesto amaño de obras públicas en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.
También ha ordenado lo mismo respecto del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero.
Ambos están investigados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de ciertas licitaciones públicas mientras José Luis Ábalos era ministro de Transportes. En concreto, por el supuesto «favorecimiento, de manera recurrente, de diferentes constructoras».
A petición de la UCO y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha ordenado a 12 entidades bancarias y a Hacienda que remitan documentación sobre las finanzas de Pardo de Vera y de Herrero.
Se trata de sus productos financieros, la identidad de las personas con las que comparten cuentas, los movimientos de las mismas (saldo, ingresos, pagos…) desde 2017, el posible cobro de cheques…
El juez también ha pedido a la Agencia Tributaria la información fiscal de ambos ex altos cargos desde 2017 hasta 2024.
Una vez reciba estos datos, será la Unidad Central Operativa la encargada de elaborar un informe con los mismos.
En una resolución fechada este lunes, el juez Moreno señala que, en el presente caso, «no nos encontramos con una mera sospecha, sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas» en la comisión de varios delitos.
En concreto, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.
Fragmento de la resolución de Moreno sobre Pardo de Vera y Javier Herrero.
Sobre Pardo de Vera y Herrero, el magistrado señala que «habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana entre los años 2018 y 2021». Es decir, durante la era Ábalos.
Como recuerda el juez en su resolución, en esta pieza separada del caso Koldo/Ábalos se investiga si el exministro y su principal asesor, Koldo García, cobraron «contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras» que obtuvieron los contratos supuestamente amañados.
«Siendo —añade Moreno— Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas; cada uno, dentro de su ámbito de responsabilidad».
En línea con Anticorrupción, el magistrado considera que «el fin perseguido por parte de los investigados en esta trama era obtener un provecho económico«.
Por ello, al situar a la expresidenta de Adif y al exdirector general de Carreteras como parte de esta trama, cree necesario analizar sus cuentas bancarias, a fin de determinar «si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere».