El juicio al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos entra en punto muerto tras sus primeras tres jornadas al no encontrar la prueba o las pruebas que acrediten que Álvaro García Ortiz filtró a los medios de comunicación el email del abogado de Alberto González Amador dirigido a la Fiscalía en el que éste reconocía «ciertamente» que había cometido «dos delitos contra la Hacienda Pública».
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzó a ser investigado en 2024 por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas. Su abogado remitió un correo electrónico el 2 de febrero de ese año para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal en el que González Amador reconocería los hechos delictivos y se conformaría con una determinada sanción penal para evitar ir a juicio. El fiscal que abrió las diligencias le respondió manifestando que tomaba nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”.
Pese a todo, la Fiscalía denuncia al novio de Ayuso y el 12 de marzo los medios ya publicaron las primeras noticias sobre este presunto fraude fiscal. Para contrarrestar dichas informaciones que podrían afectar directamente a la presidente madrileña, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ayudó al «ciudadano» González Amador filtrando a los medios el email de la Fiscalía en el que parecía mostrar una postura favorable a buscar un acuerdo. Esto ayudó a la mano derecha de Ayuso a difundir de forma tergiversada que la oferta de pacto había partido de la Fiscalía y que se había frustrado “por órdenes de arriba”.
Miguel Ángel Rodríguez atiende a los medios a la salida del Tribunal Supremo este 4 de noviembreEuropa Press via Getty Images
Cuando este bulo comenzó a publicarse en diferentes periódicos, otros medios como LaSexta o la Cadena SER publicaron el contenido (que no el pantallazo) de ese primer email del abogado de González Amador en el que admitía los delitos fiscales y pedía el pacto. Además, la información de la SER añadía: «La Fiscalía de Madrid prepara un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas».
En efecto, el fiscal general habló esa noche con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para conseguir la cadena de emails entre el abogado de González Amador y la Fiscalía y poder sacar esta nota aclaratoria que acabó viendo la luz el día siguiente. «El único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024», se señalaba en dicho escrito.
Un «dilema moral»
El novio de Ayuso se querelló posteriormente al entender que se habían publicado datos personales sobre él. Lo que hizo que el asunto acabara llegando al Supremo, donde se señaló tras la fase de instrucción que la filtración del correo de 2 de febrero a la prensa, «que contenía información reservada y que no debía publicarse», y su posterior inclusión en la nota informativa, «fue una actuación coordinada e impulsada personalmente» por García Ortiz.
La discutida acusación contra el fiscal general del Estado se basa principalmente en que éste recibió el correo antes de que se publicara por la prensa; y que borró el contenido de sus dispositivos electrónicos. Sobre lo primero, diferentes periodistas con acreditada experiencia profesional han asegurado en esta primera semana del juicio que tuvieron conocimiento de este email horas e incluso días antes de que lo pidiera el fiscal general. «Tengo un dilema moral porque hay una persona a la que se le pide cárcel y yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente», asegurabó el periodista José Precedo, de eldiario.es. El tribunal, sorprendentemente, interpretó esta declaración como una «amenaza». Cabe recordar que en la fase de instrucción, el juez Hurtado insinuó que los testimonios de los periodistas no eran veraces porque estarían intentando proteger a su fuente; esto es, el fiscal general.
Sobre el borrado del teléfono, la fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo, Esmeralda Rasillo, reconoció que no existe un protocolo para el borrado de teléfonos en la Fiscalía, pero aseguró que Álvaro García Ortiz ha cambiado de teléfono cada año desde que es el jefe del Ministerio Público. Es decir, no borró su teléfono con el ánimo de destruir pruebas en lo relativo a esta investigación, sino que forma parte de un protocolo personal para evitar la filtración de datos sensibles.
A falta de una prueba concluyente que vincule al fiscal general con la filtración del email, el interés del juicio ha virado a otras cuestiones, como el cruce de versiones y de reproches entre varios representantes del ministerio público. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, aseguró que sospechó del fiscal general desde el principio como autor de la filtración y lamentó que se difundiera la nota del día posterior. Mientras, la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, respaldaron la actuación de García Ortiz.
Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Tribunal SupremoEFE
También fue llamativa la singular declaración de González Amador, que aseguró mirándole directamente que el fiscal general le había «matado públicamente». «Pasé a ser el delincuente confeso de España». Y terminó con un helador: «O me voy de España o me suicido».
Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, ahondó en su bulo reafirmándose sin pruebas en que «desde arriba» frenaron el posible acuerdo con la Fiscalía. «Yo soy periodista y trabajo en política. No soy un notario que necesite ninguna compulsa», despachó el asunto. Pero Carlos Neira, el abogado de González Amador, negó por su parte haber dicho a su cliente que el pacto de conformidad que intentaba cerrar con la Fiscalía para evitar la cárcel se había frustrado por «órdenes de arriba». «A mí la Fiscalía esa afirmación no me la hizo», dijo.
El juez Hurtado también deslizó durante la instrucción la posibilidad de que Moncloa cooperara en la filtración del email para destruir políticamente a Isabel Díaz Ayuso. La sala de apelaciones le corrigió por unanimidad, pero tanto la exjefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, como el exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, negaron esta semana que dicho correo les llegara procedentes de la Fiscalía o de Moncloa. Otro vía de investigación que acaba encallando, de la misma manera que se resiste a salir la prueba que ‘condene’ a García Ortiz por la supuesta filtración del email.
El juicio, no obstante, continúa esta próxima semana. El martes 11 de noviembre declararán otros seis periodistas y el miércoles 12 será el turno de los agentes de la UCO y del propio García Ortiz, que hasta ahora sólo se ha pronunciado en el juicio para declararse inocente.