Nueva patada para adelante del Gobierno para pronunciarse sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. Este jueves las propietarias de la planta presentaron en tiempo y forma la solicitud de prórroga. Se esperaba que el Ministerio para la Transición Ecológica se … pronunciase al respecto, pero ha vuelto a llevar el debate a un punto muerto. Ahora mismo no se sabe qué sucederá, aunque todo parece desembocar en una cuestión política.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido que los dos reactores de Almaraz puedan seguir operando hasta 2030. Además, han quitado una de las líneas rojas que tenía el Gobierno —y ellos también— con respecto a la fiscalidad. Las empresas han presentado su solicitud sin que se aborden los impuestos. De hecho, desde el Ejecutivo han querido sacar pecho con esta situación.

Con todo ello, se pensaba que esta situación sería suficiente, pero la ministra y vicepresidenta Sara Aagesen ha evitado pronunciarse sobre posibles escenarios. En concreto, en un encuentro con periodistas, la responsable de la política energética ha dicho que no quiere dar su opinión hasta que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haga el informe preceptivo sobre la solicitud de prórroga. «El Gobierno no va a prejuzgar absolutamente nada que salga del CSN», ha insistido una y otra vez Aagesen a las preguntas de la prensa. Y todo esto guarda una importante encrucijada en clave política.

Impacto extremeño

Si en algo va a influir el futuro de la central nuclear de Almaraz es, evidentemente, en las elecciones autonómicas de Extremadura, convocadas para el próximo 21 de diciembre. La central, de hecho, ha sido una de las grandes bazas políticas del gobierno de María Guardiola durante sus dos años de mandato. La líder popular ha encabezado su particular cruzada contra el cierre poniendo el foco directamente en el Gobierno de España y cuestionando el papel del PSOE de Extremadura. De hecho, la Junta anunció que rebajaría la ecotasa al 50%, lo que en el ejecutivo autonómico entienden ha sido un paso decisivo para que las empresas propietarias pidiesen la prórroga.

Este viernes, la presidenta de la Junta ha ironizado sobre la postura de Aagesen sobre el cierre nuclear: «Llevábamos años luchando para evitar el cierre de Almaraz, pero ha bastado una convocatoria electoral para que aparezca la ‘reflexión energética’. Milagros de la democracia. Ahora, el Gobierno de Sánchez recoge cable y encima quiere fabricar un relato. Yo me conformo con que nuestra central nuclear siga funcionando y las miles de familias que dependen de ella tengan futuro».

Es improbable que el CSN se pronuncie antes del 21-D; por tanto, para entender qué influencia puede tener el futuro de Almaraz en las elecciones autonómicas, basta con imaginar dos escenarios. El más probable es el actual, que el Gobierno continúe sin «mojarse», apelando únicamente al informe del CSN, o que se pronuncie en contra de la prórroga. Si es así, la «no decisión» del Gobierno sobre Almaraz podría perjudicar directamente al PSOE de Extremadura. Ya en las elecciones autonómicas de 2023, los socialistas perdieron fuerza en buena parte de los municipios que dependen de la central. Con el cierre aún más cerca, lo lógico es pensar que tendría un efecto directo en las aspiraciones de Miguel Ángel Gallardo, ya por sí debilitado ante la cita electoral.

El otro escenario es que el Gobierno, casi de repente, se manifieste a favor del futuro de Almaraz. Eso podría reducir el impacto para los socialistas. Sea como sea, sobre el papel, parece que la situación de incertidumbre en torno a Almaraz podría favorecer electoralmente al PP de Guardiola y, también, a Vox, que se ha mostrado siempre radicalmente a favor de la continuidad nuclear.

Aparece Sumar

Por si fuera poca tensión, la encrucijada añade otro actor. El ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, instó ayer al conjunto del Gobierno a «no ceder a las presiones» para alargar la vida de las centrales nucleares y a mantener el calendario de cierre tal como tienen firmado el PSOE y Sumar.

«El calendario de cierre de las nucleares no se toca», dijo en declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona. Urtasun remarcó que el Gobierno «tiene que mostrarse firme ante las pretensiones del oligopolio energético y mantener el calendario de cierre de todas las nucleares tal y como está previsto» y, como recordó, está firmado por Sumar y el PSOE en su acuerdo de gobierno.

«Haremos un cierre de las nucleares planificado, seguro, ordenado y justo socialmente, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035, continuando los instrumentos ya desarrollados en la Estrategia de Transición Justa», rezaba el acuerdo.

Esto supone una presión añadida para Transición Ecológica. Por si fuera poco, el ministro enfatizó que desde Sumar van a ser exigentes, y dijo que «si se modifica el calendario de cierre de las nucleares se va a poner en riesgo las necesarias inversiones en energías renovables» que España necesita en los próximos años. Es decir, además introduce en la ecuación a las tecnologías verdes que tantos quebraderos de cabeza están dando desde el apagón de abril.

Por lo que respecta al proceso, de la entrada en escena del CSN pueden salir tres escenarios. El primero, favorable para las empresas, es que estimen que todo está en orden, y que pueden seguir operando. El siguiente escenario, también favorable, podría no ser tan positivo para las empresas, y sí para el Gobierno, puesto que el CSN podría valorar que las centrales sigan operando pero con ciertos condicionamientos; sobre todo, de carácter económico —como mayores inversiones en seguridad— que provoque que las dueñas no estén por la labor de mantener abiertas las centrales y, por tanto, se ajustarían al calendario de cierre actual que empieza en 2027. En este escenario, además, le permite al Ministerio para la Transición Ecológica no tener que pronunciarse sobre el asunto. Por último, puede que el CSN diga que no hay viabilidad técnica, las centrales se cierran, y el Gobierno sale como ganador por cumplir su programa.