La Junta de Castilla y León ha presentado el Anteproyecto de Ley Presupuestos de la comunidad para 2026, el último ejercicio correspondiente a esta legislatura que tiene ya fijada la nueva cita electoral para el próximo 15 de marzo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha dado a conocer las cifras generales de las cuentas públicas para el próximo año. En total serán 15.715 millones de euros, casi un 8% más que en el último ejercicio de referencia, el año 2024. Tras la ruptura de la coalición formada por Partido Popular y Vox, en julio de 2024 la comunidad castellano leonesa ha sido gobernada por el PP en minoría parlamentaria y con unos presupuestos prorrogados.

De esos 15.715 millones, casi un tercio, 5.230, serán los que se destinen al mantenimiento del sistema sanitario de la región, lo que supone una subida levemente inferior al conjunto de las cuentas públicas autonómicas; un 7,2%.

Las cuentas, según explica Fernández Mañueco, tienen una orientación “claramente social al destinar a las áreas funcionales de Sanidad, Educación y políticas sociales un total de10.449 millones, el 81,38 %, del gasto no financiero de las consejerías”. Esto supone que más de 8 de cada 10 euros del gasto de las consejerías se destinan a servicios de calidad en las políticas sociales.

En el plano sanitario, el presidente castellano se ha referido a la excelencia de los servicios en la sanidad. De la partida inicial de 5.230 millones, 3.049 millones de euros se centran en la atención especializada, que incrementa sus partidas en un 36,3 %.

Entre los nuevos objetivos previstos por el Gobierno de Castilla y Leín está la implantación de la cirugía robótica a todas las provincias, impulsar la medicina personalizada a través del modelo farmacogenético y reforzar la atención a la salud mental en el medio rural con consulta de psiquiatría, psicología clínica y enfermería especialista.

El Presupuesto diseñado para 2026 se basa en un escenario macroeconómico que ha sido avalado por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) considerando que, además, cumple satisfactoriamente con los requisitos de los marcos presupuestarios de los estados miembros de la UE.

Para 2026, la Junta cuenta con un escenario macroeconómico con una estimación de crecimiento del PIB del 2,2 %, un déficit del -0,1 %, una deuda por debajo del 18,5 % del PIB, una previsión de tasa de paro del 8 % y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,8 %.

Asimismo, en este contexto, el peso de la deuda de Castilla y León se ha reducido al 18,8 % al final del primer semestre de este año, 2,2 puntos porcentuales inferior a la media autonómica, que asciende al 21 %, según el Banco de España.

Vox se plantea la impugnación

Una vez presentadas las cuentas públicas, el reto para el Gobierno de Fernández Mañueco es lograr su aprobación en el parlamento, donde el Partido Popular dispone de 31 diputados, siendo la mayoría 40.

El exsocio del Gobierno, Vox, por el momento no parece muy dispuesto a prestar su apoyo. Aunque aún no ha manifestado su postura, el partido que lidera Santiago Abascal ha anunciado que van a estudiar su impugnación ya que, por el momento, no se ha aprobado el límite de gasto no financiero, presentado la semana anterior.

Vox ha calificado de “estafa” el proyecto de ley de Presupuestos Generales y aseguró que el grupo parlamentario solicitará un informe a los servicios jurídicos de las Cortes y al Consejo Consultivo para conocer si puede tramitarse un proyecto presupuestario sin tener un ‘techo de gasto’ aprobado antes.