Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
NACIONALES
La Policía detuvo este martes en Montevideo a un joven de 21 años buscado por un intento de homicidio, que además es investigado por su posible participación en el atentado contra la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.
El operativo se realizó en el barrio La Unión, donde los efectivos allanaron una vivienda e incautaron un vehículo con documentación apócrifa. La indagatoria está a cargo de Inteligencia, Narcóticos y la Jefatura de Montevideo.
Según informó Telemundo, el detenido tendría vínculos con la banda de Los Albín, uno de los grupos delictivos que operan en la capital.
La fiscal de Estupefacientes, Angelita Romano, imputó a un hombre que había sido detenido el domingo por el atentado contra la fiscal de Corte. La jueza Diovanet Olivera formalizó la investigación por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación, y dispuso prisión preventiva por 180 días —hasta el 28 de marzo— como medida cautelar.
El sospechoso, de 55 años y sin antecedentes penales, fue identificado cuando circulaba en un automóvil negro con el que se brindó apoyo logístico a los atacantes..
La mujer que viajaba con el detenido fue puesta en libertad tras comprobarse, con imágenes de cámaras, que no participó en el ataque.
La Policía continúa con varias líneas de investigación. El Ejército analiza la granada hallada en la casa de Ferrero y se revisa el ADN de una colilla encontrada en el lugar.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, informó que la Brigada de Explosivos analizó las esquirlas y el iniciador del artefacto usado en el atentado contra la fiscal de Corte. El estudio preliminar determinó que no se trata de material de uso del Ejército, por lo que aún se desconoce su origen.
Lazo advirtió que el crimen organizado cuenta con múltiples vías para acceder a ese tipo de armamento y sostuvo que será necesario reforzar los controles.
El presidente Yamandú Orsi afirmó que el reciente atentado contra la fiscal subrogante, Mónica Ferrero, no debe mezclarse con el debate sobre la designación de un nuevo fiscal de Corte.
Luego de la reunión del lunes entre Orsi y los representantes de los partidos políticos, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, había llamado a “abroquelarse” detrás de Ferrero.
“Si el sistema reacciona sacando a Mónica Ferrero, el narco gana. El mensaje es ‘cómprate una granada de mano y cambian al fiscal de Corte’”, había expresado Ojeda.
Consultado en rueda de prensa ayer, el presidente Orsi insistió en que se trata de dos discusiones distintas y que, llegado el momento, habrá que encarar el asunto “de la forma que sea”.
“No hay que entreverar los tantos. Hoy el tema central es este, [es el tema] que puso en el centro de la atención a la persona [de Ferrero] y a la institución de la Fiscalía; entonces, tranquilos, no entreveremos los tantos, no contaminemos una cosa con la otra, porque lo peor que podemos hacer es que no pongamos el foco donde lo tenemos que poner”.
Por otro lado, Orsi afirmó que las instituciones deben fortalecerse para enfrentar al crimen organizado y valoró el trabajo coordinado con Argentina, Paraguay y Brasil, ya que —dijo— estos grupos no reconocen fronteras. Además, señaló que el proyecto que modifica la Ley de Prevención de Lavado de Activos es “una pata importante” para frenar a las redes delictivas.
Respecto a la reunión mantenida el lunes con los líderes de todos los partidos, destacó la importancia de la unidad nacional y anunció que volverá a convocar a las fuerzas políticas a medida que se avance en nuevas medidas.
El Frente Amplio resolvió aceptar una propuesta del Partido Colorado para postergar la votación del proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la ley de lavado de activos. Según explicó el senador colorado Robert Silva, el acuerdo implica que la iniciativa se vote en una de las dos sesiones previas al tratamiento del Presupuesto Nacional, es decir, el 8 o el 15 de octubre, pero no hoy con carácter de “grave y urgente”, como pretendía hacerlo el oficialismo.
La bancada frenteamplista había anunciado ayer que buscaría acelerar el trámite a raíz del atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero. El gobierno de Yamandú Orsi exhortaba a aprobar la ley con rapidez, al entender que los cambios son clave para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
Durante el día, este asunto había generado polémica entre el oficialismo y la oposición. En rueda de prensa al mediodía, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, coordinador de la bancada, dijo que “no hay más tiempo que esperar”.
“Perseguir lo más importante que es el dinero que estas organizaciones criminales consiguen. Uruguay tiene importantes niveles de procedimientos, formalizaciones y condenas en algunos temas, pero nos falta bastante para avanzar en el combate al lavado de activos. En los últimos años sólo ocho personas han sido procesadas por estos temas y sin dudas ahí tenemos un debe importante”.
En tanto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo que el proyecto que promueve el oficialismo “es un disparate” que atenta contra las libertades individuales.
“Pretenden hacerle creer a la gente que con las modificaciones a la ley actual de lavado de activos —de la cual soy corredactora, o sea, que sé de lo que hablo— se va a frenar el narcotráfico. De ninguna manera: eso es una pantalla de humo para perseguir a los ciudadanos honestos, levantar el secreto bancario e ir por las libertades individuales en materia financiera que no son solo financieras, son parte de nuestra vida”.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN
El Ministerio de Economía y Finanzas volvió a presentarse ayer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, que desde agosto analiza el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. El ministro Gabriel Oddone y su equipo llevaron varias modificaciones al texto original, centradas en el Impuesto Mínimo Global, el secreto bancario y algunos ajustes adicionales.
En relación con la aplicación local del Impuesto Mínimo Global —un gravamen impulsado por la OCDE para grandes multinacionales—, Oddone explicó que las empresas instaladas en zonas francas amparadas por leyes de estabilidad tributaria no estarán obligadas a pagar el impuesto cuando sus casas matrices estén en países que no lo aplican. El cambio que se introduce ahora busca dar certeza jurídica a las zonas francas y responder a un reclamo del sector, que advertía que el nuevo tributo vulneraba los contratos vigentes.
Según dijeron el ministro y su equipo en una conferencia de prensa antes de que terminara su comparecencia, esta aclaración no cambia la recaudación proyectada, porque ya se había previsto que estas firmas no serían alcanzadas.
Sobre el secreto bancario, el texto original del Presupuesto facultaba a la DGI a solicitar directamente el levantamiento de la reserva de la información bancaria sin pasar por la Justicia. Luego de las críticas de distintos sectores, el gobierno cambió la propuesta: se mantiene la intervención judicial, pero con un plazo máximo de diez días hábiles para que el juez resuelva. Si en ese lapso no hay pronunciamiento, la autorización quedará otorgada automáticamente. Oddone defendió el cambio como un equilibrio entre las exigencias de la OCDE —que reclamaba más agilidad— y las garantías para los contribuyentes.
“Simplemente lo que estamos haciendo es mantener la intervención preceptiva del Poder Judicial con plazos más acotados. Eso es una diferencia con lo que nosotros originalmente habíamos remitido, donde el Poder Judicial no tenía intervención”.
Desde la oposición surgieron reparos a este punto. El diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter advirtió que, en la práctica, los jueces no podrán expedirse en tan poco tiempo, lo que habilitaría un acceso casi automático a las cuentas bancarias.
“La OCDE exige 90 días. Ese plazo sería coherente. Un plazo de 10 días en Uruguay, con el poco personal y recursos que tiene la Justicia sabemos que es difícil de cumplir”.
El paquete de modificaciones incluye también otros temas: se restableció la supervisión del Banco Central sobre las casas de cambio y cofres fort, que en el texto original habían quedado fuera del control del regulador. El cambio responde a observaciones de la Senaclaft, que advirtió riesgos de lavado de activos. Además, se ajustó el régimen de importación de autos clásicos, que quedarán exonerados de tributos salvo que se vendan en el país, en cuyo caso deberán abonar lo que no pagaron al importarlos. Finalmente, se amplió a 2025 el período para acceder a los beneficios del programa de atracción de talento calificado.
El gobierno dio por finalizada la alerta roja para personas en situación de calle, que había entrado en vigor el 26 de junio luego de que se registraran varias muertes por hipotermia en distintos puntos del país.
La herramienta de la alerta roja, prevista en la ley de creación del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) permitió la “evacuación obligatoria” de personas y animales en situación de vulnerabilidad o riesgo.
En una conferencia de prensa que encabezaron ayer el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y Leandro Palomeque, director del Sinae, se informó que durante más de tres meses el operativo implicó un despliegue interinstitucional sin precedentes: se habilitaron refugios 24 horas y centros de evacuación en coordinación con intendencias y organizaciones sociales, se brindaron atenciones médicas en terreno y hasta se acondicionaron espacios para recibir mascotas.
Durante la alerta, según se consignó, hubo 19.802 traslados voluntarios, se gestionaron 22 internaciones compulsivas y 99 detenciones.
El ministro Civila sostuvo que el sistema llegó a duplicar su capacidad habitual, creciendo más de un 140% respecto al inicio del invierno.
“Hoy podemos decir que más de 100 personas de las abarcadas por los centros de evacuación, pudieron ingresar en comunidades terapéuticas, en propuestas de rehabilitación para consumo problemático de drogas, y eso para nosotros es una muy buena noticia porque da cuenta de que hay experiencias que pueden ir más allá de un lugar para pernoctar, un lugar para pasar la noche o para pasar el día, en el caso de las personas que no tienen una vivienda a la que poder acceder”
Con la mejora de las temperaturas, se da por concluida esta etapa de emergencia y comienza otra: la del proceso de “desevacuación”, es decir, el retorno de quienes pasaron por los centros a los refugios habituales del Mides o a programas como los vales habitacionales y los dispositivos de rehabilitación.
La jueza Diovanet Olivera rechazó nuevamente el pedido de la fiscal Sandra Fleitas de enviar a prisión domiciliaria al exsenador frenteamplista Charles Carrera, imputado por el uso irregular del Hospital Policial. La magistrada entendió que no hay pruebas de que Carrera intentara entorpecer la investigación. Además, se negó a imponerle la prohibición de expresarse en redes sociales o ante la prensa, como también planteaba Fleitas.
De esta forma, Carrera seguirá esperando el juicio en libertad con medidas cautelares: fijar domicilio y no salir del país, hasta febrero de 2026. La fiscal apeló la resolución y explicó que las medidas solicitadas buscaban proteger la etapa probatoria y evitar presiones o amedrentamientos a testigos.
Carrera está imputado desde junio por fraude, falsificación ideológica y uso indebido de información privilegiada. La investigación penal, iniciada en 2022 a partir de una denuncia del Ministerio del Interior, apunta a dos hechos ocurridos entre 2013 y 2016: la entrega de tickets de alimentación y la atención médica en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un civil herido por una bala perdida en noviembre de 2012, presuntamente disparada desde la casa de un policía en La Paloma.
A la salida de la audiencia, Carrera aseguró que quedó con “la tranquilidad de que primó el Estado de derecho y la democracia”.
El exsenador cuestionó las medidas solicitadas por la fiscal, reiteró que la causa fue “armada por Luis Alberto Heber” y vinculó nuevamente la denuncia a su rechazo al acuerdo firmado entre el gobierno y Katoen Natie por la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, cuando Heber era ministro de Transporte. Aclaró que sus críticas no apuntan a la Fiscalía como institución y sostuvo que respetará el resultado del proceso.
“El juez de garantías tuvo un rol muy importante, porque jamás se puede cuestionar a una persona que ejerza el derecho a denunciar, el derecho a defenderse, el derecho a ejercer la libertad de expresión. En ese sentido, todas las medidas que solicitaba la Fiscalía considero que eran absurdas y hasta abusivas”.
La Comisión de Salud del Senado recibió este martes al cardenal Daniel Sturla, quien reiteró la oposición de la Iglesia Católica al proyecto de ley de eutanasia. “Defendemos la vida, este proyecto transmite la idea de que hay vidas descartables y por eso es negativo”, señaló tras su comparecencia. Sturla insistió en que debería llamarse “ley de eutanasia” y no de “muerte digna”, y propuso como alternativa fortalecer los cuidados paliativos.
El debate parlamentario entró en su etapa final. El senador nacionalista Martín Lema ratificó que no votará el proyecto porque, según dijo, carece de garantías jurídicas y clínicas. Además, cuestionó que el Ministerio de Salud Pública no haya asumido una postura institucional sobre el tema.
Desde el oficialismo, el senador frenteamplista Aníbal Pereyra consideró importante escuchar todas las voces, aunque recordó que la posición de la Iglesia no es nueva. Consultado por La Diaria, señaló que el texto ya fue aprobado en Diputados y que la intención del Frente Amplio es que el Senado lo someta a votación en el plenario a mediados de octubre.
Un grupo llamado “PampaLeaks” aseguró haber accedido a los sistemas de Ceibal y filtrado datos de más de un millón de uruguayos. Según lo publicado en foros de internet, la información incluye nombres, cédulas, números de serie y el historial de cada computadora entregada a estudiantes, docentes y funcionarios, lo que permitiría vincular cada dispositivo con su usuario.
Los atacantes divulgaron una muestra con 33 mil registros y advirtieron que lo difundido es apenas “la punta del iceberg”. El mismo grupo ya se había atribuido hackeos a Dinacia, la Fiscalía General y la Masonería, y afirma tener información sensible de otros organismos estatales, como Sucive, ANEP y la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Ceibal, en tanto, negó que se haya vulnerado su infraestructura interna y aseguró que la filtración provino de un informe específico y del perfil de un usuario de la plataforma CREA. El organismo remarcó que no se afectaron los sistemas ni se comprometieron historiales de uso, y trabaja junto a Agesic para determinar el origen y alcance del incidente.
La Confederación de Sindicatos Industriales realizó ayer un paro parcial y una movilización frente al Ministerio de Trabajo, en reclamo de medidas para proteger el empleo y fortalecer la industria nacional. La protesta se dio en el marco de cierres de plantas lácteas, panificadoras y automotrices, que se suman a otras empresas del sector.
Según el presidente de la confederación, Danilo Dárdano, en los últimos nueve meses se perdieron más de 4.000 puestos de trabajo, entre empleos formales, informales e indirectos. El dirigente advirtió que el cierre de empresas genera un “efecto contagio” y reclamó políticas de Estado que aseguren estabilidad.
Entre los planteos sindicales figuran la creación de seguros especiales de desempleo, la mejora de la pauta salarial y una planificación industrial sostenida. También reclamaron atender el atraso cambiario y facilitar créditos blandos para el sector productivo.
Más de 5.000 personas comienzan esta semana los cursos del programa Uruguay Impulsa en más de 200 localidades del país. La propuesta, coordinada por Inefop, UTU, ministerios e intendencias, apunta a mejorar la empleabilidad con formación en construcción, logística, administración, gastronomía y competencias digitales.
Las capacitaciones se extenderán hasta fin de año, con 88 horas de clases dictadas por más de 1.200 docentes. Además, más de 2.000 participantes tendrán la posibilidad de acreditar estudios para completar primaria o ciclo básico.
El programa busca fortalecer las oportunidades laborales en todo el territorio y se apoya en una inversión cercana a 195 millones de pesos.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
El poder de compra de los trabajadores tuvo un leve aumento en agosto. Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario real creció 0,19% en el mes, acumula una suba de 2,41% en lo que va del año y 1,31% en los últimos doce meses.
Por sectores, el incremento mensual fue de 0,23% en el privado y 0,11% en el público; en la comparación anual, la mejora alcanza 0,88% y 2,08% respectivamente.
Según los datos oficiales, el Índice Medio de Salarios aumentó 0,15% en agosto, con un acumulado de 5,23% en el año y 5,56% en los últimos doce meses.
El índice nominal, que se utiliza para ajustar las pasividades, registró una suba de 0,18% en el mes y de 5,51% en el último año.
En el sector privado la mayor incidencia provino de la intermediación financiera, el transporte y el comercio, mientras que en el sector público el ajuste se explicó por el Gobierno Central y las empresas estatales.
El déficit fiscal de Uruguay se ubicó en el equivalente al 4,1% del PIB en el año móvil a agosto, según informó el Ministerio de Economía. La cifra es dos décimas menor a la del mes anterior y se acerca a la proyección oficial de 4,2% para el cierre de 2025.
Según la cartera, la mejora responde a menores gastos y al ingreso de utilidades del Banco República, aunque se registró una leve caída en la recaudación de la DGI.
En cuanto a las empresas públicas, el resultado primario fue de 0,3% del PIB, una décima más que en julio.
El Ministerio de Turismo lanzó ayer en Buenos Aires la campaña “Uruguay sorprende”, dirigida a captar más visitantes desde Argentina, principal mercado emisor de turistas. El ministro Pablo Menoni destacó que el objetivo es aprovechar los beneficios fiscales y reforzar la promoción para contrarrestar la volatilidad económica y atraer viajeros de nuevas provincias.
La campaña busca mostrar un país con propuestas más allá del sol y playa, como turismo rural, cultural y religioso. También incluye incentivos a aerolíneas, que ya despertaron interés: Aerolíneas Argentinas anunció nuevas rutas hacia Punta del Este desde San Pablo, Porto Alegre y Córdoba.
El embajador Diego Cánepa recordó que siete de cada diez turistas que llegan a Uruguay son argentinos, y señaló que aún hay mucho margen para crecer. La iniciativa comenzará a difundirse en octubre en redes y medios digitales de la región, con beneficios como IVA cero en hoteles y devolución de impuestos en gastronomía y alquileres turísticos.
En el mercado local, el dólar ayer se mantuvo prácticamente estable. El interbancario fondo se operó en promedio a $39,845.
En el mes de setiembre el dólar bajó 0,38%.
En lo que va del año 2025, el dólar lleva una baja acumulada de 9,58% (comparando la cotización de ayer en relación a la última de 2024)
En pizarra del Banco República, el billete cerró ayer en $38,65 para la compra y $41,05 para la venta.
En Brasil, la divisa estadounidense tuvo bajó ayer y se ubicó en R$ 5,319. En el mes de setiembre, bajó 1,99%.
En tanto, en Argentina, el dólar oficial subió ayer y se situó en AR$ 1.380,00. En el mes de setiembre, aumentó 2,83%. Mientras tanto, el dólar paralelo (o Blue) también subió y cotizó en AR$ 1.445,00. En el mes, aumentó 9,47%.
El Euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a US$ 1,1737.
OTRAS NOTICIAS
La jueza concursal María Constanza Farfalla postergó para el 6 de noviembre la junta de acreedores del fondo República Ganadera que debía realizarse este martes, en el marco del concurso que intenta evitar la liquidación. La prórroga se resolvió luego de que el abogado de la firma, el exjuez Gerardo Azarola, presentara nuevas adhesiones al convenio de reorganización.
República Ganadera y un grupo de damnificados del fondo propusieron un acuerdo privado para que la empresa siga produciendo, en manos de los inversores, y con apoyo de una línea de créditos del Banco República (BROU). Señalan que en 9 o 10 años recuperarían el dinero.
Según informó El Observador, Azarola indicó que ya se superó el 45% de los créditos a favor de la propuesta, lo que acerca al umbral legal de más del 50% del pasivo requerido para aprobar el acuerdo. Según dijo, varios acreedores que antes no conocían los detalles ahora manifestaron su apoyo.
De todos modos, la síndica Zamira Ayul advirtió que el plan es “inviable como sistema productivo” y que plantea metas imposibles para saldar una deuda de 95 millones de dólares.
La jueza deberá resolver si homologa o no el convenio en caso de alcanzarse las mayorías legales.
Un hombre de 45 años fue asesinado el martes en el barrio Peñarol, en Montevideo.
La víctima estaba sentada en la vereda cuando dos hombres en moto lo atacaron a balazos. Los homicidas están prófugos.
Otro hombre, de 46 años, fue asesinado ayer en Barra de Valizas, departamento de Rocha.
La víctima fue hallada con heridas de arma blanca en plena vía pública. Según Telenoche, dos personas fueron detenidas en relación con el hecho.
INTERNACIONALES
El presidente estadounidense, Donald Trump, dio al movimiento palestino Hamás un ultimátum de «tres o cuatro días» para responder a su plan de paz en Gaza, que recibió el visto bueno de Israel.
El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, la liberación de más de mil palestinos presos en cárceles israelíes, el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza.
Asimismo, según el textoo, el propio Trump dirigirá una autoridad de transición que gobernará la franja de Gaza, en la que estará acompañado entre otros por el ex primer ministro británico Tony Blair.
Países árabes y musulmanes, incluyendo los mediadores Egipto y Catar, aplaudieron los «esfuerzos sinceros» por alcanzar la paz tras casi dos años de una devastadora guerra.
Pero Hamás aún debe dar su respuesta y el presidente Trump se refirió a los plazos que maneja a esos efectos.
“Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días para que respondan. Veremos cómo va. Todos los países árabes están de acuerdo. Todos los países musulmanes están de acuerdo. Israel está de acuerdo. Solo estamos esperando a Hamás. Y Hamás o lo hace o no lo hace, y si no lo hace el final será muy triste”.
El papa León XIV afirmó que espera que Hamás acepte dentro de los plazos establecidos el plan de paz de Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.
«Espero que Hamás lo acepte en los plazos establecidos. Hay elementos muy interesantes» en el plan estadounidense, dijo el papa, citado por las agencias, a periodistas italianos al salir de su residencia de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma.
«Es importante que haya un alto el fuego y la liberación de los rehenes», añadió.
NOTICIAS DENTRO DE ESTADOS UNIDOS
El presidente estadounidense, Donald Trump, habló ayer durante una reunión de todos los generales de las fuerzas armadas convocada por el Pentágono, donde justificó su despliegue de tropas en ciudades del país debido a que, dijo, en el país existe una «invasión interior» de extranjeros.
«Solo en las últimas décadas los políticos llegaron a creer que nuestra labor consiste en vigilar los confines de Kenia y Somalia, mientras Estados Unidos sufre una invasión interna. Estamos sufriendo una invasión interna. No es diferente a un enemigo extranjero, pero es más difícil en muchos sentidos porque no llevan uniforme. Al menos cuando llevan uniforme, se les puede eliminar. Estas personas no tienen uniforme. Pero estamos siendo invadidos desde dentro. Lo estamos deteniendo muy rápidamente», dijo Trump al referirse a migrantes procedentes de todo el mundo, incluidos los de América Latina.
Los altos mandos escucharon en silencio mientras el presidente hablaba sobre esos «enemigos», dando a entender que continuará con su política de utilizar al ejército para hacer cumplir la ley.
Trump advirtió sobre»una guerra desde dentro» en referencia a su percepción de los índices de criminalidad en ciudades como San Francisco, Chicago, Nueva York y Los Ángeles.
Culpó a lo que él denominó como «demócratas radicales de izquierda» por convertir a estas ciudades en «lugares muy inseguros».
Sus comentarios se produjeron luego del anuncio durante el fin de semana de que se desplegarían tropas en Portland, Oregón, aunque el gobierno del estado ha presentado un recurso legal para intentar impedir que el despliegue se lleve a cabo.
Trump insistió en su idea de que migrantes procedentes de «instituciones mentales» y pandillas de Venezuela y «de toda Sudamérica» llegaron masivamente al país.
Por ello aseguró que además de cerrar la frontera y limitar la migración, desplegó a la Guardia Nacional y fuerzas militares en ciudades como Washington DC para «limpiarlas» de la criminalidad.
«Eso también es una guerra. Es una guerra desde dentro», señaló, además de prometer más despliegues en otras metrópolis con altos índices delictivos.
Pete Hegseth, el secretario de Guerra, según la nueva terminología que usa el gobierno de Trump, convocó esta reunión para explicar las nuevas directrices militar de Estados Unidos.
Las fuerzas militares estadounidenses deberán volver a centrarse en los “valores de antaño”, dijo Hegseth, en contraste con los años de campañas para diversificar el reclutamiento o cursos para sensibilizar a los oficiales con temas como el cambio climático.
Durante la presidencia del demócrata Joe Biden el Pentágono llegó a nombrar a un almirante transexual, Rachel Levine, al frente del principal organismo sanitario de las fuerzas armadas.
El Pentágono da por terminada esa etapa de “basura ideológica”, aseveró Hegseth. “Se acabó esta mierda”, dijo textualmente. El objetivo es acabar con “décadas de decadencia”, lanzó.
La lista desplegada por su ministro Hegseth fue minuciosa: más entrenamiento físico, fuera barbas, pelo largo, “generales gordos”, menos reuniones administrativas, fin de las quejas anónimas.
Ese nueva “mentalidad guerrera”, en palabras de Hegseth, implica que las fuerzas armadas volverán a utilizar estándares de reclutamiento y entrenamiento basados en la capacidad masculina en términos de resistencia física.
“Quiero ser muy claro: no se trata de impedir a las mujeres servir” en las fuerzas armadas, insistió. “Nuestras oficiales femeninas son las mejores del mundo, pero cuando se trate de un trabajo que requiera poder físico para entrar en combate, esos estándares deben ser neutrales, y altos”, explicó. “Si las mujeres pueden lograrlo, excelente”, añadió.
Estados Unidos enfrentará un cierre administrativo del gobierno federal tras el fracaso de una última votación en el Senado para evitar la parálisis presupuestaria, con lo que cientos de miles de funcionarios públicos se quedarán sin salario.
Pese a las frenéticas negociaciones en el Congreso, no hubo acuerdo entre demócratas y republicanos para financiar al gobierno en el último día del año fiscal.
Los republicanos del Senado intentaron aprobar un parche de financiación temporal aprobado por la Cámara de Representantes, pero no pudieron obtener los votos demócratas necesarios para enviarlo al escritorio del presidente Donald Trump.
Se ingresará así a un cierre administrativo del gobierno, conocido como «shutdown», que provocará la paralización de la mayoría de los servicios federales.
Cientos de miles de empleados públicos quedarán temporalmente sin sueldo y se interrumpirá el pago de muchas prestaciones sociales.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), 750.000 funcionarios federales podrían encontrarse esta vez en situación de desempleo parcial, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares.
El último cierre, ocurrido de diciembre de 2018 hasta finales de enero de 2019, durante el primer mandato de Trump, duró 35 días.
Trump se refirió ayer a un posible cierre administrativo.
«Ellos van a cerrarlo, no nosotros. No queremos cerrar porque estamos viviendo el mejor periodo que se conoce», dijo.
«Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos (…) como despedir a una gran cantidad de personas, o cortar cosas que a ellos les gustan», afirmó Trump, en alusión a los demócratas.
El presidente Donald Trump dijo que su administración está cerca de alcanzar un acuerdo presupuestario con Harvard, número uno en su cruzada contra las universidades, por el que el centro educativo pagaría 500 millones de dólares.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump acusó a Harvard de servir como semillero de la ideología ‘woke’, un término despectivo usado por conservadores para calificar de manera peyorativa ideas progresistas a favor de las mujeres y las minorías.
«Estamos acercándonos» a un acuerdo, dijo Trump en la Casa Blanca. «Ellos pagarían alrededor de 500 millones de dólares», agregó.
El gobierno retiró a Harvard algo más de 2.600 millones de dólares en subsidios.
A principios de septiembre, una jueza de Boston ordenó la suspensión del bloqueo de los fondos, al considerar que se trataba de «una violación de la primera enmienda de la Constitución», que defiende la libertad de expresión.
En represalia, el gobierno retiró a Harvard algo más de 2.600 millones de dólares en subsidios.
A principios de septiembre, una jueza de Boston ordenó la suspensión del bloqueo de los fondos, al considerar que se trataba de «una violación de la primera enmienda de la Constitución», que defiende la libertad de expresión.
Donald Trump dijo que sería un «insulto» que Estados Unidos no fuera galardonado con el premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.
El presidente estadounidense, que durante mucho tiempo ha buscado ganar el premio que será anunciado el 10 de octubre, hizo campaña para su caso un día después de anunciar un plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza.
«¿Recibirás el Premio Nobel?», se preguntó Trump, y luego se contestó a sí mismo: «Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada».
No recibir el galardón «sería un gran insulto para nuestro país», añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses. «No lo quiero para mí, lo quiero para el país», agregó.
Trump insistió el martes en que ha resuelto siete guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero.
Añadió que si Hamás acepta su plan para poner fin a la guerra en la guerra de Gaza, serán ocho los conflictos finalizados gracias a su intermediación.
OTROS TEMAS EN EL MUNDO
En el Reino Unido, el primer ministro, Keir Starmer, con bajos niveles de popularidad, habló ayer en el congreso anual del Partido Laborista, donde llamó a rechazar a una extrema derecha en ascenso y defendió la diversidad característica de su país.
Starmer solo lleva 15 meses en el poder, pero está en sus niveles más bajos en las encuestas y su política es cuestionada incluso dentro de su propio partido, mientras que la formación de extrema derecha Reform UK encabeza las intenciones de voto.
En un discurso considerado por muchos crucial para su futuro en Downing Street, Starmer afirmó que Reino Unido está «en una encrucijada», llamando a los británicos a elegir la «decencia» y la «renovación» con los laboristas, en lugar de la «división» y el «resentimiento» con Reform UK y su líder, Nigel Farage.
«Si ustedes dicen o dejan entrever que una persona no puede ser inglesa o británica por el color de su piel, que las familias multiculturales deben justificarse, que la gente que ha vivido aquí durante generaciones debe ahora ser expulsada, entonces, escúchenme bien, los combatiremos con todas nuestras fuerzas”, advirtió.
Starmer respondía de este modo a una reciente propuesta de Reform UK, que quiere, si llega al poder, eliminar el permiso de residencia permanente.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió de la situación «crítica» de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, que lleva siete días seguidos desconectada de la red eléctrica.
«La situación es crítica. Debido a los ataques rusos, la planta ha quedado desconectada de su suministro eléctrico y de la red. Está siendo alimentada con electricidad procedente de generadores diésel», dijo Zelenski en su discurso diario.
La central nuclear de Zaporiyia, situada en el sur de Ucrania, es la más grande de Europa y está en manos de Rusia desde poco después del inicio de la invasión, en febrero de 2022.
«Son los rusos quienes obstaculizan la reparación de las líneas eléctricas de la planta y la restauración de la seguridad básica con sus bombardeos. Y esto es una amenaza para absolutamente todos», añadió.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que transforma la Misión Multinacional de Seguridad en Haití en una fuerza mayor para combatir las pandillas, con el objetivo de frenar la violencia en el empobrecido país.
La resolución presentada por Estados Unidos y Panamá, que contó con 12 votos a favor y tres abstenciones, prevé convertir la Misión en una «nueva fuerza de represión de las bandas» criminales que tendrá un máximo de 5.500 uniformados.
La MMAS, liderada por Kenia, fue creada en 2023 para reforzar las operaciones de la policía contra las pandillas, que controlan casi la totalidad de la capital del país, Puerto Príncipe, y a principios de 2024 obligaron a dimitir al entonces primer ministro, Ariel Henry.
Con poco financiamiento, poco equipamiento y apenas un millar de uniformados de los 2.500 que se esperaban, la MMAS ha tenido escasos resultados en Haití.
Un tribunal de El Salvador condenó a 28 años de prisión a dos exministros izquierdistas por negociar votos con pandillas en las elecciones de 2014, de acuerdo con la sentencia judicial.
Los exministros Benito Lara (Justicia) y Arístides Valencia (Gobernación) fueron condenados a 20 años de prisión por fraude electoral más otros ocho años por integrar agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía acusó a los excolaboradores del presidente Salvador Sánchez Cerén de haber pagado a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha para obligar a residentes de sus zonas de influencia a votar por el izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN, exguerrilla) en las elecciones presidenciales de 2014.
Otros tres acusados, entre ellos un exalcalde de San Salvador, fueron condenados a 18 años de prisión por pagar a las pandillas para que obligaran a los votantes a que apoyaran a un partido de derecha en los comicios presidenciales de 2014 y los legislativos y municipales de 2015.
El presidente venezolano Nicolás Maduro recibió un doctorado honoris causa en «materia de seguridad» otorgado por una universidad militar, en momentos de tensión con Estados Unidos por los buques de guerra desplegados en el Caribe.
«Tengo mi toga y mi boina de combate», dijo Maduro desde una tarima acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y miembros del alto mando militar, en un acto transmitido en cadena nacional.
El mandatario defendió que las operaciones militares ordenadas las últimas semanas son «para ejercitar el músculo nacional» y garantizar la soberanía.
«Es un honor inmenso recibir de manos militares un título honorable», afirmó Maduro al asegurar que su gobierno ha resistido una «guerra multiforme» desde Estados Unidos con «sabiduría».
Maduro cuestionó las acusaciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que vincula a militares venezolanos con supuestos cárteles de drogas al tirarlo de inmoral.
“Con su indecencia y su inmoralidad, ha dicho que los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga”.
En Brasil el desempleo se mantuvo en su nivel más bajo en 13 años en el trimestre junio–agosto, que abarca un mes de vigencia de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.
La tasa de desocupación para el periodo fue de 5,6%, la más baja desde 2012, cuando el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística adoptó su método de cálculo actual.
El dato es el primero que tiene en cuenta los aranceles impuestos por Trump a varios productos brasileños, que entraron en efecto el 6 de agosto.
«Más de un millón de brasileños abandonaron la condición de desocupación en un año. Brasil avanza con más empleos y más dignidad para su gente», celebró la ministra de Planeamiento y Presupuesto, Simone Tebet, en sus redes.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha enfrentado a Trump por esta medida, y ha defendido la «soberanía» brasileña.
La crisis diplomática, sin embargo, se enfrió la semana pasada, cuando ambos mandatarios tuvieron una breve charla durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y pactaron un encuentro.
En Brasil, el Senado aprobó la segunda parte del reglamento de la reforma tributaria elaborada por el gobierno que encabeza el presidente Luis Inácio Lula Da Silva.
El proyecto de ley complementario detalla las normas para el funcionamiento de los nuevos impuestos sobre bienes y servicios.
La iniciativa fue aprobada con 51 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Ahora debe regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.
CNN informó que la propuesta recibió más de 200 enmiendas durante su tratamiento en el Senado, de las cuales se aceptaron alrededor de 50.
En Argentina lo que llaman el “efecto Scott Bessent”, en alusión al apoyo anunciado por el secretario del Tesoro estadounidense, se está devaluando a una velocidad mucho mayor que la esperada.
Hace apenas dos semanas que el gobierno de Estados Unidos dio su pleno respaldo a Javier Milei y dijo que, si era necesario, compraría bonos de deuda argentino para impedir el desplome de los precios y que, además, también le prestaría dinero a Argentina si tuviera dificultades para pagar un vencimiento de deuda.
Sin embargo, el efecto de alivio duró muy pocos días y ayer el mercado financiero volvió a vivir otra jornada caótica, en la que los bonos se volvieron a desplomar y el índice de riesgo país, que había bajado a 800 puntos, otra vez ronda los 1.200 puntos.
Los analistas del mercado atribuyen el cambio de humor al hecho de que el ministro de Economía, Luis Caputo, en vez de aprovechar el ingreso extraordinario de 7.000 millones de dólares de la exportación agrícola para reforzar las reservas, compró apenas un 40% de ese monto.
Esto lo está usando para pulsear con los inversores, tratando de topear la cotización.
Es así que ayer el dólar había subido a 1.430 pesos, y apareció una orden de venta grande en 1.380 pesos.
Fue algo que cayó mal entre los inversores, porque ese dinero ahora debe restarse de las reservas. Y todavía faltan cuatro largas semanas para las elecciones legislativas del domingo 26.
Esto llevó a que se generara en el mercado una casi certeza de que a Caputo se le terminarán los dólares en cuestión de semanas, y que no llegará a enero, como se preveía al comienzo, cuando el calendario marca vencimientos por más de 4 mil millones de dólares.
Ya había malestar entre los operadores por una regulación del viernes pasado, que impide una operación de venta de dólares en el paralelo para aquellos que antes compraron en el oficial. Los críticos lo consideran un paulatino regreso al cepo cambiario.
Y esas sospechas se intensificaron cuando ayer, en el medio de la jornada, las llamadas “Fintech”, que ofrecen servicios financieros digitales, suspendieron la venta de dólares por orden del Banco Central. A partir de ese momento circularon rumores sobre más prohibiciones de compra de divisas, y el gobierno tuvo que salir a aclarar que los bancos seguirán vendiendo normalmente.
Lo cierto es que, apenas dos semanas después del anuncio de la ayuda de Estados Unidos, y cuando todavía no se terminaron de liquidar los 7 mil millones de dólares del agro, el gobierno se encuentra otra vez ante una situación de zozobra financiera.
Y lo más sugestivo es que, antes de la apertura del mercado, Javier Milei había adelantado que Donald Trump lo recibirá dentro de dos semanas en una reunión bilateral en Washington. Es un nuevo gesto de respaldo, sobre el que se llegó a especular que podría resultar en un acuerdo de libre comercio.
Pero ni siquiera ese anuncio alcanzó para aplacar el nerviosismo pre electoral, por lo que toda la atención de los próximos días está centrada en el posible anuncio de medidas económicas, sobre todo en el plano cambiario.
(Fernando Gutiérrez, corresponsal en Argentina)