El Consejo de Seguridad de la ONU ha dado este viernes un paso clave para el futuro del conflicto del Sáhara Occidental. Por 11 votos a favor, tres abstenciones y sin la participación de Argelia, ha aprobado una resolución redactada por Estados Unidos que renueva la misión de Naciones Unidas en la región (Minurso) por un año más y que también respalda la reclamación de Marruecos de soberanía sobre el territorio, al situar el plan de autonomía de Rabat como la base para una negociación que conduzca a solucionar el conflicto.
La resolución ofrece el mayor apoyo de la ONU hasta ahora al plan de Marruecos para mantener la soberanía del territorio, respaldado por Washington, España y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea.
La nueva resolución prorroga la misión hasta el 31 de octubre de 2026, expresando su apoyo al secretario general de la ONU y a su enviado personal para que se mantengan negociaciones “sin condiciones previas” tomando como base la propuesta de autonomía marroquí y, al mismo tiempo, prevé ”la libre determinación» del pueblo saharaui.
La resolución acoge con beneplácito “cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta” al plan que Marruecos planteó en 2007, respaldado en 2020 por la Administración de Donald Trump, y que no especifica cómo sería esa “región autónoma del Sáhara” más allá de que dispondría de competencias administrativas, judiciales y económicas propias.
En su declaración tras el voto, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se ha felicitado por la resolución, que asegura que abre la puerta a “una nueva era de paz para la región”. También ha instado a las partes a “aprovechar las próximas semanas” para lanzar un proceso de negociación “realista”, y ha reiterado la posición de Washington: el plan de autonomía de Marruecos debe ser “la única base” para tratar sobre el futuro de la antigua colonia española.
Por su parte, el representante de Argelia, Amar Bendjama, ha justificado el rechazo de su país a participar en la votación al resaltar que Argel no considera que la resolución “refleje en modo suficiente la doctrina con respecto a la descolonización”. “Una solución justa y duradera solo puede llegar con el respeto al derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a decidir sobre su propio futuro”, ha subrayado.
El documento exhorta a las partes a entablar conversaciones sin condiciones previas, para obtener una “solución política definitiva y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”. Y apunta que “una autonomía genuina podría representar el resultado más factible”.
El paso llega cuando está a punto de cumplirse el 50º aniversario de la Marcha Verde, la movilización de miles de marroquíes que forzó la marcha del Ejército español del Sáhara Occidental, y pone de relieve la implicación renovada de Estados Unidos en una disputa territorial estancada desde hace décadas en el Magreb.
El presidente de EE UU, Donald Trump, empeñado en bruñir las credenciales de pacificador de las que presume, está dispuesto a añadir la resolución de esta disputa a los conflictos que asegura haber resuelto desde su regreso al poder a comienzos de este año. Ya lo dejaba claro su mediador, Steve Witkoff, en declaraciones a la cadena de televisión CBS hace un par de semanas, cuando reveló que su equipo trabajaba en un entendimiento entre Marruecos y Argelia: “En mi opinión, habrá un acuerdo de paz en un plazo de 60 días”, apuntó, en una aparente referencia al Sáhara Occidental.
El presidente estadounidense ya había dado el primer gran vuelco a la situación en su primer mandato, cuando, en contra de la política tradicional de Washington, reconoció la soberanía de Rabat sobre el territorio. Era una concesión a Marruecos para lograr la adhesión del reino a los Acuerdos de Abraham, por los que varios países árabes normalizaron relaciones con Israel, y que Trump considera uno de sus grandes logros diplomáticos.
El giro llevó a que se sumaran Francia, el Reino Unido —como EE UU, miembros permanentes del Consejo de Seguridad—, España y otros países a la fórmula marroquí de autonomía. La resolución de este viernes representa un nuevo paso para que esa realidad sobre el terreno se convierta en norma de rango internacional.
Durante su segundo mandato, Trump ha reforzado la posición estadounidense de apoyo a Marruecos. El mes pasado, el secretario de Estado adjunto Christopher Landau alentaba a las empresas estadounidenses a hacer negocios en todo Marruecos, “incluido el Sáhara Occidental”. El enviado de Trump para los países árabes, Massad Boulos, declaraba esta semana que la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara es “irreversible” y la propuesta de Rabat formulada en 2007 de autonomía para el territorio es “la mejor opción disponible”.
El Frente Polisario ya se había dirigido al secretario general de la ONU, António Guterres, para comunicarle que no se opone a incluir la opción de la autonomía en la resolución, siempre y cuando se sometiera a referéndum junto con la vía de la independencia. La organización también había hecho público un comunicado en el que rechazaba participar en cualquier proceso político que no dejara una puerta abierta a la autodeterminación mediante un referéndum, y que simplemente legitimara la “ocupación militar del Sáhara Occidental por parte de Marruecos”.
Por su parte, Argelia, miembro de turno del Consejo de Seguridad, había amenazado con boicotear la votación si se mantenía la tesis de la autonomía como única salida. La situación forzó un aplazamiento de 24 horas de la votación, prevista inicialmente para el jueves, para tratar de rectificar el texto antes de que se presentara al pleno del Consejo.
La disputa entre Marruecos y Argelia por el Sáhara Occidental, que mantiene cerrada la frontera terrestre entre ambos países desde 1994, tiene su origen en la ocupación marroquí de la mayor parte del territorio desértico en 1975, tras la salida del Ejército español. Argelia nunca ha reivindicado el territorio, pero apoya al Frente Polisario en su lucha por la independencia contra Marruecos.
En 1991 se firmó un acuerdo de alto el fuego entre el Polisario y Rabat mediado por Naciones Unidas, en el que se establecía una misión de paz para la zona —la MINURSO, que mantiene desplegados a 226 civiles y 245 militares en tareas de observación— y se prometía la convocatoria de un referéndum sobre la autodeterminación un año más tarde.
Esa consulta nunca ha llegado a celebrarse y desde 2020 el Frente Polisario ha dado por roto su alto el fuego, lanzando ataques de baja intensidad contra el ejército marroquí a lo largo del muro de arena o terraplén que divide el territorio del Sáhara en dos: una parte al oeste, controlada por Marruecos y que representa el 80% del total, y el este, en manos de los independentistas saharauis y que forma un 20%. Mientras tanto, miles de refugiados saharauis permanecen en los campamentos de Tinduf (suroeste de Argelia) desde 1976, en medio de una situación humanitaria cada vez más precaria.
De momento, más de 120 países respaldan el plan de autonomía de Marruecos y tres decenas de Estados han abierto consulados en el Sáhara Occidental en reconocimiento de la soberanía de Rabat sobre el territorio. Desde 1976, un total de 84 países, en su mayoría africanos, reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática, proclamada de forma unilateral. El Frente Polisario está considerado por Naciones Unidas como un movimiento de liberación nacional. Cuenta con representación en países como España. Hace un año, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó al Polisario como “representante del pueblo saharaui” y no reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara al fallar en contra de la extensión de sus acuerdos agrícolas y comerciales con Bruselas al territorio de la antigua colonia española.