La juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, plaza séptima (nueva designación de los antiguos Juzgados de Instrucción) ha ordenado a la Guardia Civil que investigue la contratación del socialista Francisco Salazar, estrecho colaborador de Pedro Sánchez que tuvo que renunciar a su puesto en la Ejecutiva Nacional por presuntos comportamientos inadecuados con varias mujeres, en el Ayuntamiento de Dos Hermanas cuando gobernaba Francisco Toscano, uno de los hombres que más respaldó a Sánchez en sus intentos por alcanzar la dirección del PSOE en las primarias.
Precisamente en este periodo, en la campaña de las primarias de 2017 para elegir al secretario general de los socialistas, Toscano contrató a Salazar, que estaba volcado en el equipo de Pedro Sánchez, para trabajar en el Ayuntamiento nazareno, aunque nadie lo voy por allí.
Ha sido Vox, a través de su abogado, Fernando Rodríguez Galisteo, quien ha puesto en manos de la Justicia las presuntas irregularidades en la contratación de este exasesor de Pedro Sánchez, quien tras la crisis provocado por el informe de la UCO contra Cerdán y Ábalos, lo propuso como adjunto a la Secretaría de Organización y secretario de Análisis y Acción Electoral, pero tuvo que renunciar a las horas tras destaparse que varias compañeras de trabajo le habían denunciado por «comportamiento inapropiado».
Entonces se desencadenaron una serie de informaciones sobre la contratación por el entonces alcalde nazareno Francisco Toscano de Salazar, mientras éste estaba dedicado en cuerpo y alma a Pedro Sánchez en Madrid.
Vox interpuso una querella en los juzgados de Dos Hermanas contra Toscano y Salazar por la presunta comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En la causa, en la que Vox ejerce la acción popular, por la que se le impone el pago de una fianza de 3.000 euros a fin de responder de las resultas del juicio.
Para la juez, según el auto al que ha tenido acceso ABC, «se imputan hechos con apariencia de delitos perseguibles de oficio, lo que le otorga ya carácter de denuncia, por lo que, con el fin de examinar la tipicidad o atipicidad penal o falsedad de los hechos denunciados, de conformidad con lo prevenido en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede incoar el correspondiente procedimiento de diligencias previas». A la vista del relato de hechos contenido en el escrito de querella, la magistrada señala que se desprenden que los mismos pudieran ser constitutivos de los delitos antes mencionados.
Según se recoge en la querella, durante los años 2012 a 2017, fecha en la que Toscano era alcalde del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Salazar fue contratado por ese Consistorio, percibiendo, asimismo, un salario mensual de 2.000 euros, y, pese a ello, no asistía a su puesto de trabajo, al encontrarse, supuestamente, trabajando en tales fechas en Madrid, primero en la sede del PSOE sita en la calle Ferraz y, posteriormente, en la Moncloa».
No obstante, al no aportarse prueba alguna con el escrito de querella y en aras de proceder a un mejor esclarecimiento de tales hechos, procede encomendar la investigación de la misma a la Guardia Civil, según detalla la juez, que ordena incoar diligencias previas por estos hechos y oficiar a la Guardia Civil para que proceda a la investigación de los hechos objeto de la presente causa, recabando del Ayuntamiento los documentos que resulten procedentes y pudiendo interrogar a los denunciados y testigos, con las formalidades y garantías legales.
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