Nueva patada para adelante del Gobierno para pronunciarse sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. Este jueves las propietarias de la planta presentaron en tiempo y forma la solicitud de prórroga. Se esperaba que el Ministerio para la Transición Ecológica se … pronunciase al respecto, pero ha vuelto a llevar el debate a un punto muerto. Ahora mismo no se sabe qué sucederá, aunque de sus propias palabras se sobreentiende que está dispuesto a ampliar la vida útil del parque nuclear.
Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido que los dos reactores de Almaraz puedan seguir operando hasta 2030. Además, han quitado una de las líneas rojas que tenía el Gobierno —y ellos también— con respecto a la fiscalidad. Las empresas han presentado su solicitud sin que se aborden los impuestos. En este sentido, el Ejecutivo reconoce que, al menos, uno de los puntos crítico ya no está sobre la mesa.
Se pensaba que esta situación sería suficiente, pero la ministra y vicepresidenta Sara Aagesen ha evitado pronunciarse sobre posibles escenarios. En concreto, en un encuentro con periodistas, la responsable de la política energética ha dicho que no quiere expresar sus valoraciones hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haga el informe preceptivo sobre la solicitud de prórroga.
«El Gobierno no va a prejuzgar absolutamente nada que salga del CSN», ha insistido una y otra vez Aagesen a las preguntas de la prensa. Del organismo nuclear pueden salir tres escenarios. El primero, favorable para las empresas, es que estimen que todo está en orden, y que pueden seguir operando. De hecho, el actual calendario de cierre ya se abordó con unas licencias de explotación hasta 2030, por lo que todo hace entender que no habrá ningún problema puesto que tiene la ‘ITV’ pasada. En este punto, la ministra podría confirmar que, una vez que todas las líneas rojas se han solventado, las nucleares seguirán funcionando. Pero no lo ha hecho.
El siguiente escenario, también favorable, podría no ser tan positivo para las empresas, y sí para el Gobierno, puesto que el CSN podría valorar que las centrales sigan operando pero con ciertos condicionamientos; sobre todo, de carácter económico —como mayores inversiones en seguridad— que provoque que Iberdrola, Endesa y Naturgy no estén por la labor de mantener abiertas las centrales y, por tanto, se ajustarían al calendario de cierre actual que empieza en 2027. En este escenario, además, le permite al Ministerio para la Transición Ecológica no tener que pronunciarse sobre el asunto.
Por último, puede que el CSN diga que no hay viabilidad técnica, las centrales se cierran, y el Gobierno sale como ganador por cumplir su programa, no tiene que variar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) y queda bien son sus socios de legislatura.
Cuestión de tiempos
Ahora se libra otra batalla importante que tiene que ver con los tiempos. El CSN no tiene unos plazos concretos para emitir su informe. Tiene un límite, eso sí, que conduce hasta dos meses antes de cerrar Almaraz en 2027.
Pero es que, posteriormente, el Gobierno tiene su propio periodo para reflexionar sobre el informe. Una situación anómala puesto que esto llevaría a las centrales a tener que parar su actividad. Eso no supondría el cierre definitivo, pero sí un contratiempo —sobre todo, económico— que las empresas no quieren asumir.
En cuanto al punto de no retorno que se había puesto en marzo de 2026, en realidad no sería tan extremo puesto que las centrales tendrían recursos para abastecer de uranio la planta a Almaraz.