El Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha citado a declarar en calidad de investigados a nueve altos cargos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público gestor de TV3 y Catalunya Ràdio, principalmente, tras la … denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) el 29 de abril. La base de la denuncia, y por la que la juez ha tomado esta decisión, son los hechos descritos en el Informe 2/2025 de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de la CCMA, que básicamente detectó sobresueldos por encima del límite legal y otras irregularidades contables.

La juez, que inició la investigación al considerar que «pueden ser constitutivos de un delito de los comprendidos en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», ha dictado una providencia, según informó SCC y confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña este jueves, en la que fija las declaraciones como investigados a nueve miembros de la dirección de la CCMA. Entre los delitos que figuran en la denuncia de SCC están los de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y la gestión ilícita de recursos públicos.

Según ha sabido ABC, las comparecencias están programadas para llevarse a cabo durante el segundo trimestre de 2026. La CCMA, por su parte, señaló en un comunicado que «las eventuales incorrecciones» fueron, en todo caso, «formales» y se habrían producido durante el mandato del anterior equipo de gobierno. Y recordó que el informe de la Sindicatura, que fiscaliza los años 2021 y 2022 del ente público, aclaró que no había observado «indicios ni de responsabilidades penales ni contables».

Sin «requisitos mínimos»

En relación a las deficiencias detectadas por la Sindicatura, la cúpula de la CCMA habría actuado como «poder adjudicador no administración pública», a pesar de que para la institución fiscalizadora, la empresa que agrupa TV3 y Catalunya Ràdio tiene «naturaleza» de poder adjudicador de administración pública y, además, la relación de los puestos de trabajo de la entidad «no reunía los requisitos mínimos exigibles» al no detallar «ni las características de los lugares de trabajo, ni las retribuciones complementarias, ni los sistemas de previsión de puestos de trabajo».

La Sindicatura observó «deficiencias en las bases de la convocatoria del procedimiento de selección de los directores» de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Sigfrid Gras, por un lado, y Saül Gordillo y Jordi Borda, respectivamente, en relación a «los méritos objeto de valoración y a la comisión de valoración». Igualmente, la CCMA abonó «el 88% y el 120% de la retribución de objetivos comerciales a algunos directivos, por encima del límite del 25% establecido en la Ley de Presupuestos de la Generalitat», en relación al cobro de retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos definidos en 2020.

El organismo fiscalizador apuntó también que, en el ejercicio de 2021, «las retribuciones íntegras anuales de cuatro directivos corporativos superaron la retribución de consejero de la Generalitat, contrariamente a lo que establece la normativa» y la retribución íntegra del director de la Fundación de La Marató de TV3 «superó la retribución de secretario general, y no consta la aprobación preceptiva por acuerdo del Govern». Entre las posibles irregularidades también se dejó constancia de que la jornada laboral de la CCMA era de 35 horas semanales en 2021 y 2022, pero «no se cumplían los requisitos legales necesarios para fijar esta jornada».

Desde el ente audiovisual de la Generalitat de Cataluña se valoró la imputación de la cúpula tras la denuncia de SCC como una maniobra «para desacreditar los medios públicos del país que trabajan por la promoción de la lengua y la cultura catalanas». Sin embargo, según la entidad cívica catalana las presuntas irregularidades podrían no ser casos aislados, sino parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal.

Los dirigentes que tendrán que declarar son los siete consejeros de la CCMA y dos altos cargos: Rosa Romà i Monfà (presidenta), Àngels Ponsa i Roca (vicepresidenta), Lluís Garriga Paituví (secretario) y Carme Figueras Siñol, Lluís Noguera i Jordana, Gemma Ribas Maspoch y Josep Riera i Font, como consejeros vocales del ente público; y Lluís Bernabé y Andreu J. Martínez.