La juez de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha citado a declarar como testigos al secretario general del PP valenciano y portavoz ‘popular’ en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, … y al dueño del restaurante El Ventorro de Valencia, donde comió el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, aquella trágica jornada. Pérez Llorca está en todas las quinielas para suceder a Mazón al frente del Gobierno autonómico tras su dimisión.
En un auto dictado este miércoles, la magistrada pide también la comparecencia -todavía sin fecha- de cinco personas del núcleo duro de Mazón: el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez; y el asesor del jefe del Consell, Josep Lanuza.
Lo hace a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso. La magistrada justifica la necesidad de practicar estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que efectuó con algunos de estos cargos -Pérez Llorca, Cuenca, García y González- la exconsellera imputada Salomé Pradas -responsable de las emergencias- «al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi» de esa tarde, el órgano que dirigía la crisis.
También considera que son pertinentes las declaraciones destinadas «a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran» y las enfocadas «a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados». El procedimiento judicial está abierto por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia.
La instructora ha cruzado el registro aportado por Pradas a la causa con el listado telefónico -de elaboración propia- que Mazón remitió a las Cortes Valencianas y ha comprobado como algunas de ellas siguen un orden cronológico y se producen de forma intercalada. Es decir, cuando Pradas no conseguía hablar con Mazón, llamaba a alguno de sus colaboradores. También lo hizo tras conversar con el presidente. Del mismo modo, Mazón llamó a Pradas inmediatamente antes o después de contactar con alguien de núcleo duro.
A Pérez Llorca, indica la juez, «la investigada le atribuye un vínculo, una cercanía» con el presidente de la Generalitat, «hasta el punto que en sus contactos telefónicos recibe el nombre» de ‘Juanfran Mazón’.
Respecto a Lanuza y Gómez, la instructora señala que entraron con Mazón a la sede del 112, por lo que considera que «pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta relevante por ello para la causa», entre las 19.43 y las 20.10h, un minuto antes de lanzarse el mensaje ES-Alert a los móviles.
Rechaza identificar a los escoltas
No obstante, la instructora rechaza identificar a los escoltas del presidente de la Generalitat porque no consta que estuvieran con éste ni que pudieran oír alguna de las llamadas, si se atiende a lo declarado por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón aquel día y compareció como testigo el pasado lunes.
En cuanto al dueño de El Ventorro, la magistrada pide que se identifique a partir de lo relatado por Vilaplana, quien manifestó que «es la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban la testigo y el señor Mazón, y que incluso durante un periodo en el que el señor Mazón firmaba unos papeles que le habían sido entregados por el dueño del restaurante, éste estuvo a la espera de que se los devolviera». Cree posible que este hombre «pudiera haber escuchado alguna conversación» del presidente con Salomé Pradas.
En paralelo, a solicitud de la acusación popular que ejerce Compromís, la instructora ha acordado requerir a eldiario.es una copia de su documental titulado ‘¿Dónde estaba Mazón?’.