En 2026 los autónomos estarán obligados a usar un software de facturación certificado. También las empresas. Pero ni pequeñas empresas ni profesionales parecen tenerlo muy claro.

Solo un 8% autónomos y pymes ha implementado el sistema electrónico de facturación VeriFactu a 60 días de su puesta en marcha, mientras que el 15% se encuentra en fase piloto y el 16% asegura contar con un plan con fecha definida. Así se extrae del Observatorio TeamSystem: Radiografía y diagnóstico de pymes, autónomos y asesorías realizado por Ipsos para TeamSystem y recogido por Europa Press.

VeriFactu es la modalidad que permite el envío automático del registro de facturas a la Agencia Tributaria (AEAT) en el momento en que se generan.

El organismo, dependiente de Hacienda, marca como fecha límite para su implantación el 1 de enero de 2026 para casi 2,5 millones de pymes y, a partir del 1 de julio, para 2,1 millones de autónomos.

A escasos dos meses de su puesta en marcha, un 38% de las empresas no tiene un plan definido y un 24% no sabe cómo procederá. Es más, según revela el informe, el 40% de afectados desconoce cuándo entra en vigor el nuevo sistema.

Nueva obligación de facturación electrónica

A partir de 2026 empresas y autónomos deben contar con un software certificado, que cumpla los requisitos del reglamento de la Ley Antifraude.

El objetivo es contar con un sistema de facturación homogeneizado que impulse la digitalización de estos profesionales y reduzca el fraude fiscal.

Los nuevos requisitos que deben cumplir los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) deben permitir  generar y guardar facturas en formato digital, además deincluir un código QR tributario y conectarse con la Agencia Tributaria para remitirle la información.

En este escenario, VeriFactu es el sistema impulsado por la Agencia Tributaria que permite cumplir con estos requisitos de trazabilidad, integridad y cumplimiento fiscal al remitir automáticamente y en  tiempo real las facturas a Hacienda.

Ahora bien, el organismo también permite adoptar  sistemas No Verifactu, sin envío voluntario, pero con controles reforzados para garantizar inalterabilidad, trazabilidad y conservación. Es decir, no envían las facturas directamente al fisco, pero cumplen con los requisitos que se demandan en caso de requerimiento de Hacienda. Lo que permiten estos sistemas es que una vez emitidas las facturas no se puedan modificar para evitar el fraude.

¿A quién afecta?

La factura electrónica no afecta a todas las pymes y autónomos. Su uso será obligatorio principalmente en las operaciones B2B (Business to Business).

Por tanto, deberán adaptarse a este sistema autónomos y pymes que facturan a otras empresas o profesionales. No estarán obligados, en cambio, quienes facturen a particulares, como bares, peluquerías o pequeños negocios que emiten tickets a clientes finales.

En cuanto a los plazos, será obligatorio desde el 1 de enero de 2026 para empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades y desde el 1 de julio de 2026 para autónomos y pequeñas empresas.

Atendiendo al informe realizado por Ipsos, la falta o el retraso en la adaptación a estos requisitos son principalmente «económicas y de capacitación». Hasta el 31% resalta los costes de implantación, el 19% a la formación del personal, mientras que un 13% apunta a la falta de tiempo y la incertidumbre normativa.

Riesgo de sanciones

A pesar de que el 49% de las pymes y autónomos se declara muy o bastante preocupado por las sanciones previstas, el 54% reconoce conocer poco o nada de la nueva normativa obligatoria, un dato que, resulta «preocupante» y refleja la «necesidad» de impulsar la información y el grado de concienciación.

A este respecto, cabe tener en cuenta que llegado el plazo de cumplimiento, trabajar con un software de doble uso o con uno que no esté adaptado puede conllevar multas de hasta 50.000 euros por cada ejercicio fiscal.

A pesar del elevado coste de estas sanciones, un 40% de los encuestados desconoce cuándo entrará en vigor la facturación electrónica, el 43,5% considera insuficientes los plazos para la aplicación del nuevo sistema y el 34,8% cree que Hacienda no ha informado convenientemente, lo que ha provocado retraso en la aplicación con solo un 8% de las pymes y autónomos en proceso de inicio de pruebas.

Para evitar problemas o sanciones inecesarias,  la Agencia Tributaria ha comenzado a enviar cartas a los afectados. En concreto estas misivas se dirige a empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades y no están acogidas al Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), el sistema por el que las empresas remiten a Hacienda sus libros registro de IVA.