El Gobierno ha presentado este miércoles a los sindicatos de la funcionarios una propuesta salarial de 2026 a 2028 en la que plantea que los incrementos de sueldo anuales a lo largo de ese periodo para los 3,5 millones de trabajadores públicos se vinculen a un componente fijo y otro variable. La proposición, que desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han dado a conocer a los representantes de CSIF, CCOO y UGT, no concreta aún los porcentajes de subidas, siguiendo el esquema de negociaciones anteriores.
“Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde”, ha explicado la secretaria de Estado, Consuelo Sánchez Naranjo.
En materia retributiva, Sánchez Naranjo les ha trasladado que el objetivo es establecer ese marco plurianual e incorporar, además, un conjunto de mejoras organizativas. Todo, con el objetivo de «seguir avanzando en la consolidación de derechos de los empleados públicos». En el encuentro de hoy, se ha pactado un calendario de reuniones para ir trabajando en un texto que pueda ser llevado a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en cuanto sea posible. La secretaria de Estado ha tomado nota, además, de las principales reivindicaciones planteadas por los sindicatos y se ha comprometido a estudiarlas.
Según explican desde CSIF, sindicato mayoritario de funcionarios, el Ejecutivo se compromete a que el texto incluya de forma «claramente diferenciada» la subida que se establezca para 2025, un ejercicio en el que los sueldos de los empleados públicos permanecen congelados. Además, se negociarán cuestiones en materia de empleo público y de mejora en las condiciones laborales.
En el departamento que dirige Óscar López han convocado a los representantes de los funcionarios a un nuevo encuentro el próximo martes, 11 de noviembre, a las 13 horas. Una reunión en la que empezarán a negociar las materias relacionadas con el empleo público. La cuestión de los salarios se abordará, como muy tarde, del 19 de noviembre y se dedicará un capítulo especial a la subida pendiente para este año, que los sindicatos exigen que sea retroactiva.
«CSIF valora de manera positiva el inicio del acuerdo, pero exigimos que la subida de 2025 sea inmediata y con efectos retroactivos a enero de este año», sostienen desde el sindicato. Las movilizaciones pactadas por los representantes de los trabajadores dependerán del avance y resultado de la negociación, explican a La Información Económica fuentes sindicales.
Por su parte, desde Comisiones Obreras han trasladado que la subida salarial debe superar el IPC y han reclamado que se recupere el empleo perdido, culminar los procesos de estabilización (para que los interinos puedan consolidar su plaza), rejuvenecer las plantillas y que se reviertan los recortes en las condiciones laborales de los años 2010 y 2012. El sindicato ha suspendido las movilizaciones, pero ha advertido de que las retomarán si la oferta es insuficiente.
Desde UGT han insistido en que es imprescindible que se pacte una subida específica para 2025, que queda fuera del marco plurianual 2026-2028, y exigen que esta sea retroactiva a uno de enero. «Es una premisa fundamental. Lo contrario sería aceptar una congelación salarial para tres millones y medio de empleados públicos, a lo que el sindicato no está dispuesto».
Los puntos del anterior pacto salarial
El anterior acuerdo salarial, que también se fijó para varios años (de 2022 a 2024) fue sellado por el Gobierno y por CCOO y UGT (CSIF no lo consideró suficiente). El texto también un incremento salarial fijo y otro variable, de forma que en total se aseguraba una subida mínima del 6,5%, que podía alcanzar el 9,5% en función de variables vinculadas al IPC y al avance del PIB recogidas en las cláusulas de revisión.
Así, en 2022 la subida fija fue del 2%, más un 1,5% variable; en 2023, el alza fija fue del 2,5% y se le incorporó una parte variable del 1%; mientras que para 2024, el incremento fue del 2 % y a ese porcentaje se sumó otro 0,5% adicional.
Sin embargo, esas mejoras retributivas no impidieron que los empleados públicos perdieran poder adquisitivo. Mientras que las subidas acumuladas alcanzaron el 9,8%, los precios del consumo crecieron un 12,5% en ese periodo. Los funcionarios son uno de los colectivos que peor han capeado la crisis inflacionaria. Su retribución ha crecido por debajo de la del conjunto de los asalariados (que creció aproximadamente un 12% en el mismo periodo) y de los pensionistas, que tienen blindada su renta tras la última reforma.