Carlos Luján (Europa Press) / Ana Escobar (EFE) / Jorge Armestar (Europa Press)
Diez días y tres dimisiones. Esa es la secuencia que ha sacudido la política española en apenas una semana y media, y que ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja herida sin cerrar: la falta de control sobre los currículos académicos de los cargos públicos.
¿Quiénes han dimitido?
- Ignacio Higuero (Vox), consejero de la Junta de Extremadura hasta ayer. Falseó una licenciatura inexistente en Marketing por el CEU en 1993.
- José María Ángel Batalla (PSOE), que ha sido comisionado del Gobierno para la dana y presidente del PSPV. Presentó un título falso de la Universidad de Valencia según la Agencia Antifraude.
- Noelia Núñez (PP), diputada y vicesecretaria nacional hasta su renuncia. Constaba en su ficha del Congreso un doble grado universitario que nunca obtuvo.
¿Qué tienen en común estos casos? Los tres compartieron un patrón: atribuirse formaciones académicas que no tenían, ya fuera mediante invención directa (como estudios inexistentes en la fecha indicada), títulos falsos o grados no concluidos.
- En todos los casos, fueron medios o agentes externos quienes detectaron las irregularidades.
¿Por qué no se detectan antes las falsedades? Porque no existen mecanismos de verificación previos obligatorios.
- El Congreso publica la formación de los diputados a partir de los datos que ellos mismos proporcionan, sin contrastarlos.
- Aunque los partidos exigen declaraciones de honorabilidad o veracidad, no se requiere documentación que pruebe los méritos académicos.
- Y, si se falsean, las consecuencias suelen llegar solo tras la denuncia pública.
©Foto: Carlos Luján (Europa Press) / Ana Escobar (EFE) / Jorge Armestar (Europa Press)
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