En cada época histórica la educación experimenta nuevos avances, conflictos y desafíos. En la actual, marcada por las tecnologías digitales, el desarrollo de la inteligencia artificial y los flujos constantes de información, cabe preguntarse cuáles son y qué complejidades presentan, y muchos autores están dando respuestas desde enfoques diversos.
Título: Sociedad, familia y educación
Autoras: Ana Eva Rodríguez-Bravo y Macarena Donoso González
Editorial: UNED
Año de edición: 2025
Disponible en Editorial UNED
Que la educación tiene grandes retos por delante y que constituye un elemento decisivo para plantear un mundo más habitable, con sociedades más democráticas y sostenibles y ciudadanos más competentes, son las ideas que están en la base del libro que Ana Eva Rodríguez-Bravo y Macarena Donoso González acaban de publicar en la UNED, Sociedad, familia y educación, destinado principalmente a los alumnos de su Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
La obra dedica su primer capítulo a situar la misión social de la educación en el marco actual de un mundo “en crisis sistémica”.
Revisa los retos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las propuestas de la Declaración de Incheon (2016), los textos de la Unesco Los futuros de la educación (2021) y Reimaginar juntos nuestros futuros. Un nuevo contrato social para la educación (2022) y la Declaración de Fortaleza (2024), que defienden una educación humanista cuyo potencial regenerativo debe servir para reorientar el mundo en términos de justicia y sostenibilidad.
Una educación concebida como un bien público común que requiere de un nuevo contrato social dirigido a la reformulación de su finalidad, contenido y métodos.
Derecho a la educación
El segundo apartado se propone clarificar qué es el derecho a la educación y cómo se concreta en el marco legislativo español. Las autoras subrayan que la finalidad última de la práctica educativa es “posibilitar la autorrealización de la persona, favoreciendo el desarrollo integral de todas sus potencialidades y su función social”.
En España, ocho leyes orgánicas han concretado el derecho a la educación (recogido en el artículo 27 de la Constitución) desde 1980, todas ellas apoyadas en una serie de principios sobre los que hay un amplio consenso: obligatoriedad, gratuidad, universalidad, derecho integral de la persona y libertad de educación.
El tercer bloque se centra en los vínculos entre la familia y la escuela (en un momento histórico en que las relaciones paternofiliales “se han vuelto más expresivas y menos instrumentales”), sobre todo en la participación de los padres en la educación: su colaboración en la gobernanza del sistema educativo y de los centros financiados con fondos públicos y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes.
Las autoras recuerdan que en España las familias ejercen su derecho natural en la educación de sus hijos a través de los derechos individuales y colectivos reconocidos en la Carta Magna, que “contribuyen a articular y desarrollar la relación escuela-familia”: derecho a elegir centro educativo, a recurrir las decisiones adoptadas por la autoridad escolar y a participar de forma colectiva en las estructuras formales del sistema educativo. Esta participación, destacan, es “un derecho colectivo que ha posibilitado la democratización del funcionamiento de las escuelas”.
Familia y escuela
La implicación de las familias en la escuela, que ha estimulado la aparición de distintas propuestas teóricas e instrumentos de medición, es “un indicador de calidad educativa”, pero muchos especialistas coinciden al señalar la existencia de “una brecha importante entre el modelo de participación diseñado por las leyes y el funcionamiento participativo de las familias en la realidad”.
Para superar esto es necesario trabajar en la reducción/destrucción de las barreras que obstaculizan la relación familia-escuela, conocer las variables que según la investigación educativa tienen incidencia sobre ella y promover la competencia parental desde los centros educativos.
La siguiente sección pone el foco en la comunidad escolar como espacio para la construcción de ciudadanía. Los ámbitos pedagógico-curricular, administrativo y socio-comunitario son los escenarios en los que trabajar la convivencia y la participación desde una perspectiva de conjunto.
Un aspecto que admite mejoras es la aplicación concreta en los centros del Plan Estratégico de Convivencia Escolar, que se realiza a través de planes que en muchos casos están desactualizados y apenas incorporan medidas relativas a la mejora de la convivencia que involucren a toda la comunidad educativa: su desarrollo “no tiene en cuenta su carácter estratégico, integral, flexible y dinámico”.
Colaboración y convivencia
Las autoras proponen medidas integradoras para la consolidación de un positivo ambiente de convivencia: elaboración de normas consensuadas, fomento del aprendizaje socioemocional, desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio, formación continua del profesorado y promoción del trabajo colaborativo.
La obra concluye con un análisis de la función social y educativa del profesorado de secundaria, que debe “trascender la mera transmisión de conocimientos disciplinares para convertirse en un agente clave en la formación integral del alumnado”, fomentando su pensamiento crítico y autonomía.
Para ello, los profesores deben estar familiarizados con las filosofías educativas y los paradigmas psicopedagógicos. Y tener claro que la comunicación es un componente fundamental de su identidad profesional.
La función docente debe proyectarse más allá del aula e “integrar dimensiones cognitivas, emocionales y éticas”, para formar, además de individuos con conocimientos, “ciudadanos capaces de reflexionar, innovar y contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa y sostenible”.