El Ayuntamiento de Andorra ha aprobado por unanimidad la solicitud de concesión administrativa necesaria para poner en marcha una radio municipal. La decisión, tomada durante el pleno del mes de octubre, supone el primer paso para recuperar un servicio de comunicación pública que el municipio ya tuvo en funcionamiento durante las décadas de los ochenta y noventa.
La iniciativa parte de una demanda creciente por parte del vecindario y busca consolidar un nuevo espacio informativo de carácter local, gestionado desde el propio Ayuntamiento. Para ello, se contará tanto con los efectivos municipales actuales como con la implicación de personas colaboradoras voluntarias que deseen sumarse al proyecto.
La medida fue defendida por la portavoz socialista Isabel Zamora, quien argumentó que el objetivo es constituir un grupo de comunicación municipal sólido, integrando la futura emisora con la televisión local y el boletín informativo ‘El Cierzo’. En este sentido, el Ayuntamiento remite ahora la solicitud y el proyecto técnico al Gobierno de Aragón para que este lo traslade a la Dirección General de Telecomunicaciones y se proceda a la reserva de la frecuencia correspondiente.
«Solo le veo ventajas. La radio es inmediatez, y en situaciones como el reciente apagón era el único medio fiable para mantener informada a la población», destacó el alcalde, Rafa Guía, durante su intervención. Tanto él como otros concejales, entre ellos la portavoz del PP, Silvia Quílez, y el portavoz del grupo Izquierda Unida, Raúl Romero, agradecieron el trabajo previo de las personas que han impulsado el proyecto desde la ciudadanía. Se reconoció por ello la implicación de Pedro Pastor, Miguel Ángel Rodríguez y Alberto Llorente, que han participado en la elaboración previa del proyecto, presupuestos y estructura básica de funcionamiento de la futura emisora. Una vez se elaboró esta propuesta inicial, Raúl Romero mantuvo varias reuniones con el objeto de conocer de primera mano el equipamiento mínimo y el enfoque de radio previsto, que según ha explicado el concejal, «en principio será matutino con diferentes bloques», aunque según indicó, quedan por delante muchas reuniones con el grupo de voluntarios.
Renuncia de una concejal
Durante la sesión plenaria también se comunicó oficialmente la renuncia de la concejal socialista Laura Monclús Villanueva, quien deja su cargo por motivos personales. El pleno acordó declarar vacante su acta y tramitar la credencial de concejal para Héctor López Pina, número 6 en la lista electoral del PSOE en las últimas elecciones municipales.
Varios representantes municipales, entre ellos, el propio alcalde, la portavoz socialista y el grupo de Izquierda Unida dedicaron unas palabras de agradecimiento a Monclús por su trabajo en el área de Servicios Sociales e Igualdad, destacando la dificultad de conciliar la vida política con la laboral y personal.
Otros puntos
Otro de los puntos destacados de la sesión ordinaria fue la aprobación definitiva del Reglamento de la Escuela Infantil La Malena, tras haber atendido las alegaciones presentadas por el Centro de Salud de Andorra. Las objeciones hacían referencia a un artículo que recoge las pautas de actuación en el caso de niños y niñas con diabetes. Concretamente, el centro sanitario solicitó eliminar una tabla de raciones alimentarias que no corresponde a sus funciones, ya que dicha información debe ser proporcionada por las familias. El reglamento, una vez modificado, fue aprobado por unanimidad.
En materia económica se debatió y aprobó la modificación de diversas ordenanzas fiscales para actualizar impuestos, tasas y precios públicos. La medida busca ajustar las tarifas al incremento del IPC interanual (del 3%) y evitar que el déficit creciente en algunos servicios comprometa su viabilidad. Entre las tasas afectadas se encuentran las relativas a servicios de saneamiento, ocupación de vía pública, licencias urbanísticas y uso de instalaciones municipales o entradas de vehículos, entre otros. También se modificó la ordenanza sobre la tasa por veladores para adaptarla a la realidad de los negocios de hostelería. A partir de ahora, se requerirá un documento firmado por los vecinos colindantes que avale la instalación de terrazas, y se regulará tanto por número de mesas como por superficie. Ambos puntos fueron aprobados por 9 votos a favor y las abstenciones de los dos concejales del PAR.
Ruegos y preguntas
La portavoz del PP, Silvia Quílez, intervino durante el turno de ruegos y preguntas con ambas cuestiones. Por un lado, preguntó por el proceso de remunicipalización del servicio de agua. Guía respondió al asunto explicando que se está a la espera de un estudio de costes y viabilidad, tras haber solicitado a la empresa gestora la documentación necesaria. Subrayó que la voluntad política del equipo de gobierno es firme, aunque el proceso es largo y depende de trámites administrativos.
También preguntó por la auditoría encargada a una empresa externa sobre la anterior legislatura. Raúl Romero (IU) confirmó que la empresa ha entregado un borrador de 163 páginas y que en breve se celebrará una junta de portavoces para dar cuenta de los resultados, previsiblemente antes de que acabe el año.
Por último, la edil popular se interesó por los rumores de la llegada de menores no acompañados (MENA) al municipio. El alcalde aclaró que en agosto se recibió una solicitud del Gobierno de Aragón sobre la disponibilidad de espacios habitacionales, y el consistorio respondió ofreciendo dos inmuebles en la zona de la Sindical. No obstante, recalcó que no existe confirmación oficial y que, en caso de que se formalizara la llegada, esta iría acompañada de educadores, planes de integración y financiación autonómica. También aprovechó para desmentir los bulos difundidos por redes sociales, y apeló a la responsabilidad ciudadana para no contribuir a los mismos. «Pedir a la gente que no sea tan bárbara y que no difunda esos bulos, porque lo único que crean es alarma social», explicó Guía.
Además, quiso hacer referencia a los casos de delincuencia y agresiones denunciados, recordando que los robos ocurridos este verano fueron cometidos por una persona de nacionalidad española. «No pertenecía a ninguna etnia ni religión concreta», según puntualizó, con el objetivo de evitar prejuicios o generalizaciones.