El pasado lunes, cuatro trabajadores de la empresa Horus Desokupa se presentaron en el número 7 de la calle Mena del conflictivo barrio de San Francisco, en Bilbao. Su objetivo era claro: solucionar un conflicto con un inquilino, un inmigrante marroquí, que no pagaba. Los hombres vestían de negro. Pelo corto, algún tatuaje, cruz de Borgoña, bandera de España.
Mientras los ‘mediadores‘ llevaban a cabo las negociaciones, varios vecinos comenzaron a arremolinarse en torno a la puerta.
Arriba estaba el cliente contratante, Josu Álvarez Pérez, un etarra condenado en 2006 por pertenencia a organización criminal, acompañado de los desokupas; discutían con su inquiokupa, de origen magrebí, que había convertido la casa de Álvarez en una suerte de «piso patera».
La Ertzaintza durante la intervención de Horus Desokupa.
Horus Desokupa
Cedida
Según el sindicato de vivienda Azet, había un contrato de alquiler en vigor, por lo que consideraron que se trataba de un intento de «desalojo ilegal«. El propietario quería vaciar la casa sin recurrir a los cauces legales ni a la vía judicial.
Sin embargo, director de Horus Desokupa, Rafael González, niega la mayor en conversación con EL ESPAÑOL.
«El motivo del desalojo vino porque el inquilino de mi cliente dejó de pagar la habitación y porque metía a la gente que le daba la gana. Un día se encontró en el salón a siete marroquíes durmiendo. Encima que no pagaba, introducía a quien le daba la gana. Hasta cambió la cerradura, lo cual es ilegal si tienes alquilada sólo una habitación, que era su caso».
Y añade: «Nosotros actuamos como mediadores. Nuestro cliente estuvo presente en todo momento. De su pasado no puedo responder, pero sí aseguro que se comportó como un caballero y que acabaron insultándole igual que a todos nosotros».
Su pasado etarra poco importó. Al menos 90 personas ya estaban preparadas en la calle para tratar de frenar la desokupación. Hubo tensión. Empezaron los gritos de ‘nazis fuera’.
«Nos dijeron de todo menos guapos», añade González. «A mi equipo les tiraron piedras. Los llamaron fascistas, cosa que no somos. Llevamos la bandera de España, la de Andalucía y la cruz de Borgoña, que son emblemas nacionales, pero no usamos ni una sola simbología nazi», justifica.
«Empezaron a increparnos, a insultarnos. Nos dijeron que nos fuéramos a nuestro país. Gente que ni era de España. ¡Que nos fuéramos a Murcia! Nos dijeron que nos iban a matar«, añade Juan Carlos, gerente de Horus Desokupa, quien sí estuvo en el operativo.
Al final, la Ertzaintza tuvo que intervenir: desplegó a una veintena de agentes que acabaron haciendo las veces de escolta a los desokupas tras acabar su trabajo. «Nos dijeron que no teníamos por qué irnos, que lo que hacíamos era perfectamente legal. Luego nos acompañaron al parking, pero no fuimos corriendo en ningún momento. Salimos con la cabeza bien alta».
El sindicato Azet, en su escueta respuesta a este diario, asegura que «no hubo desalojo» y que «gracias a la presión del barrio se consiguió echar a la empresa de desokupación». Sin embargo, Horus afirma que no hubo a nadie a quien echar porque Josu Álvarez «llegó a un acuerdo con su inquilino» mediante la intermediación de la abogada sindical.
El equipo de Horus Desokupa durante su mediación en Bilbao.
Horus Desokupa
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Un pasado en ETA
Según han adelantado medios locales como El Correo, el propietario contratante de los servicios de los desokupas era Josu Álvarez Pérez, un conocido de la justicia. Se trata de un exmiembro de ETA que fue condenado en 2006 a 8 años de prisión –reducidos a 6 por un trastorno psiquiátrico– por pertenencia a la organización terrorista.
Nacido en 1971 en Vizcaya, fue en su momento un alto cargo de Gestoras Pro Amnistía, una organización de apoyo a los presos de ETA que fue ilegalizada por sus vínculos con la banda.
Álvarez fue detenido el 29 de septiembre de 2004 junto a otras cuatro personas en una operación policial que buscaba desmantelar una célula de ETA encargada de facilitar tanto el retorno a España de activistas terroristas como su huida a Francia.
«Nosotros no lo sabíamos», replica Juan Carlos. «A nuestros clientes no les preguntamos a quién votan. Yo, personalmente, si llego a saberlo, no lo hubiera hecho, pero también creo que lo que él pide es algo legal y está en su derecho«.
Los desokupas sí que se olieron algo: «Cuando empezó a negociar con la abogada de esta plataforma pro okupación, me dio el tufo de que podía ser de la kale borroka. Por el aspecto. Los pendientes, la edad, la forma de hablar. ‘No sabéis quién soy’, les decía. Eso sí: hay que reconocerle que le echó huevos en todo momento».
Tras la intervención de Horus Desokupa, Josu Álvarez fue increpado y amenazado por los vecinos. Se defendió diciendo en euskera que «no sabía que eran ultras» y que recurrió a ellos porque «en Euskadi no existe ninguna firma de estas características».
Efectivamente, Horus Desokupa es una empresa constituida en noviembre de 2024 con sede en Talavera de la Reina, Toledo. De hecho, los cuatro miembros que intervinieron en Bilbao llegaron en coche y lo introdujeron en un parking cercano.
El único socio y administrador del negocio es Rafael González Romero, un malagueño de 46 años y exportero de discoteca con una condena previa que también dirige otra empresa dedicada al mismo ámbito llamada DS.
La empresa no tiene relación orgánica con la mediática empresa Desokupa, fundada por Daniel Esteve, pero forma parte del ecosistema de empresas que han copiado su modelo de negocio.