El Gobierno tendrá en cuenta el refuerzo del pluralismo en los medios de comunicación y el fomento del aprendizaje de las lenguas cooficiales del Estado a la hora de evaluar las propuestas que se presenten para hacerse con el nuevo canal en abierto de la Televisión Digital Terrestre (TDT).
Así se recoge en las bases del concurso público para la adjudicación del nuevo canal de la TDT que se aprobaron el pasado martes en Consejo de Ministros y que se acaban de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Pese a que en líneas generales las normas son muy similares a las que se emplearon en el último concurso llevado a cabo en 2015, las bases elaboradas por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública sí introducen algunos cambios.
Además de varios aspectos técnicos derivados del avance tecnológico que se ha registrado en la última década y del hecho de que esta vez se conceda una licencia y no seis como en 2015, el texto también da un mayor peso al «refuerzo del pluralismo» a la hora de evaluar las propuestas.
Una postura que justifica en «la relevancia que han ido adquiriendo algunos de los criterios como el pluralismo de los medios de comunicación como condición indispensable del discurso libre y democrático«.
Legislación
A este respecto alude dos legislaciones actualmente en vigor. Por un lado, la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, que en su artículo 35 contempla distintas medidas para garantizar el pluralismo en el mercado de comunicación audiovisual televisivo lineal.
Por ejemplo, impone límites a las participaciones que una persona jurídica o física puede tener en varias empresas del sector, así como a la acumulación de licencias, e impide adquisiciones que reduzcan la pluralidad a menos de tres operadores privados distintos a nivel estatal.
Pero, en especial, menciona el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Y, en particular, las reglas sobre la evaluación de concentraciones que puedan tener repercusiones significativas sobre el pluralismo de los medios y la independencia editorial.
En este contexto, uno de los siete apartados que deben incluir en su oferta técnica quienes se presenten a la licitación es cómo cumplirán el objetivo de fomentar una «expresión libre y pluralista de ideas y corrientes de opinión».
Solicitud de información
Para que el Ministerio pueda valorarlo, el licitador proporcionará la información precisa en qué forma, si se le adjudicara la licencia, mejorarían los niveles de pluralismo en el mercado televisivo y de los medios de comunicación.
En concreto, presentará de manera detallada aquellas «medidas y compromisos firmes» que tiene previsto poner en marcha, a fin de salvaguardar la pluralidad de ideas y corrientes de opinión dentro de su oferta televisiva, así como para diversificar los agentes informativos.
Así, incide en que se valorará especialmente la asunción por parte del licitador de «compromisos concretos con la libertad de expresión» y el respeto a la objetividad, veracidad e imparcialidad de la información.
También la publicación de códigos deontológicos que garanticen el libre acceso de ideas y corrientes o la creación de comités que garanticen la independencia en la toma de decisiones editoriales y la pluralidad de los profesionales.
Por este apartado, los candidatos podrán recibir hasta 150 puntos del total de 710 que como máximo se pueden otorgar a una propuesta.
Esta puntuación está muy por encima de los 90 puntos que se fijaron como tope en las bases del concurso de 2015 para los tres canales de emisión en HD. No obstante, para las tres licencias de SD se marcó también un máximo de 150.
Lenguas cooficiales
Otra de las novedades clave reside en la ampliación del alcance del denominado «Plan de impulso del aprendizaje de idiomas», uno de los planes especiales que los candidatos a la licencia pueden incluir dentro de su propuesta de programación.
En la convocatoria de 2015, las bases requerían el desarrollo de medidas destinadas al aprendizaje de idiomas oficiales de la Unión Europea (UE), mientras que la de 2025 incluye también las lenguas oficiales de las distintas autonomías.
«Se contemplará el desarrollo de medidas destinadas al aprendizaje tanto de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas como de idiomas oficiales de la Unión Europea por parte de menores y/o jóvenes, así como diseño de contenidos de animación que puedan ser visualizados» en cualquiera de esas lenguas.
De hecho, las bases inciden en que una de las obligaciones del adjudicatario es contribuir con la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística que se recoge en la Ley de Comunicación Audiovisual y que obliga a destinar parte de los ingresos a financiar estos proyectos.