El presidente Donald Trump dijo el martes que se plantea imponer aranceles a España como «castigo» por lo que calificó de «falta total de respeto a la OTAN». Desde entonces, su equipo ha comenzado a analizar los siguientes pasos y las vías legales para … hacerlo. Según ha podido saber ABC, el método que manejan en la Casa Blanca sería plicar sanciones dirigidas a productos específicos, con el objetivo de que el impacto recaiga especialmente sobre el mercado español.
Desde el pasado verano, EE.UU. impone unos aranceles del 15% a los productos de la Unión Europea, una reducción con respecto a la amenaza inicial del 35%. Este acuerdo se lograba tras una reunión en Escocia entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con un compromiso de ésta de inyectar 600.000 millones de dólares de inversión en la economía estadounidense.
En su día, la Casa Blanca optó por un arancel general a Europa con excepciones por sector. Se mantuvieron gravámenes más altos para industrias consideradas estratégicas o sensibles por Washington, como el acero y el aluminio, que siguen sujetos a un 50%, y el automóvil, con un 27,5%. También quedaron fuera del acuerdo los productos farmacéuticos, sobre los que EE.UU. planea imponer aranceles de hasta el 200% en 2026, y el cobre, que afronta un 50%. En cambio, se concedieron exenciones parciales a bienes agrícolas y aeronáuticos europeos, en un intento de evitar un conflicto total con Bruselas y mantener abiertas las conversaciones comerciales.
Pero el equipo comercial de Trump, coordinado por el secretario del sector, Howard Lutnick, y el representante de Comercio, Jameson Grier, está analizando sectores especialmente vulnerables en España. El precedente inmediato son los aranceles impuestos en años anteriores a productos españoles en el marco de investigaciones comerciales paralelas, como el caso de la aceituna negra y el de las torres eólicas. Trump aun no ha decidido si aplica esos aranceles, puesto que le abriría un frente no solo con España, sino con toda la UE.
Washington ya impuso derechos compensatorios y contra venta a pérdida que alcanzaron hasta el 35% sobre las exportaciones de aceituna de mesa procedentes de Andalucía, tras acusar a los productores de recibir ayudas indebidas de la Política Agraria Común. Aquella medida afectó directamente a un sector que exportaba más de 70 millones de dólares anuales a Estados Unidos y provocó una larga batalla legal en la Organización Mundial del Comercio. La OMC terminó fallando en contra de Estados Unidos, al considerar que los aranceles eran ilegales y discriminatorios, pero Washington no los retiró completamente, alegando «riesgos de distorsión persistente» en el mercado.
En el caso de las torres eólicas, el Departamento de Comercio estadounidense impuso aranceles de hasta el 73% a varios fabricantes españoles, bajo el argumento de competencia desleal y ‘dumping’ en los precios de exportación. Las sanciones afectaron a empresas con contratos activos en Texas y Oklahoma, y generaron tensiones con Bruselas. Esos aranceles quedaron reducidos en febrero al 29%.
Nuevos sectores
Con estos antecedentes, el equipo de Lutnick y Grier busca ahora identificar nuevos sectores españoles -energías renovables, agroalimentario y componentes industriales- susceptibles de ser utilizados como herramienta de presión comercial.
Según fuentes consultadas por ABC, entre los sectores que podrían verse más afectados por nuevas medidas se encuentran los agroalimentarios -aceite de oliva, vino, quesos curados y frutas procesadas-, todos con un fuerte peso en las exportaciones españolas a este país. El mercado norteamericano es el segundo destino extracomunitario para el aceite de oliva español, con ventas que superan los 400 millones de dólares anuales, y el primero en volumen para los vinos de Rioja y Ribera del Duero fuera de la Unión Europea.
El peligroso precedente de Brasil
El caso de Brasil se ha convertido en el modelo que la Casa Blanca estudia para aplicar sanciones selectivas a países integrados en bloques comerciales. En julio, Trump declaró una «emergencia económica nacional» y ordenó un arancel general del 40% sobre las importaciones brasileñas, alegando «devaluación artificial del real» y «competencia desleal en el mercado de materias primas». En realidad, la decisión coincidió con la condena judicial de Jair Bolsonaro por conato de insurrección y en Washington se interpretó como una represalia política encubierta.
La medida golpeó al acero, al aluminio y a los productos agrícolas, en especial la soja, y fue vista como un aviso de que Trump está dispuesto a imponer sanciones incluso dentro de marcos comerciales regionales. Aunque Brasil forma parte de Mercosur, esa unión aduanera carece del nivel de integración de la UE, lo que facilitó la aplicación unilateral de los aranceles.
Los quesos artesanales y los cítricos también se encuentran entre los productos que Washington podría usar como palanca de presión comercial, junto a componentes industriales de empresas españolas vinculadas a la automoción, el transporte ferroviario o la energía eólica.
La estrategia pasa por aplicar aranceles selectivos que concentren el daño en determinados países sin alterar el equilibrio general con la Unión Europea. El diseño de esta política seguiría la lógica de los aranceles de 2019 vinculados al caso Airbus, cuando Washington penalizó productos procedentes de España, Francia, Alemania y Reino Unido, entre ellos el vino, el aceite y los embutidos, con recargos de entre el 15% y el 25%.
Un alto funcionario estadounidense, que participa en estas deliberaciones, explicó ayer a ABC que las advertencias del presidente «son reales, no es solo retórica» y que el análisis de medidas específicas contra España «no es una reacción improvisada, sino una discusión que lleva meses dentro del Consejo Económico Nacional y la Oficina del Representante de Comercio». Añadió que «Trump considera que hay aliados que se benefician de la protección estadounidense sin contribuir a la seguridad común, y quiere que eso tenga un coste económico real».