La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), acusación particular en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos, ha formulado una queja ante la Inspección Fiscal por la forma en la que … se ha designaco al fiscal que representará al Ministerio Público en el juicio de García Ortiz, un procedimiento, dice, que «ni cumple las normas estatutarias ni con el principio de transparencia en la actuación de la Fiscalía».
Denuncian así que la APIF ha tenido conocimiento de que se prevé la intervención del fiscal superior de Extremadura para representar al Ministerio Público, al margen de lo dispuesto en el artículo 26 de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prevé que sea el fiscal general del Estado la autoridad que puede designar a cualquier miembro del Ministerio Fiscal para que «actúe en un asunto determinado ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales en que el Ministerio Fiscal está legitimado para intervenir, oído el Consejo Fiscal».
«No consta que el nombramiento para intervenir en el procedimiento ante el Tribunal Supremo lo haya hecho el fiscal general del Estado y nos preguntamos cual ha sido la intervención del Consejo Fiscal» en este asunto, señala la APIF en un escrito al que ha tenido acceso ABC. «De la lectura del Estatuto se desprende que solo el fiscal general del Estado puede designar a un fiscal para intervenir ante un Tribunal ante el que su nombramiento publicado en el Boletín Oficial del Estado no le habilita a intervenir. Desconocemos la razón por la que la intervención ante el Tribunal Supremo no se hace en favor de un Fiscal destinado en la Sección Penal de dicho Tribunal», apunta la asociación.
De igual forma, añade, «desconocemos porque el requerimiento del magistrado instructor del Tribunal Supremo para que la Inspección Fiscal informara al Alto Tribunal de las actuaciones que efectuara sobre la posible suspensión del fiscal general del Estado ha sido despachado por el teniente de la Inspección y no como parece lógico por la jefa de ese servicio.
«La APIF solicita que se tramite la queja interpuesta por la forma de proceder en las designaciones mencionadas y se resuelva en derecho por la Inspección».
Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior de Extremadura, es quien llevó las riendas al inicio de la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras la querella presentada por Alberto González Amador contra la Fiscalía. Ahora acompañará en la vista a la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde.