Un informe técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana concluye que las obras iniciadas por el Grupo Lopesan en Meloneras para ampliar su campo de golf son ilegales y los trabajos que afectan al cauce del barranco no se pueden legalizar.
El dictamen ha sido elaborado a petición de Disciplina Urbanística, que paró las obras antes del verano, tras recibir varias quejas de colectivos vecinales y ecologistas.
A esa situación siguió una denuncia de la Asociación Cultural Altahay en la Guardia Civil, que abrió diligencias de investigación y requirió al Ayuntamiento que aclare si los trabajos realizados son o no legalizables.
Incompatibles
La respuesta municipal está ya en manos del Seprona y es clara: las obras carecen de título habilitante y son incompatibles con el planeamiento vigente en una parte importante del terreno.
El proyecto, que tiene un presupuesto de seis millones de euros, consiste en movimientos de tierra, relleno, terraplenado y la construcción de obras hidráulicas para la canalización de los barrancos del Toscón y de Pasito Blanco, con la finalidad de optimizar el aprovechamiento de la superficie para la práctica del golf.
Al tratarse de una obra mayor, con desmontes, explanaciones y nuevas construcciones, es obligatorio una licencia urbanística, la cual no ha sido solicitada al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Permiso insuficiente
Lopesan sí dispone de una autorización del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para la canalización de los dos barranquillos, pero esto sólo le permite actuar dentro del Dominio Público Hidráulico (DPH) y, por tanto, ese permiso no es suficiente para legitimar la totalidad de las actuaciones, señala el informe.
El técnico municipal, además, aclara que el visto bueno del Consejo de Aguas es independiente del resto de organismos con competencia en la materia, como Costas y el Cabildo de Gran Canaria, porque las obras afectan a la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y a un yacimiento arqueológico. Los informes y las autorizaciones sectoriales de esas administraciones son obligatorias en este tipo de expedientes administrativos.
La Demarcación de Costas en Canarias, en ese sentido, ha abierto un expediente sancionador al resultar afectados los accesos públicos a la playa de El Hornillo, que está situada al lado de Pasito Blanco, un muelle deportivo gestionado también por Lopesan.
Barrancos libres de hormigón
El incumplimiento más grave está vinculado proyecto de urbanización por un motivo principal: las obras no están amparadas por el Proyecto de Urbanización Golf Meloneras. Este expediente, que es del año 2000, establece que los cauces de los barrancos deben quedase como zonas verdes sin intervenir.
Se trata de la parcela V-3, un suelo clasificado en el Plan Parcial como Espacio Libre Público y destinado a Zonas Verdes Públicas.
Por eso las obras actuales, que incluyen el relleno y canalización del cauce para mejorar el campo de golf, son incompatibles con el uso verde y público establecido para la parcela, la cual fue cedida a la administración y está registrada a nombre de San Bartolomé de Tirajana en cumplimiento de los aprovechamientos urbanísticos pactados para ese suelo.
Esa incompatibilidad con el planeamiento vigente es lo que lleva al técnico a emitir la calificación de «no legalizable».
Visión de conjunto
El resto de las actuaciones, que afectan a las parcelas G-1 y 16, son ilegales al carecer igualmente de licencia, pero se pueden legalizar porque el suelo es propiedad de Lopesan y las acciones emprendidas tienen cabida en los proyectos acordados entre el Ayuntamiento y el promotor.
En la parcela 16 está autorizado un hotel, y de ahí se sacaron los áridos para el relleno ilegal del barranco, mientras que la G-1 se corresponde con el actual campo de golf.
El objetivo de Lopesan es optimizar el uso de las superficies circundantes a la infraestructura deportiva, con la finalidad de mejorar y ampliar las instalaciones, dando así continuidad al nuevo hotel y al futuro paseo marítimo.
Conclusión
El problema es que para hacer eso hay que modificar primero el Plan Parcial Meloneras Golf y solicitar licencia urbanística, pues el permiso del Consejo de Aguas es insuficiente y choca de lleno con el planeamiento actual.
En resumen, el informe remitido a la Guardia Civil concluye que las obras más sensibles afectan a un suelo de cesión pública destinado a zonas verdes y, por tanto, son inviables de legalizar al ser incompatibles con el planeamiento urbanístico.