Todas las plataformas de internet se parecen unas a otras, especialmente en su manera de decaer. Según el periodista y activista digital canadiense Cory Doctorow, la secuencia se repite una y otra vez: primero son buenas con los usuarios, ofreciendo los mejores resultados de búsqueda (Google), la manera más eficaz de conectar con amigos sin ser espiados (Facebook), o los productos más baratos (Amazon). En segundo lugar, se olvidan de los usuarios y pasan a concentrarse en los intereses de sus clientes empresariales, traficando con nuestros datos para venderles espacios publicitarios que empeoran drásticamente nuestra experiencia de uso. Hasta que su poder monopolístico y los efectos de red les permiten maltratar también a esos clientes, alterándoles unilateralmente el contrato con aumentos de tarifas y reducciones de servicios prestados.

Doctorow lleva escribiendo sobre el proceso desde 2022, cuando para describirlo acuñó el término enshittification —término que podría traducirse como enmierdamiento—, declarado palabra del año por la American Dialect Society en 2023. El neologismo también da título al último libro de Doctorow, preseleccionado por Financial Times para la lista de las mejores publicaciones de negocios de 2025, donde analiza las razones que llevan a las plataformas a cumplir con esta secuencia decadente. No es algo que dependa de la virtud o maldad de las personas a cargo de estas plataformas, explica a EL PAÍS durante una entrevista telefónica, “sino algo que ocurre una y otra vez porque las reglas del juego que hemos creado lo permiten, les invitamos a hacer las cosas mal, y ellos responden a nuestra invitación haciendo las cosas mal”.

Entre las reglas del juego que según Doctorow permiten esa decadencia figuran las leyes que vetan cualquier intento de mejorar aplicaciones o dispositivos que incluyan software bajo el pretexto de que hacerlo atenta contra la propiedad intelectual del creador. Son esas leyes de propiedad intelectual las que vuelven ilegal modificar un teléfono inteligente para que acepte apps de tiendas alternativas al monopolio oficial, las que impiden que los conductores de los delivery adapten la aplicación para que no aproveche su vulnerabilidad ofreciéndoles cada vez menos dinero por envío, o las que prohíben hackear la app de Facebook para quitarle la molesta publicidad.

Como sede de las principales empresas tecnológicas, Estados Unidos ha sido también el gran impulsor de estas leyes de propiedad intelectual, imponiéndolas en los socios con los que ha firmado tratados comerciales. Pero en una coyuntura donde esos tratados comerciales están siendo alterados de manera unilateral por la Administración de Trump, la vigencia de estas leyes de propiedad intelectual podría ser lo próximo en caer, dice Doctorow, que lo vincula al momento Putin que vivió la Unión Europea tras la invasión a gran escala de Ucrania.

“En la Unión Europea también había un montón de reglas que dificultaban la transición hacia la energía solar, pero cuando ocurrió la invasión [y se redujo drásticamente la llegada de hidrocarburos por gasoductos] se hizo evidente que esas reglas eran menos importantes que garantizar la independencia energética, así que muchas regulaciones se levantaron y ahora Europa va 10 años por delante de lo que había pronosticado en sus objetivos de transición energética”, explica. “En EE UU tenemos ahora a Trump, que puede usar las empresas tecnológicas estadounidenses para ejercer presión sobre gobiernos y empresas europeas a los que ve como rivales, y eso crea una oportunidad para impulsar la soberanía tecnológica de Europa”.

En opinión de Doctorow, la dependencia tecnológica de Estados Unidos es una apuesta cada vez más arriesgada. La emisora de radio France Info publicó en octubre un informe sobre el magistrado francés Nicolas Guillou, que en la Corte Penal Internacional (CPI) preside una cámara sobre Palestina y ha perdido el acceso a sus cuentas personales en Amazon, Airbnb, Netflix, y Paypal, por las sanciones que la Administración de Trump impuso a la CPI tras la orden de arresto contra el premier israelí Benjamín Netanyahu. Antes de eso, la agencia de noticias Associated Press ya había publicado un artículo sobre la interrupción del servicio de correo de Microsoft a Karim Khan, el fiscal jefe de la CPI.

“Esto es una amenaza implícita a todos los gobiernos: si no te sometes a Trump, sus tecnológicas te cortan las piernas”, dice Doctorow. Claro que, para salirse de esa dependencia, lo primero que hay que hacer es crear instrumentos que permitan la exportación de los contenidos, actualmente en los servidores de esas mismas tecnológicas, lo que en muchos casos solo podría hacerse vulnerando las leyes de propiedad intelectual. “Por eso creo que la oportunidad de dejar sin efecto esas leyes va a surgir en un futuro muy próximo, la gente se va a dar cuenta de que es imposible tener soberanía digital si las mantenemos”, explica.

Otra regla que, según Doctorow, ha espoleado la enshittification de las plataformas es el olvido de las leyes que nos protegían contra la formación de grandes monopolios. Desde la época de Ronald Reagan ha imperado la visión de maximizar el beneficio del consumidor, tolerando los monopolios siempre y cuando redundasen en una bajada de precios (popularizada por Robert Bork en su libro de 1978 The antitrust paradox). El problema, dice Doctorow, es que los monopolios provocan otros perjuicios, aunque el precio de su producto sea igual a cero, como ocurre con muchos servicios de internet.

Condiciones leoninas

Uno de ellos es que estos monopolios tienden a convertirse en monopsonios, compradores casi únicos que ejercen una presión desmedida sobre las empresas y autónomos que necesitan las plataformas para acceder a sus usuarios. Desde los márgenes leoninos que cobran a las empresas que desean participar en la plataforma (los anunciantes y los que ofrecen productos o servicios, por ejemplo) hasta las condiciones esclavizantes que imponen a sus autónomos (riders y conductores).

En opinión de Doctorow, centrarse solo en el precio de los bienes y servicios es olvidar que los consumidores también son trabajadores o dueños de empresas pequeñas y necesitan las plataformas para sobrevivir. “Si se estancan los salarios y sus ingresos, cuando se acabe el consumo financiado por deuda vas a terminar teniendo un problema de consumo también”. La buena noticia, dice, es que esta laxitud en el ejercicio del derecho de la competencia también podría estar terminando. “En el conjunto de la UE, en Corea del Sur, en Japón, en Singapur o en Canadá empiezan a verse acciones vigorosas para defender el derecho de la competencia”, explica. “Esto es un movimiento que no ha sido liderado por los políticos, sino que los políticos se han limitado a seguir”, concluye.