La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a instancias del abogado que logró su declaración, el letrado de Algemesí Ximo Esteve que ejerce la acusación particular, requiere a la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024 para que aporte, en su declaración testifical prevista para el próximo lunes, el tique del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día (detalle desvelado por Levante-EMV). También reclama en el mismo auto notificado esta mañana a las partes y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), así como cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell, ese día. En esta resolución la juez deniega en cambio volver a citar a declarar a la exconsellera investigada, Salomé Pradas, tal como solicitaba el abogado que logró la citación de Maribel Vilaplana.
La magistrada señala en su auto que «en el análisis del proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la investigada Salomé Pradas, a la sazón consellera de Emergencias, y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo, tal como resolvió la Audiencia Provincial de Valencia en auto de 16 de octubre de 2025».
La magistrada razona en su auto que «hasta qué momento la testigo señora. Vilaplana acompañó al president, y en consecuencia, hasta que momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron entre el President y la investigada Salomé Pradas, convierte en útil la prueba solicitada, la obtención del tique de entrada y salida del aparcamiento».
Y añade que «si bien ha de extenderse igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del aparcamiento entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el president, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024″. Respecto a la petición del letrado de Algemesí, Ximo Esteve, de que se requiriera a la empresa que gestiona el aparcamiento el tique la magistrada acuerda que se proveerá una vez se reciba declaración a la testigo», que está citada el próximo lunes en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja.
En otro auto la magistrada, a instancias de la acusación popular y particular que ejerce ACPV (Acció Cultural del País Valencià), acuerda unir al procedimiento el vídeo emitido por RTVE el pasado 27 de octubre pero rechaza la petición de volver a citar a declarar como testigo al presidente de la Diputación de Valencia por sus declaraciones públicas en esa pieza informativa, en las que achacaba a Salomé Pradas la dirección de la reunión del Cecopi.
En otra providencia la magistrada del Tribunal 3 de Catarroja acuerda practicar las testificales de la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana (a solicitud de la acusación popular de CGT) que fue la que alertó a la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, de la necesidad de enviar el Es Alert a las 18.35 horas, y de un trabajador de Emergencias, tras la declaración prestada recientemente por la jefa de servicio Emergencias.
Por último, la magistrada también acuerda recibir declaración como perito al catedrático emérito de Geografía de la Universitat de València, Eugenio Burriel, a propuesta de ACPV. Asimismo, entre otras disposiciones, esta providencia ordena al Instituto de Medicina Legal que emita un informe sobre la relación de causalidad entra la muerte de un hombre y la dana, después de que su hijo haya solicitado que sea considerada como víctima en el procedimiento. Con esta persona, ya son 5 las muertes que están en estudio para determinar si se suman a las 229 víctimas mortales de la catástrofe.
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