02/08/2025


Actualizado a las 13:40h.

El sindicato Acaip, mayoritario en el ámbito penitenciario y en la provincia de Sevilla, ha denunciado una nueva y gravísima agresión sufrida por un funcionario en el centro penitenciario Sevilla II que «evidencia una vez más la desprotección que sufre el colectivo penitenciario».

Tuvo lugar en la tarde de este viernes 1 de agosto, cuando un funcionario del módulo 14 (módulo para internos con problemas mentales) fue víctima de una brutal agresión por parte de un preso mientras se encontraba conversando con otros internos. El agresor, obsesionado con la idea de que algún interno o funcionario lo iba a violar en prisión, y con un largo historial de violencia, abordó sorpresivamente por la espalda al funcionario, rodeándole el cuello con ambas manos realizándole un estrangulamiento, al tiempo que profería amenazas de muerte y connotación sexual como «Tú no me vas a violar a mí, te voy a matar».

Además de ser estrangulado, durante el forcejeo, el funcionario recibió varios puñetazos. Finalmente consiguió zafarse del interno gracias a sus conocimientos en defensa personal (adquiridos por iniciativa propia mediante formación especializada fuera del ámbito de la administración) y a la rápida intervención de los jefes de servicios y compañeros. Como consecuencia, sufrió lesiones en la zona cervical, dorsal, lumbar e irritación en la garganta, compatibles con el estrangulamiento, y tuvo que ser derivado para recibir atención hospitalaria.

Riesgo para los trabajadores

Existe una orden de la Subdirección de Seguridad vigente en la que se alerta sobre la cantidad de incidentes regimentales cometidos por el interno. En dicha orden, la dirección del centro pide que las salidas del interno se hagan de forma telemática, evitando la interacción con los funcionarios y también se establece la necesidad de realizar informes diarios sobre el comportamiento del interno.

Pese a que en los informes realizados por los funcionarios del módulo se advirtió la inadaptación del preso, este se encontraba ubicado en un módulo que alberga internos con problemas mentales y que es atendido por un solo funcionario, lo que evidencia una preocupante incoherencia a la vista de la peligrosidad prevista en dicha orden de seguridad y los informes elevados por los funcionarios.

Antecedentes del preso

El agresor fue uno de los primeros casos que puso en cuestión la Ley del Menor tras cometer un asesinato especialmente violento. El 14 de mayo de 2000, cuando contaba con apenas 17 años, apuñaló por la espalda en siete ocasiones a Manuel Lara, un hombre que se había limitado a recriminarle su actitud vejatoria hacia una mujer.

El ataque ocurrió mientras se encontraba de permiso del centro de menores de Sevilla, donde cumplía condena por otros delitos. Tras el asesinato, intentó manipular su situación legal ingiriendo estupefacientes para simular un estado alterado, y se entregó horas más tarde. La brutalidad del crimen conmocionó a la sociedad y supuso un punto de inflexión en el debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad.

Hace pocas semanas, el 8 de julio, una psicóloga del mismo centro sufrió una agresión sexual por parte de otro interno que por sus características no se encontraba bien clasificado por orden una orden del equipo directivo. Esta mala separación interior sigue poniendo en riesgo a los trabajadores del centro, tal y como se ha evidenciado con el nuevo ataque sufrido por un funcionario, apuntan dese el sindicato.

Reclamaciones del sindicato

Desde el sindicato Acaip hacen un llamamiento para pedir lo siguiente:

– La revisión inmediata del sistema de clasificación interior y ubicación de internos peligrosos.

– El desarrollo urgente de un nuevo protocolo de agresiones, dado que el vigente se ha demostrado ineficaz. Este debe incluir medidas preventivas, criterios de actuación y apoyo institucional al personal agredido.

– El reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad, así como la aplicación efectiva del principio de indemnidad, para garantizar la protección jurídica que corresponde a su función.

– La asunción de responsabilidades por parte de la dirección del centro penitenciario, y la revisión de una política de gestión que prioriza indicadores superficiales frente a la seguridad real de los trabajadores.

– La formación continua en defensa personal para todo el personal penitenciario para evitar y repeler este tipo de agresiones.

Desde Acaip señalan sus deseos de pronta recuperación del compañero agredido y vuelven a exigir «medidas reales y efectivas para evitar que estas agresiones sigan ocurriendo». «No podemos tolerar que quienes trabajan por la reinserción social lo hagan a riesgo de su propia integridad física», concluyen.

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