Los gobiernos de la Unión Europea pactaron esta semana, en los días previos a la cumbre del Clima, continuar el rumbo hacia una reducción de emisiones del 90 por ciento en 2040 respecto a las cifras de 1990 en medio de unas negociaciones especialmente complejas por las crecientes reticencias de países como Eslovaquia, Hungría, Polonia o Italia (no fue el caso de España, que abogaba por dejar intactos los objetivos climáticos). El pacto, que aún tiene que recibir el visto bueno del Parlamento europeo, establece también los objetivos para 2030 y 2035 hasta llegar al cero emisiones de 2050 con la perspectiva de nuevas normativas y regulaciones que implicarán a todo el tejido productivo.

Los países más reacios lograron algunas concesiones, como mecanismos para «flexibilizar» los objetivos y la posibilidad de compra de emisiones en terceros países de hasta el 5% de las emisiones europeas. Las metas, sin embargo, se mantienen y algunas de las medidas más ambiciosas, también. Entre ellas, la próxima entrada en vigor del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE para los edificios y el transporte por carretera. Los socios plantearon una disposición para aplazar un año su puesta en marcha, de 2027 a 2028, pero la normativa se mantiene e implicará para ciudadanos y pequeñas empresas un sobrecoste que ya sufren las grandes compañías y sectores como la aviación.

El régimen ETS2, por sus siglas en inglés, fue creado en 2023 con el objetivo de incorporar al mercado de los derechos de emisión (los sectores que tienen que pagar por el CO2 que emiten) sectores aún exentos, con el fin de reducir las emisiones globales de la UE. Se incorporarán a este sistema los edificios (lo que implicará castigar el uso de combustibles fósiles para los sistemas de calefacción), el transporte por carretera y las pequeñas empresas. En los primeros años, se establece un tope de 45 euros al precio de los derechos de emisión. En 2030, sin embargo, ese techo desaparece.

La UE justifica la medida en que el sistema incentivará las inversiones en rehabilitación de edificios (uno de los grandes objetivos verdes europeos) y en movilidad verde pero admiten el impacto en el bolsillo de los ciudadanos, avanzando la creación de un Fondo Social para el Clima destinado a microempresas y hogares vulnerables. Éste será sufragado con los 300.000 millones que recaudará la UE entre 2028 y 2032, una mera estimación porque es imposible adivinar en qué cota se situarán los derechos de emisión.

Para el ciudadano y el pequeño empresario, la implantación de esta nueva regulación se notará en dos de sus principales facturas energéticas: la del gas y la del llenado del depósito de sus vehículos. Hasta 2030, con el precio «topado» de los derechos de emisión, se pagarán, según cálculos del Foro Industria y Energía, 8,55 euros más por cada MWh de gas consumido y a partir de ese año subirá sustancialmente. Estiman que para aquellas pequeñas industrias con procesos que requieran de altas temperaturas, como las químicas, el impacto anual puede alcanzar los 8.550 euros en los primeros años de implantación.

Fuentes del sector señalan a LD que el problema central no es el momento de la implantación sino «la estructura del sistema»: el efecto se multiplicará a partir de 2030 porque es cuando se retira el tope de 45 euros/tCO2. Sin ese «freno de emergencia», el coste para el MWh de gas se ajustará plenamente a los precios de mercado y sólo se pueden hacer estimaciones del impacto, que varían en función de los vaticinios de cada institución. Las del Foro Industria y Energía toman como referencia las del Banco Central Europeo, que contempla tres escenarios que dejarían costes adicionales de entre 26,6 euros por MWh en el escenario más optimista hasta 42,75 euros por MWh, en el más exigente, con un impuesto al carbono de 225 euros por tCO2 y sin medidas de compensación.

Gasolina y diésel más caros

En cuanto al impacto en los depósitos de los vehículos, y tomando como base los 45 euros/tCO2 iniciales previstos entre 2027 y 2030, sería de unos 12 céntimos por litro de diésel y unos 10,5 céntimos por litro de gasolina. Desde el sector explican que un litro de diésel emite aproximadamente 2,67 kilos de CO2 y el coste sería hasta 2030 de 4,5 céntimos por kilogramo de CO2, mientras que un litro de gasolina emite unos 2,34 kilos de CO2. Otros cálculos sobre el efecto del régimen ETS2 ejemplifican con el depósito de un Volkswagen Polo: llenarlo costará unos siete euros más.

A partir de 2030, como en el caso del gas, habría que multiplicar los factores de emisión de gasolina y diésel por el precio del carbono en cada escenario, un impacto que «se trasladará directamente a los transportistas y consumidores».