El Gobierno aprovechó ayer que el Consejo de Ministros aprobaba la propuesta para blindar el derecho al aborto en la Constitución para ‘colar’ la convocatoria del concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de TDT. Un proyecto para el que el Ejecutivo quería contar desde hace meses con el Grupo Prisa … como potencial adjudicatario pero que la compañía de medios, encabezada por Joseph Oughourlian, rechazó. Aquello desató un terremoto tanto en La Moncloa como dentro de la propia Prisa entre los accionistas fieles al presidente del grupo y los próximos a Pedro Sánchez, a los que ahora les vuelve a dar la oportunidad para hacerse con el nuevo canal.
De hecho, según ha podido saber ABC de fuentes próximas a los interesados en la nueva licencia, el Grupo Alconaba –liderado por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras–, con el 7% de Prisa y afín al presidente Sánchez, tiene previsto presentarse al concurso con el objetivo de unirlo después a Movistar Plus+ –Telefónica–, uniendo las posibilidades de la TV en abierto y las de acceso condicional (codificado).
Y es que tras el rechazo de Prisa a entrar en el proyecto, todas las miradas apuntaron entonces a Telefónica, más aún después de que la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, se hiciera con un 10% del accionariado de la operadora.
El presidente de Telefónica, Marc Murtra, aupado al cargo por el Gobierno socialista en enero de este año, fue preguntado hace meses sobre la posibilidad de acudir a esta convocatoria para sacar una nueva televisión pero este descartó su participación en ese momento. «No es una opción sobre la mesa pero vamos a hacer una revisión estratégica de todos nuestros negocios para ver cómo adaptamos la estrategia al nuevo entorno y haremos lo que decida el consejo», dijo en febrero pasado.
El plazo de presentación de ofertas estará abierto del 20 de octubre al 20 de noviembre de 2025. La licencia será para la prestación del servicio de TDT «en régimen de emisión en abierto y cuyo ámbito geográfico se extenderá a todo el territorio nacional».
En el sector se esperaba que esta convocatoria saliera a concurso antes del verano pero finalmente el Gobierno retrasó su publicación.
«Con esta convocatoria se persiguen dos objetivos principales. Por un lado, aumentar la representatividad de los intereses y corrientes de opinión de la sociedad, haciendo posible una oferta audiovisual con mayor número de contenidos y más diferenciada; y, por otro lado, fomentar la innovación tecnológica y ofrecer servicios de TDT de mayor calidad», indicó ayer el Ministerio de Transformación Digital, capitaneado por Óscar López. La duración de la licencia será de 15 años y será susceptible de renovación por el mismo plazo.
Las fuentes consultadas por este periódico explican que para el Gobierno «es un proyecto no tanto pensado para gestionar el apoyo presente como el aliento futuro. Si el PSOE pasa a la oposición necesitará una cadena de TV con su mismo ADN para cruzar la travesía por el desierto y, además, compensar económicamente al grupo de incondicionales que han seguido al sanchismo a pies juntillas«. Y continúan. »En el recuerdo está lo sucedido con ‘Cuatro’ y ‘La Sexta’ y cómo unas nuevas licencias de soporte al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero acabaron como el ‘plan de pensiones’ de Contreras y Roures tras acabarlas vendiendo a Mediaset y Atresmedia, respectivamente«.
Enfrentados en los juzgados
Recordar que el Grupo Alconaba y el presidente de Prisa mantienen litigios pasados por sus diferencias sobre las decisiones tomadas por el consejo de administración justo cuando Oughourlian anunció que la compañía no estaba interesada en una licencia de TDT. Lo último, el pasado mes de mayo cuando el juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid desestimaba aplicar medidas cautelares contra el acuerdo de refinanciación de Prisa, como reclamaba Global Alconaba.
Esta sociedad, representada en el consejo de Prisa por Varela, solicitó al juez cautelares al considerar perjudiciales para el grupo las cláusulas que condicionan la refinanciación de hasta 850 millones de euros de deuda de Prisa a la continuidad como presidente de Joseph Oughourlian.
En el auto que desestima la demanda, la jueza aclaró que «las cláusulas cuya suspensión se pretende no blindan al presidente, pudiendo ser cesado tanto por los accionistas como por los consejeros», y considera no sólo más que injustificada la petición de cautelares, sino que entiende, además, que «el peligro de mora procesal opera en sentido inverso al invocado en la solicitud, pues la suspensión del acuerdo de refinanciación comportaría un riesgo inminente de frustración de una operación imprescindible para el interés social».
Conocido es que el grupo de accionistas cercanos a La Moncloa, que suman cerca del 17% de Prisa, pugnan con Oughourlian -máximo accionista con un 29,6% del capital-, por el control del grupo, al que quieren sumar una cadena de TV en abierto.