“Proteger al sector siderúrgico de la UE de las consecuencias injustas del exceso de capacidad mundial”. Este es el argumento que ha utilizado la Comisión Europea para proponer un incremento hasta el 50% de aranceles sobre el acero, frente al 25% de salvaguardia que había hasta el momento. Bruselas asegura que se trata de “un paso fundamental para garantizar la viabilidad a largo plazo de una industria estratégica”. Si sale adelante la medida sustituirá la salvaguardia actual de la UE para el acero que expira en junio de 2026.
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La propuesta de la Comisión reduce los volúmenes de importación libres de aranceles a 18,3 millones de toneladas anuales, lo que supone una rebaja del 47% en comparación con los contingentes de acero de 2024. Además, se realizarán más una trazabilidad de los mercados del acero más profunda mediante la introducción de un requisito de fundición y vertido para evitar la elusión. La Comisión asegura que “los propios productores de acero de la UE solicitaron un sistema de contingentes arancelarios”.
El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ya anunció en septiembre que estaban negociando un acuerdo comercial conjunto con Estados Unidos para “aumentar las medidas de protección comercial del acero” ante la sobreproducción de China. “Hemos perdido 60 millones de toneladas de nuestra capacidad de producción desde 2008. Somos la única región del mundo en la que la producción está disminuyendo”, argumentó entonces el comisario de Comercio.
El objetivo de esta medida es frenar a China y la India, primer y segundo productores de acero del mundo. De hecho, la Comisión Europea admite que “comparte muchas de las preocupaciones de EEUU sobre este sector” y mantiene su compromiso de “colaborar con la administración estadounidense para mejorar el acceso de nuestra industria al mercado estadounidense”.
Según datos aportados por la Comisión europea, “la UE es el tercer mayor productor de acero del mundo. Emplea directamente a unas 300.000 personas y genera unos 2,5 millones de empleos indirectos, con plantas de producción de acero en más de 20 Estados miembros de la UE”.
La patronal europea del acero, Eurofer, ya avisó el mes pasado que con los aranceles del 50% en EEUU temían “el desvío de importaciones baratas de acero hacia la UE”, con el consecuente cierre de fábricas y despidos mientras los competidores directos de EEUU, Asia y Oriente Medio se veían beneficiados.
Bruselas subraya la importancia socioeconómica y política de la industria siderúrgica europea. La Comisión insiste en que esta industria “se enfrenta actualmente a una presión considerable debido a los insostenibles niveles de sobrecapacidad global, que supera en más de cinco veces el consumo anual de acero de la UE (actualmente 620 millones de toneladas y se prevé que aumente a 721 millones de toneladas para 2027)”.
“El aumento de las medidas restrictivas al comercio en terceros países, los elevados costes energéticos y de fabricación en la UE, y la disminución de la demanda interna son desafíos que debilitan la competitividad de la industria de la UE en un mercado global, socavando su capacidad para invertir, especialmente en la descarbonización, y amenazando su viabilidad a largo plazo”, explica un portavoz de la Comisión.
UNESID, la patronal española de empresas siderúrgicas, mandó un comunicado en el que “valora muy positivamente la propuesta presentada por la Comisión Europea para reforzar la defensa comercial del acero europeo frente al exceso de importaciones procedentes de terceros países”. La asociación considera que se trata de “un paso decisivo para garantizar la competitividad, la sostenibilidad y el empleo en la industria siderúrgica española y europea, y urge a su rápida adopción para que entre en vigor a comienzos de 2026”.
Las empresas siderurgicas españolas piden que la medida alcance también a los productos transformados, “expuestos a la competencia desleal y a los aranceles del 50% en Estados Unidos”.
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La propuesta de la Comisión se someterá ahora al procedimiento legislativo ordinario con el necesario acuerdo del reglamento final con el Parlamento Europeo y el Consejo. Solo es necesaria mayoría cualificada de los países para su adopción. La medida sustituirá la salvaguardia de la UE para el acero, que expira en junio de 2026.