La operación policial más letal de la historia de Brasil dejó 121 muertos el martes en Río de Janeiro, 117 sospechosos y cuatro policías. Quedan muchos interrogantes por responder, empezando por la identidad de esos más de cien presuntos narcotraficantes abatidos. La Policía Civil empezó a dar algunas respuestas este viernes, divulgando una lista con los 99 primeros nombres identificados. Sostiene la corporación que 78 tenían un historial de delitos graves, incluidas acusaciones de asesinato, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal; 42 estaban forajidos y 39 eran de otros Estados, sobre todo de Pará (norte del país). Pese a los antecedentes, ninguno de ellos aparece en la denuncia de la Fiscalía que sirvió de base para la megaoperación.
El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, explicó en rueda de prensa que los conjuntos de favelas del Alemão y Penha, donde tuvo lugar la masacre, se habían convertido en los últimos años en el cuartel general del Comando Vermelho (CV) a nivel nacional, atrayendo a delincuentes de todas las regiones de Brasil y acumulando un arsenal de guerra. “La investigación y las informaciones de inteligencia muestran que allí es donde se hacen los entrenamientos de tiro, para que los marginales sean formados aquí [en Río de Janeiro] y vuelvan a sus Estados de origen para diseminar la cultura del grupo criminal”, afirmó.
Entre los muertos en la operación, hay nueve de esos líderes del narcotráfico en otras regiones del país que acudían a Río para esconderse, entrenarse o ambas cosas. El objetivo de la operación, con un enorme dispositivo que desplegó a más de 2.500 agentes, era asestar un golpe mortal al CV y sobre todo arrestar o acabar con la vida de Edgar Alves de Andrade, Doca, considerado el mayor líder del CV en libertad. Sólo estaría por debajo de Marcinho VP y Fernandinho-Beira Mar, ambos en cárceles de máxima seguridad.
El secretario de Seguridad Pública de Río, Víctor Santos, aseguró que Doca consiguió escapar por poco, porque usó “soldados” del narcotráfico para hacer una barrera y lograr huir de su centro de operaciones. Las autoridades de Río ofrecen ahora 100.000 reales (casi 20.000 dólares) para quien aporte información sobre su paradero. Se le investiga por más de cien homicidios, entre ellos la ejecución de niños y la desaparición de vecinos.
Respecto a los 113 hombres arrestados durante la operación (entre ellos una decena de adolescentes) la policía explicó que 54 tiene antecedentes delictivos. Casi un tercio procedía de otros estados.
Poco después de que las autoridades desgranaran algunos datos sobre la operación, los vecinos de Penha y Alemão se manifestaron este viernes cerca de la plaza donde hace dos días fueron extendidos en el suelo decenas de cuerpos. Cientos de manifestantes con camisetas blancas gritaron, sobre todo, contra el gobernador de Río, Claudio Castro y su “política de matanza” para las favelas.
Mientras tanto, los rescoldos de la operación siguen vivos, sobre todo en dos puntos de la ciudad. En el hospital Getúlio Vargas siguen ingresados diez agentes de la Policía Militar, dos de ellos graves. El perímetro de seguridad del centro se ha reforzado y el ambiente continúa tenso, sobre todo por su cercanía al lugar donde sucedió todo. Un poco más lejos, en la sede del Instituto Médico Legal, quedan familiares esperando para recuperar los 18 cuerpos que aún no han sido identificados.