El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado el sobreseimiento libre de una causa abierta por falsedad documental contra el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, al entender que los hechos están prescritos y, por tanto, la posible … responsabilidad penal ha quedado extinguida.
El procedimiento se abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias tras publicarse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que señalaba que uno de los títulos que obraban en el expediente de Ángel como funcionario en la Diputación de Valencia era «presumiblemente falso». La polémica propició la dimisión de Ángel a finales de julio.
En un auto notificado este miércoles a las partes y que puede ser recurrido, el magistrado razona que el delito de falsedad documental se consuma de forma instantánea, aunque produzca efectos permanentes a lo largo del tiempo, tal y como recoge diversa jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia, así como del Tribunal Supremo.
En este caso, Manos Limpias se refiere a la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía, por lo que estaría prescrito de conformidad con lo que dispone el artículo 131 del Código Penal. «Ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de 10 o de 5 años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos», indica el instructor. En ese sentido, recalca, «los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años».
Un escándalo que acabó en dimisión
José María Ángel dimitió el 31 de julio como comisionado del Gobierno central para la dana y como presidente del PSPV-PSOE después de que la Agencia Valenciana Antifraude trasladara sus sospechas sobre el título en cuestión a la Fiscalía Anticorrupción.
El político socialista de 68 años -alcalde de l’Eliana durante casi dos décadas- recalcó que no hubo irregularidades en su acceso a la función pública en 1983 y su promoción en 1986. Defendió que en ese momento no era necesario tener una título superior para este último puesto, como sí se exige ahora, sino superar un examen y presentar una memoria.
Sin embargo, no aclaró por qué Antifraude encontró un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia firmado en 1983, cuando según confirmó la institución académica esos estudios no se ofertaron hasta 1990.
En un comunicado, anunció que se jubilaba para defender «la verdad, mi honestidad y mi honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica». «El daño que a nivel personal representa este ataque injustificado es enorme», incidió. Días después, fue hospitalizado tras un intento de suicidio.