El gobierno de la Junta de Extremadura va a cumplir con lo que venía avanzando semanas atrás: rebajará la fiscalidad autonómica sobre Almaraz con el objetivo de que la central nuclear, que sostiene 4.000 empleos en la región, amplíe su vida útil. Así … lo ha anunciado la presidenta extremeña, María Guardiola, que confirma que su gobierno aplicará una reducción gradual del impuesto conocido como «ecotasa», que ya fue eliminado en otras regiones, como la Comunidad Valenciana.
El anuncio se ha producido en el marco de un foro organizado por el medio Okdiario, en el que la líder popular ha subrayado, una vez más, que el interés de su gobierno es asegurar el mantenimiento de la central nuclear, clave en el tejido económico, social y energético de la comunidad autónoma.
La estrategia de la Junta de Extremadura, en este sentido, es reducir de manera progresiva ese gravamen durante los próximos cinco ejercicios. Tendrá un impacto de 15,5 millones de euros en 2027 y en 2029 ya alcanzaría los 45 millones de euros. Guardiola entiende que se trata de un alivio fiscal importante para una industria que «ha sido víctima de una política energética injusta y discriminatoria».
No obstante, la presidenta extremeña ha recalcado que «no basta» con ese paso al frente del ejecutivo autonómico para garantizar el futuro de Almaraz. Es necesario, dice, que el Gobierno abandone el «sectarismo» y adopte medidas que reduzcan la que, a su juicio, es una «insoportable carga fiscal»: «Si nosotros damos el paso, Moncloa no puede seguir mirando hacia otro lado», decía.
Privilegios para otras comunidades autónomas
Guardiola ha insistido también en otro de los argumentos que lleva repitiendo, de un tiempo a esta parte, la Junta de Extremadura, que entiende que existe un trato desigual del Gobierno respecto a las distintas comunidades autónomas. Se ha referido a la supuesta «excepción nuclear catalana», sobre la que ya informó ABC el pasado mes de julio.
La presidenta cree que el «sanchismo» se entiende en base a «excepciones y privilegios» para determinadas regiones, mientras que otras, como Extremadura, siguen «pagando las consecuencias» de una política centralizada: «Almaraz tiene que cerrar, pero pretenden que los reactores de Cataluña puedan seguir operando más allá de 2031, no porque sean más modernos o más seguros, sino para que Sánchez se mantenga en el poder».
«Extremadura no puede resignarse a ser una víctima más de la planificación energética del Gobierno, defendemos el derecho a decidir nuestro futuro», lamentaba la presidenta, que aprovechaba para remarcar la necesidad de proteger la nuclear en general, no solo Almaraz, al ser una fuente de energía estable y esencial para la transición energética y el empleo rural.