Congreso de los Diputados, Madrid

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Señoras y señores diputados. Buenos días.

Como ha dicho la presidenta comparezco en esta Cámara para hablar de cuatro cuestiones que son enormemente relevantes. La primera, las decisiones tomadas en el Consejo Europeo del pasado 23 de octubre. La segunda, la situación legislativa. La tercera, los avances que está realizando el Gobierno en materia de lucha contra la corrupción. Y, por último, la cuarta, el estado de los servicios públicos en determinadas comunidades autónomas.

Si me permiten, empezaré por la primera de ellas, es decir, Bruselas. El último Consejo Europeo ha supuesto un hito importante en nuestra historia comunitaria, porque en él por primera vez la vivienda ha entrado en la agenda europea. Y lo ha hecho no por casualidad ni por inercia. Lo ha hecho gracias, entre otros gobiernos, al Gobierno de España y también a la familia política a la que pertenezco, la socialdemócrata, que tengo también el honor de liderar. Porque fuimos los socialistas quienes exigimos en el año 2024 la creación de una comisaría, es decir, de un ministerio, para entendernos en términos coloquiales, que los ciudadanos nos entiendan. Una comisaría europea específica de vivienda. Han sido y son alcaldes progresistas como el alcalde de Roma, la alcaldesa de París, junto con otros muchos liderados por el alcalde de Barcelona, el alcalde socialista llama Jaume Collboni, quienes sitúan la crisis de la vivienda como un problema europeo que, por tanto, exige de respuestas comunitarias. Y somos los socialistas quienes hemos hecho posible la puesta en marcha de un Plan europeo de vivienda asequible que pronto verá la luz, tal y como nos ha anunciado la Comisión Europea.

Este debate, señorías, es relevante. Lo es porque la crisis de la vivienda exige de políticas públicas también a nivel europeo. La política neoliberal de no intervención, de dejar hacer exclusivamente a las fuerzas del mercado lleva décadas naufragando, no solamente en España, sino también en otras muchas partes de Europa que sufren el alza de los precios de la vivienda. Y ahí están los resultados. El 60% de la desigualdad que se sufre en nuestro país trae causa de la imposibilidad de muchísima gente de poder acceder a una vivienda digna. Por ello, hemos propuesto desde España, qué estamos proponiendo, tanto a nivel del Parlamento Europeo como también del Consejo a la Comisión. En primer lugar, nuevas regulaciones nuevas regulaciones a nivel europeo que permitan a los Estados miembros actuar en zonas tensionadas por el alza de la vivienda también por la tensión turística. Que se prohíba la compraventa especulativa de vivienda y por qué no, la venta a fondos buitres de vivienda protegida, tal y como estamos proponiendo desde el Gobierno de España y que se dedique también a nivel europeo una partida específica para la construcción de vivienda asequible para compra o alquiler de los más jóvenes. En definitiva, señorías, una verdadera política pública y subrayo pública de intervención a nivel europeo que haga de la vivienda el 5.º pilar del Estado del bienestar, tal y como nos hemos fijado desde el Gobierno de España durante esta legislatura.

Y esto es importante, señorías, porque los europeos sin duda tenemos que unirnos frente a la amenaza de Putin y tenemos que solidarizarnos con Ucrania. Tenemos que impulsar nuestra competitividad y también tenemos que superar las barreras arancelarias y las guerras comerciales que están abriendo otras grandes potencias en el mundo. Pero también tenemos que unirnos para resolver la crisis de la vivienda, porque, en definitiva, también la competitividad económica de nuestro continente, la cohesión social, la prosperidad económica de Europa dependen de ello.

De igual modo, los europeos tenemos que trabajar juntos para neutralizar la emergencia climática. Yo creo que esto, además, señorías, es muy importante en un país como el nuestro que está sufriendo en primera persona, en nuestras propias carnes, las consecuencias de la emergencia climática. Y evidentemente, lo sabemos, aquí también vamos a ser testigos de nuevo en este debate en la mañana de hoy, de fuerzas políticas que defienden que en el contexto actual la transición ecológica es un obstáculo para nuestra competitividad y para nuestra seguridad y que, por tanto, ante esta coyuntura lo que deberíamos hacer es abandonar nuestros compromisos con la transición ecológica, con la transformación energética y quedarnos en el ‘ahora no toca’.

Nosotros, señorías, pensamos exactamente lo contrario. Pensamos que ahora más que nunca es necesario mantener nuestra ambición, nuestra ambición de cumplir con ese objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al 90% en el año 2040 y ser neutrales desde el punto de vista climático en el año 2050, que es lo que nos hemos comprometido con la ciudadanía europea.

Creo, señorías, que todos somos muy conscientes de que la emergencia climática mata y que también empobrece en nuestras sociedades. Porque la transición ecológica es el mejor motor ahora mismo que tenemos para reindustrializar nuestra economía; para ganar competitividad; para preservar sectores que son muy importantes en nuestra economía, como es, por ejemplo, el sector agrícola o también el sector turístico; para crear nuevos empleos, como estamos haciendo, por ejemplo, con la transformación energética, y para fortalecer aquello que llamamos autonomía estratégica europea.

España es, por tanto, señorías, la viva prueba de que se puede crecer económicamente y reducir los gases de efecto invernadero como estamos haciendo durante estos últimos siete años.

Nuestra economía señorías, hoy representa el 40% del crecimiento total de la Eurozona. Hoy tenemos más de 22,4 millones de personas ocupadas y al mismo tiempo hemos reducido las emisiones de nuestro sector eléctrico en casi un 60%. Nuestra apuesta por las energías renovables nos ha permitido tener en el año 2024 un precio de la electricidad un 40% inferior al que hubiéramos tenido si hubiéramos mantenido el mix energético del año 2019. Un 40%. Esto no son abstracciones, señorías, son recursos económicos que mantenemos en las empresas, en los hogares, en los trabajadores y trabajadoras.

Y todo ello, además, tiene un efecto muy positivo porque atrae inversión, crea empleo, reindustrializar nuestra economía y esto nos está ayudando a su vez a atraer esa reindustrialización a muchos de los territorios de nuestro país que vieron durante la revolución industrial de los siglos pasados pasar ese desarrollo económico a otros territorios y no a los territorios que lo estamos viendo hoy. Y pienso en la Comunitat Valenciana, también en Extremadura o Andalucía, por citar algún ejemplo.

Por tanto, señorías, el modelo español puede ser un modelo de éxito para Europa y también para el mundo. Diez años después de los acuerdos de París, Europa es hoy quien lidera el compromiso climático. Hoy estamos viendo grandes potencias, como por ejemplo la estadounidense, que se ha apartado de esos compromisos climáticos, que se ha salido de los Acuerdos de París. Pero quiero decir con orgullo que Europa, también gracias al compromiso de España, sigue manteniendo viva la llama del compromiso climático, no solamente con las generaciones presentes, sino también con las generaciones futuras que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir en un planeta saludable.

Lamentablemente, señorías, este consenso que es científico, que es amplísimo en nuestra sociedad, incluso político entre las grandes fuerzas parlamentarias europeas, se ha roto esta misma semana en el Parlamento Europeo viendo a eurodiputados españoles del Partido Popular, en un país que sufre la emergencia climática como ningún otro en Europa, votar con la ultraderecha contra la reducción de los gases de efecto invernadero. Ese es el compromiso que tienen otras fuerzas políticas. Pero quiero decir algo. Mientras sea presidente del Gobierno, España va a cumplir con estos compromisos climáticos y lo vamos a hacer porque queremos salvar vidas. Vidas que se perdieron en Valencia. Porque queremos modernizar sectores enteros en riesgo por la emergencia climática, como el sector agrícola o también el sector turístico. Y porque queremos crear oportunidades e industria en territorios donde la revolución industrial del siglo 20 pasó de largo. Y para que los padres y madres de hoy puedan mirar a la cara de sus hijos en el mañana y decirles que nuestra generación, la suya también, señorías, la del Partido Popular y la de VOX también, hicimos todo lo posible para darles un futuro próspero. Esto es lo que defendí en el Consejo Europeo Señorías y así lo anuncié también en la Cumbre Mundial del Clima que se está celebrando en Brasil desde la semana pasada y en el Consejo Europeo también del pasado 23 de octubre.

Abordamos la cuestión palestina, una vez más, con enorme preocupación por la fragilidad del alto el fuego y las muchas incertidumbres que aún vertebran el camino hacia la paz. La posición de España en esta materia, señorías, es conocida por sus señorías y también, lógicamente creo que en el mundo entero. Porque, pese a las dudas que pueda suscitar y las suscita sin duda, hay que aprovechar la oportunidad abierta en Egipto, en Sharm el Sheij, para el encuentro y hay que confiar en los mediadores y apoyar a todas las partes. Pero también con la misma contundencia hay que exigir a Israel que abra completamente los corredores humanitarios, que respete la integridad, entre otros, del pueblo palestino, y que avance hacia la solución de los dos estados, porque esa es la única solución justa y duradera para este terrible conflicto. Y, como saben, desde el principio de esta guerra, España se ha ofrecido a albergar una Conferencia Internacional de paz que abra el horizonte de seguridad y de paz entre los pueblos de Israel y de Palestina.

Por tanto, desde el Gobierno de España vamos a ser constructivos, pero también creo que es importante subrayar que vamos a ser vigilante, porque vamos a seguir muy de cerca el proceso. Asegurarnos de que el primer ministro Netanyahu y también la banda terrorista Hamas cumplen lo pactado y vamos a seguir apoyando a la población palestina todo el tiempo que sea necesario. De hecho, les anuncio que la semana que viene el Gobierno transferirá a la Autoridad Palestina 46 millones de euros extraordinarios en ayuda socioeconómica a través de programas europeos. Porque España estará siempre con el pueblo palestino y también estará siempre con el pueblo de Israel.

Esto en lo que respecta, señorías, al 23 de octubre en Bruselas. Los resultados del Consejo Europeo.

Permítanme que aborde ahora el segundo de los asuntos de esta comparecencia, que es la situación legislativa. La situación de esta Cámara.

Nosotros, señorías, llevamos gobernando siete años este país, desde el año 2018. Y lo hemos hecho siempre en coalición y en minoría parlamentaria. Y como recordarán los ciudadanos, en circunstancias extraordinariamente extremas e inéditas. Hemos tenido que gestionar una pandemia, la mayor emergencia sanitaria de los últimos 100 años. Hemos tenido que gestionar crisis energéticas que han derivado en crisis inflacionarias con inflaciones de dos dígitos, del 10%, al inicio de la guerra de Putin en Ucrania. Hemos tenido, en consecuencia, también que gestionar crisis económicas. Recordemos cómo en los primeros meses de la pandemia tuvo que bajar el PIB como consecuencia del confinamiento en un 20% del Producto Interior Bruto. Y hemos tenido también que hacer frente a desastres naturales, por ejemplo, en la isla de La Palma. No es una opinión. Estos son hechos. Como lo es el que, ante todas estas crisis, España también ha sufrido una oposición absolutamente destructiva, sin aportar una sola propuesta, ni arrimar el hombro cuando la coyuntura o la respuesta política así lo exigía. Una oposición destructiva abonada al esperpento y también rendida a la ultraderecha.

¿Cómo, si no se puede explicar – y se lo digo a los ciudadanos que estén escuchando esta intervención- que hayan votado en contra de revalorizar las pensiones, si hay jubilados y jubiladas que también votan al Partido Popular y a Vox? ¿Cómo se puede justificar que se votara en contra de una reforma laboral acordada con los agentes sociales, que ha traído más empleo y también una caída sin precedentes de la temporalidad en el mercado de trabajo de nuestro país? ¿Qué razón hay para que se nieguen a aprobar una quita de la deuda que va a aliviar la carga financiera de aquellos gobiernos autonómicos en los que ellos están ahora mismo al frente? Porque de eso estamos hablando.

Bueno, ahora parece que hay otros grupos parlamentarios que se quieren abonar a ese bloqueo, pero por muchos argumentos que encuentren, que yo no entro en ellos, sus razones tendrán. ¿Qué motivos, qué argumentos hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños y adolescentes en los entornos digitales? ¿Qué motivos hay? ¿Qué motivos hay para que no salga adelante la Ley de familias en un país como el nuestro, que sufre un invierno demográfico y que también tiene un problema serio, grave de corresponsabilidad, de conciliación de la vida laboral, familiar y personal? ¿Qué motivos hay para que no se pueda aprobar la Ley de universalidad de la sanidad pública en nuestro país? Y así podría enumerar muchas otras iniciativas que están en tramitación parlamentaria y que, con su aprobación, aprobación, mejoraríamos la vida de nuestros conciudadanos. Porque de esto estamos hablando, señorías, de hacer política con mayúsculas al servicio de los ciudadanos, voten esos ciudadanos lo que quieran votar, piensen lo que piensen. Por eso, desde esta tribuna, señorías, apelo a los grupos parlamentarios, a ese espíritu de acuerdo, porque la suerte de mucha gente, sobre todo de gente que necesita de la acción pública, depende de lo que aquí se debate y de lo que aquí se aprueba.

Señorías, como testigo y también, desgraciadamente, como protagonista de los ataques de esta oposición destructiva desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno vengo sosteniendo la siguiente tesis. Y es que desde la crisis financiera y desde el fracaso de las respuestas neoliberales a esa crisis financiera, asistimos al colapso político intelectual de la derecha tradicional en nuestro país y en nuestro continente. Eso no significa que no tengan responsabilidad institucional, la tienen y mucha, por cierto, después de las elecciones de mayo del año 2023, pero, señorías, no hay proyecto político detrás de ese poder institucional. Hay un fracaso político, intelectual de la derecha tradicional desde la crisis financiera y la respuesta neoliberal fracasada. Todos los resultados han demostrado ser producto de mantras absolutamente equivocados, porque no es cierto que el Estado no deba intervenir en el mercado. Hay fallos que solo desde la intervención pública pueden ser subsanados. Pensemos, por ejemplo, en la crisis energética. Pensemos en la crisis habitacional que sufren muchos de nuestros jóvenes. Pensemos en el desafío del mundo ciber que tiene ante los derechos y las libertades de la mayoría de la gente o de la crisis sanitaria de la pandemia.

Todo ello, ¿qué es lo que exige? No exige una mayor regulación, pero sí exige una buena regulación. Y desde luego, lo que sí que exige, lo que es imperativo, es contar con un Estado del bienestar robusto, que cohesione y que no haga más desiguales a nuestras sociedades. Como tampoco es cierto, señorías, que las mayorías absolutas en este Parlamento traigan mayor estabilidad. No, no es así, Señorías. Son las políticas que se aprueban en esta Cámara las que garantizan que haya una estabilidad social y política en nuestro país. Ejemplos los tenemos muy recientes. Recordemos las contrarreformas del presidente Mariano Rajoy con una mayoría absolutísima en el mercado laboral, en el mercado de las pensiones o en el sistema de las pensiones, mejor dicho, o también en el sistema público de educación o de sanidad. La contestación social que se vivió en los pueblos, las calles de nuestras ciudades, fue absolutamente extraordinaria. Por no mencionar la grave crisis constitucional que se vivió en Cataluña en esos años.

Este Gobierno, señorías, con todas las dificultades posibles, ha logrado aprobar reformas que han mejorado la vida de la gente. También de los votantes de la oposición, que sistemáticamente han votado en contra de estas reformas. Por ejemplo, en materia laboral, en materia de pensiones o la educativa o sanitaria. ¿Y todo ello cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho con horas, horas, horas y horas de negociaciones interminables, de diálogo, de una clara vocación de acuerdo y no de imposición. Y ahí están los resultados, señorías, no son abstracciones. El trabajo que se ha hecho aquí, que se está haciendo aquí en estas Cortes Generales, está trayendo crecimiento económico como ninguna otra economía europea, creación de empleo como no hemos tenido durante estos últimos 25 años y reducción de desigualdad como tenemos ahora mismo, que es de las más bajas de la historia de nuestro país.

Y queda mucho trabajo por hacer en esta materia, pero lo importante, lo relevante, son los resultados, esas reformas. Y digo más, esas reformas las hemos logrado gracias al acuerdo entre sus Señorías, el Gobierno de España y los agentes sociales. Hemos logrado paz social y esa paz social, señorías. Sí. Paz social. Paz social. Y esa paz social, señorías, es uno de los principales activos de por qué ahora mismo España crece como crece, crea empleo, como crea empleo y está en la situación política que está.

Por tanto, afirmo con total contundencia que por convicción y por necesidad no ha habido en la historia de la democracia de nuestro país un gobierno tan parlamentario como el que me honro en presidir. Es así, es así. El señor Feijóo, niega… Mire, yo llevo siete años al frente del Gobierno y he comparecido más de 35 ocasiones en estas Cortes. Usted fue presidente de la Xunta de Galicia durante 13 años y solamente compareció en diez ocasiones en el Parlamento gallego. ¿Qué lecciones quiere dar usted? En fin, ¿Es mentira, señorías?, Bueno, vuelvo a la oposición destructiva que sufre, que sufre España a su colapso político intelectual. Por tanto, si no tienen proyecto, ¿qué es lo que les queda?, ¿qué es lo que les queda? Bueno, pues lo que les queda es insultar como insultan, caer en contradicciones como caen y rendirse la ultraderecha copiando sus formas y sus políticas.

Sobre insultos no recordaré ninguno, porque bastará leer mañana el diario de sesiones para saber exactamente de qué estamos hablando y a qué me refiero. ¿Contradicciones?, pues todos los días, en todas las materias. Por ejemplo, pregúntenles a los presidentes autonómicos del Partido Popular, pasados y presentes, sobre las prórrogas presupuestarias o más aún, la grave paradoja, la grave contradicción, de llevar siete años exigiéndonos unas elecciones anticipadas, pero se niegan a convocarlas en la Comunitat Valenciana después de la tragedia social, política e institucional que se ha vivido. Desde esta tribuna le vuelvo a exigir, no al señor Feijóo, porque claramente…, pero al señor Abascal, que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones, que no quieren más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo después del desastre que ustedes han traído a la Comunidad Valenciana. ¿Y rendirse a la ultraderecha? Bueno, es evidente, no solamente ustedes, señorías, también nosotros, creo que también los ciudadanos y ciudadanas de Valencia, sin luz y taquígrafos, ¿se acuerdan? «Luz y taquígrafos, señor Sánchez, queremos saber exactamente qué negocian». Bueno, sin luz y taquígrafos sobre las negociaciones del señor Abascal con el señor Feijóo que mantienen en la Comunitat Valenciana, habrá que esperar al acuerdo, si lo hay, pero ya les advierto, señorías, el Gobierno de España va a estar vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere los compromisos internacionales europeos ni la legislación vigente en materia de derechos y de libertades.

Por tanto, señorías, ahí están los datos. España funciona. España avanza gracias a un gobierno de coalición, efectivamente, el primero de la historia de la democracia; hemos abierto esa costumbre europea que desde luego España no había tenido a nivel estatal esa esa materialización. Un gobierno de coalición, progresista, en minoría parlamentaria, como ocurre en una amplísima mayoría de países europeos. Un gobierno también, por cierto, estable. Si no miren a su alrededor en otros países europeos. Y si no quieren ustedes mirar más allá de los Pirineos, pues miren, por ejemplo, en España, donde con gobiernos de coalición de derecha y de ultraderecha, después de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, también con mayorías parlamentarias en sus asambleas regionales entre la derecha y la ultraderecha, pues ni han legislado, se han roto y están haciendo retroceder en derechos y libertades en muchos de estos territorios, como posteriormente haré referencia a ello.

Por tanto, un gobierno de coalición progresista en minoría parlamentaria que lo que hace es consolidar derechos para la gente de a pie, que es la causa fundamental de nuestra acción política. Que hace de la transformación energética una palanca de desarrollo económico y territorial en nuestro país, que ve en la migración ordenada un deber moral y una oportunidad económica para el crecimiento de nuestro país. Que fortalece el Estado del bienestar, en lugar de debilitarlo como hacen otros, que apuesta por el multilateralismo y por la paz, y que no dará un paso atrás en las libertades y en los derechos de las mujeres.

Y cuando llegue la hora de las elecciones, en el año 2027, ¿este Gobierno para qué está trabajando? Está trabajando para dejar a los españoles una economía que crece sólida, con más empleo creado que el que yo me encontré en el año 2018, cuando tuve el honor de ser elegido por ustedes, por esta cámara, mejor dicho, como presidente del Gobierno, con menos desigualdad, con Cataluña plenamente normalizada gracias a la aplicación total y efectiva de la Ley de Amnistía y con unas cuentas públicas más saneadas que hace siete años. Todo ello tras haber pasado una guerra, pandemias, volcanes y una oposición destructiva.

Por tanto, paso al tercero de los asuntos de esta comparecencia, que es la lucha contra la corrupción. Como saben, esta es una lacra que, a pesar de los numerosos avances de los últimos años, sigue afectando a nuestro país. Así lo demuestran el caso de presunto cohecho y de malversación, que afecta a dos secretarios de organización del Partido Socialista, y las más de 30 causas abiertas por corrupción que tiene el Partido Popular.

La posición del Gobierno… ¿Estoy diciendo una mentira, señorías? La posición del Gobierno y de mi formación política en este sentido es meridiana y rotunda. Tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la justicia. Esta es nuestra posición. Estamos actuando en consecuencia y lo estamos haciendo, por cierto, no ahora, sino desde que llegamos al gobierno en el año 2019.

Les recuerdo, por ejemplo, que en el año 2019, dimos un paso decisivo para combatir la corrupción en el ámbito privado, ampliando la tipificación de conductas delictivas entre particulares. Que, en el año 2022, incorporamos en nuestro ordenamiento jurídico el delito de enriquecimiento ilícito e injustificado de los cargos públicos y que, en el año 2023 regulamos la protección de quienes informan sobre infracciones normativas, para garantizar el respaldo institucional a quienes denuncian prácticas corruptas. Y que, en el año 2024, pusimos en marcha un Plan de Acción por la Democracia, que incluye 31 medidas pioneras, la mayoría ya aprobadas o en fase avanzada de tramitación parlamentaria y orientadas a reforzar tres cosas: la primera, la transparencia; la segunda, el pluralismo informativo, y la tercera, el derecho a la información.

El pasado 9 de julio del año 2025, asumí un compromiso adicional en esta cámara, en una comparecencia, y es ejecutar el primer Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que se haya aprobado en la historia de la democracia de nuestro país. Un plan ambicioso, que fue elaborado conjuntamente con un organismo multilateral que es la OCDE, integrando propuestas de todos los partidos del bloque de la investidura, también de la sociedad civil y de organismos internacionales como el Greco y la propia

Comisión Europea.

Dijimos que los sacaríamos adelante antes de que acabara el año. Y lo estamos cumpliendo, señorías. Viva prueba de ello es que arrancamos septiembre con la tramitación de consulta pública del anteproyecto de Ley Orgánica, una ley que reformará normas clave, que sentará las bases del plan, que creará la Agencia Independiente de Integridad Pública de Supervisión, una de las principales demandas de los expertos y también, lógicamente, de muchos grupos parlamentarios aquí presentes.

En octubre, el Consejo de Ministros y Ministras aprobó a su vez el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, también el V Plan de Gobierno Abierto, que son dos instrumentos importantes que dotan de más transparencia a nuestro sistema y que van a ayudar a evitar la malversación dentro de las instituciones.

Y de igual manera, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas de supervisión estructural, como es, por ejemplo, la transformación de la plataforma de contratación pública, incorporando herramientas tecnológicas de inteligencia artificial para identificar patrones anómalos en la contratación pública; la supervisión por parte de la sociedad civil, a través de tanto de las auditorías ciudadanas como por medio de los pactos de integridad.

Saben ustedes, porque está en tramitación parlamentaria, la Ley de Lobbies, para que, por primera vez en nuestra historia democrática, se regule a nivel estatal las relaciones entre los grupos de interés y también los cargos públicos. Y, a finales de octubre, el Consejo de Ministros, como saben, aprobó la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía, como ocurre en todos los lugares de Europa, y dota al Ministerio Fiscal de una mayor transparencia y de una mayor autonomía.

Todo esto, señorías, tengo que decirlo, en tiempo récord, cumpliendo la palabra dada e impulsando ya 13 de las 15 medidas del plan, y situando a España a la vanguardia europea en la lucha contra la corrupción. Espero poder contar con una amplísima mayoría del consenso parlamentario para que puedan ser aprobadas cuanto antes estas importantes leyes en la lucha contra la corrupción.

Y quiero además decir algo muy importante, y es que este plan, su ejecución, su implementación, va a ser evaluado externamente por un organismo con una alta reputación como es la OCDE. Este prestigioso organismo internacional no solamente va a supervisar la implementación de este plan, sino que también va a medir los resultados alcanzados. Y a mí me parece esto esencial, más allá de las palabras, porque nosotros no hacemos todo esto para cumplir el expediente y dejar atrás esta crisis. Lo hacemos porque realmente creemos en la limpieza democrática, porque la corrupción no solo define a corruptores y a corrompidos, también pone frente al espejo a quienes deciden actuar y a quienes deciden mirar a otro lado. Y no tengan dudas, señorías, de que este gobierno siempre estará entre los que actúan.

En todo caso, señorías, debemos ser claros y recordar que la corrupción en nuestro país adopta muchas formas, muchas formas. A veces, son cargos públicos que cobran mordidas por cosas ilícitas, a veces son comisionistas y lobistas que cruzan la frontera de la ley y, a veces, son partidos políticos que recortan, que privatizan los servicios públicos, a cambio de determinados favores o apoyos económicos de amplio espectro. Es posible que esta última forma de corrupción no sea ilegal ‘stricto sensu’, pero, desde luego, es absolutamente inmoral y hace un daño tremendo a la mayoría de nuestro país.

Porque, aunque no aparezca a menudo en los titulares de la prensa -no lo aparece, sin duda alguna-, se sufre a diario. Se sufre, por ejemplo, en las listas de espera, en las aulas, en los hospitales masificados, en la falta de plazas, en escuelas infantiles públicas, en las residencias de mayores y también, lógicamente, en los bolsillos de millones de españoles de clase media y trabajadora de nuestro país. Este es el cuarto y último asunto que debo abordar en esta comparecencia y me gustaría hacerlo porque realmente, señorías, pienso que el futuro de nuestro Estado del bienestar, repito, con el futuro de nuestro Estado del bienestar nos estamos jugando lo que realmente es el alma de España.

Y me quiero explicar. Miren, la historia de nuestros servicios públicos es, en gran medida, la historia de nuestra democracia y de nuestra libertad. Tras la dictadura franquista, nuestro país dejó atrás un modelo que todos los expertos, todos los académicos, han calificado de asistencial y de excluyente. Teníamos una sanidad, fragmentada y vinculada al empleo que penalizaba a millones de personas, especialmente a las mujeres que no tenían un trabajo formal. Dejó atrás un sistema educativo anticuado, clasista, que fomentaba la segregación y perpetuaba las desigualdades. Un sistema de pensiones y de dependencia, en el que la vejez estaba fuertemente vinculada a la precariedad y también a la pobreza.

La Constitución de 1978 supuso un punto de inflexión en esta materia, porque, en ella, reconocimos el derecho a la salud, a la educación, a la protección social, como pilares de una sociedad democrática. Y a partir de los años 80, la sociedad española, los gobiernos se pusieron en marcha.

¿Qué es lo que se hizo? Se creó un Sistema Nacional de Salud universal gratuito, financiado con impuestos, que acabó por convertirse en uno de los mejores del mundo. Creamos un sistema educativo público, de calidad, que llegaba hasta el último rincón del territorio y que universalizó el acceso a la formación, desde los cero años hasta la universidad. Creamos también un sistema público de pensiones y lo hicimos más amplio, incluyendo a los trabajadores autónomos, también los del campo, reconociendo las pensiones no contributivas.

Y ya en el siglo XXI, dimos un paso más en la articulación de ese Estado del bienestar, con un Sistema Nacional de Dependencia, que reconocía y hacía efectivo el derecho de nuestros mayores y de las personas vinculadas a ellos y a las personas vulnerables, a recibir cuidados dignos. Y también un reconocimiento en la Seguridad Social, como es el caso de los cuidadores y cuidadoras del Sistema Nacional de Dependencia, cuestión que fue recortada por el Partido Popular y recuperada por el actual gobierno.

Así nació, señorías, el Estado del bienestar en nuestro país, gracias a la Constitución del 78, y también, lógicamente, al impulso político. Por tanto, no fue un regalo, fue una conquista democrática. Y si me permiten, señorías, fue sobre todo una conquista socialista. Una conquista que, desgraciadamente, la bancada de la oposición se ha empeñado en destruir, cada vez que ha tenido ocasión, ha tenido mayoría parlamentaria en estas Cortes Generales y ha gobernado, por ejemplo, en primer lugar, con las privatizaciones masivas, bajo el gobierno de José María Aznar, recordémoslo, donde se regaló al sector privado, señorías, una parte importante de nuestras empresas y servicios públicos, por un valor total de 30.000 millones de euros, 30.000 millones de euros.

Después, con los recortes y la austeridad del Gobierno del señor Rajoy, que redujo en un 7% la inversión estatal en sanidad, un 22% la inversión estatal en educación y un 23% la inversión estatal en dependencia. El mayor de esos recortes, por cierto, orquestado por el entonces secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, un tal Moreno Bonilla. Ustedes parecen haberlo olvidado, pero nosotros no.

Por tanto, privatización, recortes y precariedad. Ese ha sido el mantra, el regalo del Partido Popular a nuestro Estado del bienestar, en los años que siempre ha gobernado este país.

Afortunadamente, el cambio de gobierno en julio de 2018 puso fin a esta tendencia, que desmantelaba, que destruía nuestro estado del bienestar. Y creo, honestamente, señorías, que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia política. Porque desde que llegamos al Gobierno, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, lo primero que hemos hecho es algo muy importante y con un extraordinario esfuerzo: hemos revertido los recortes de la anterior administración del Partido Popular. Hemos ampliado los derechos de ciudadanía y hemos apostado por lo público como ningún otro gobierno lo había hecho antes. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que estamos haciendo, señorías.

Y tenemos un dato muy claro, un dato incontestable para demostrarlo. Y son 300.000 millones de euros. Ese es el dato. Repito, 300.000 millones de euros, ese es el dinero adicional. Repito, 300.000 millones de euros de dinero adicional, que este gobierno de coalición progresista ha invertido en servicios públicos, a lo largo de estos siete años de administración.

Generalmente esos 300.000 millones de euros, en una amplísima mayoría, han ido a manos, se han transferido a los gobiernos autonómicos que, como saben, son los que tienen las competencias en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales y de dependencia. Para que nos hagamos una idea, señorías, esto representa un 47% más, estos 300.000 millones de euros representan un 47% más de lo que invirtió la anterior administración del señor Rajoy en el mismo lapso de tiempo.

Una cantidad equivalente, para que nos hagamos una idea, esos 300.000 millones de euros, señorías, al Producto Interior Bruto Anual de Andalucía, de Extremadura y de Castilla y León juntos. Eso es lo que hemos transferido durante estos últimos siete años a las comunidades autónomas.

Hemos puesto a disposición de la sanidad pública, señorías, 40.000 millones de euros. Un 45% más que el gobierno anterior. Con ellos, ¿qué hemos hecho o qué hemos permitido lograr? Hemos recuperado, por ejemplo, la universalidad del derecho a la salud. Hemos eliminado los copagos para los ciudadanos más vulnerables.

Hemos reforzado las plantillas del profesional sanitario, hemos ampliado la cartera de servicios comunes y hemos modernizado 13.000 centros de salud en todo nuestro país y hemos comprado maquinaria nueva que hoy está a disposición de los ciudadanos en muchos hospitales de nuestro país.

Esto es lo que hemos hecho en sanidad, 40.000 millones de euros puestos a disposición de la sanidad pública en nuestro país en manos de las comunidades autónomas.

En educación hemos movilizado, señorías, un 91% más que el Gobierno anterior. Repito, un 91% más de recursos que el gobierno anterior. Con ello, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado doblar el número de becas. Hemos creado 42.000 plazas públicas para los chavales, los niños y niñas, de 0 a 3 años. Hemos aumentado en un 42% las plazas de formación profesional. Hemos ampliado las plantillas de docentes, hemos equipado los centros educativos con recursos de programación y de robótica y hemos creado nuevos mecanismos de apoyo para los alumnos y alumnas más desfavorecidos. Eso es lo que hemos hecho en educación, señoría. Un 91% más de recursos para nuestros jóvenes y nuestros maestros.

Y en dependencia, ¿qué hemos hecho tras los años largos y negros de la administración anterior? Hemos invertido 8.116 millones de euros más que la administración del Partido Popular de Mariano Rajoy. Lo hemos hecho primero para revertir los recortes que se infligieron por parte de la administración del Partido Popular, para corregir los años de infrafinanciación del Sistema Nacional de Dependencia, para mejorar los servicios que reciben nuestros ciudadanos con mejores pensiones, con la transformación del modelo de cuidados de larga duración hacia la atención centrada en las personas o con una ley ELA que permitirá a las personas que sufren esta enfermedad contar con un acompañamiento las 24 horas del día. Esto es lo que hemos hecho: reforzar donde otros recortaron e invertir donde otros privatizaron.

Entonces la pregunta, señoría, es: si hemos aumentado en 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas para reforzar las políticas públicas que están en manos de las comunidades autónomas, la pregunta que se puede hacer la gente que esté viendo esta comparecencia, que esté escuchando al Gobierno dar estos datos, la pregunta es evidente. Si el Gobierno central está invirtiendo más en servicios públicos, está transfiriendo más de 300.000 millones de euros respecto a lo que hizo la administración anterior. ¿Por qué en muchos lugares de nuestro país las listas de espera y la calidad del servicio de estos servicios públicos están empeorando? ¿Por qué está empeorando? Y la respuesta es clara: la respuesta es que no es un problema económico, es un problema ideológico y un modelo de sociedad.

Porque hay gobiernos autonómicos que están usando este dinero, dinero de la gente, para satisfacer las exigencias de los de arriba, de las élites, y hacer negocios que quizás son legales, pero que sin duda son inmorales y destructivos para las clases medias y trabajadoras de nuestro país.

Y esta, señorías, es la cuestión, porque estamos creciendo, sí, pero tenemos que redistribuir ese crecimiento y el Gobierno está poniendo en manos de las comunidades autónomas esos recursos económicos para que se redistribuya ese crecimiento, los frutos de ese crecimiento, gracias a un fortalecimiento del Estado del Bienestar que está entre sus competencias y que hay determinados gobiernos que, por cuestiones ideológicas y por cuestiones de modelo de sociedad, están haciendo lo contrario.

Empecemos, por ejemplo, con la sanidad. En los últimos siete años este territorio, la Comunidad de Madrid, ha recibido casi 130.000 millones de euros en transferencias de la Administración General del Estado. Repito la cifra: 130.000 millones de euros en transferencias de la Administración General del Estado, del Gobierno de España.

Bueno, ¿qué se ha hecho con ese dinero adicional? Pues ha bajado en 5.067 millones de euros los impuestos a la clase alta que vive en Madrid, ha destinado más de 5.000 millones de euros a contratos con empresas privadas, como por ejemplo la de Quirón, en apenas seis años. Hasta el punto, señorías, hasta el punto de que hoy uno de cada 3 € del gasto madrileño en salud va a concierto con clínicas privadas. Uno de cada 3 € del gasto madrileño en salud va a concierto con clínicas privadas, uno de cada 3 €.

¿Y qué ha conseguido el Gobierno de la señora Ayuso? Bueno, pues la doctrina neoliberal nos dice que privatizar significa mejorar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio. Eso es lo que dicen en teoría, señorías; pues ha ocurrido todo lo contrario. Y no lo digo yo, señoría, ahí están los datos. La confianza de los madrileños en su sistema sanitario ha caído 23 puntos respecto al año 2019, 23 puntos.

De hechos, si comparamos con anteriores administraciones también del Partido Popular, desde que la señora Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, la evaluación del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid ha obtenido las peores calificaciones de los últimos 15 años. No deja de resultar contradictorio, habiendo transferido desde el Gobierno de España la totalidad de recursos que hemos transferido a la Comunidad de Madrid, precisamente para fortalecer la sanidad pública, algo que no se ha hecho. Mientras, por tanto, el número de pacientes que aguardan para ver a un especialista se ha duplicado. Las listas de espera para hacerse una prueba diagnóstica se han disparado, de manera que hoy hay que esperar hasta dos años, señorías, dos años para ecografías por bultos en pecho o en cuello. Dos años, señorías.

Y para más inri, a mucha gente le están dando cita para hacerse esas pruebas a las tres o a las cuatro de la madrugada. Y si la rechazan, la Comunidad de Madrid les penaliza con aún más meses de espera. No importa si es gente mayor, con hijos dependientes o con un trabajo sin flexibilidad de horario; o van cuando le viene bien a la empresa concesionaria del turno o pierden su derecho constitucional.

Por eso, señorías, se explica que para sobrevivir, más de 360.000 madrileños han tenido que hacerse un seguro privado, un incremento del 16%. Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid, señorías, una sanidad pública que se apaga poco a poco pese al esfuerzo de sus extraordinarios profesionales, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas. Señorías del Partido Popular y de VOX, ustedes han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierde.

Y si miramos a Andalucía nos encontramos un panorama muy similar, señorías, muy similar. Más de 53.800 millones de euros de financiación extraordinaria transferidos por el Gobierno de España desde el año 2018. Repito, la cifra: más de 53.000 millones de euros transferidos de manera adicional por parte del Gobierno de España a la Junta de Andalucía desde el año 2018. Por tanto, tanto, habría que esperar por parte de la Junta de Andalucía una sanidad mucho más fiable, mucho más eficaz, mucho más equitativa. Pero la realidad, por desgracia, es muy distinta. Porque ese dinero no está yendo a contratar sanitarios o a mejorar las infraestructuras públicas. Está yendo a rebajar cerca de 200 millones de euros los impuestos a las élites de Andalucía y a regar con contratos a la sanidad privada.

Fíjense en este dato, señorías, desde el año 2019 el Gobierno andaluz ha destinado casi 4.000 millones de euros. Repito, la cifra. Desde el año 2019 ha destinado el Gobierno de Moreno Bonilla casi 4.000 millones de euros a conciertos con clínicas privadas. Las derivaciones a cirugías privadas lo que han hecho ha sido triplicarse. Las derivaciones a consultas externas privadas se han multiplicado por cuatro y el gasto en conciertos ha subido casi un 70%.

¿Y el resultado de esa privatización cuál es? ¿Cuál está siendo? Pues yo se lo digo: el número de sanitarios por habitante se ha desplomado. Hoy Andalucía tiene 18.000 profesionales menos de los que les correspondería en comparación con la media nacional. La satisfacción de la ciudadanía con los servicios recibidos también ha caído, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid. La proporción de andaluces que sufre pobreza farmacéutica ha aumentado hasta superar la media española y las listas de espera se han disparado en la sanidad pública andaluza. Fíjense en este momento, señorías, en este preciso momento, hay 848.787 andaluces esperando un diagnóstico; 848.787 andaluces esperando un diagnóstico. Y 200.000 esperando una operación, de los cuales 43.000 llevan más de un año esperando esa intervención quirúrgica en el sistema sanitario andaluz.

Y esto, señorías, no solamente es lamentable, sino que es inmoral e ilegal. Especialmente, cuando esta dejación de servicios viene acompañada de mentiras, de negligencia, como está ocurriendo con la crisis inédita en los programas de cribado de cáncer. El sistema ha dejado de funcionar correctamente en varias provincias, comprometiendo la detección precoz y con ella la salud y la vida de miles de mujeres en Andalucía. Bastaba antes una llamada, una llamada breve, rutinaria, para ahorrar un sufrimiento inmenso a mucha gente. Pero esa llamada nunca llegó. Y lo más grave es que aún se desconoce por qué no llegó esa llamada. Lo que sí están llegando son excusas, son ceses cosméticos, son manipulaciones informativas, que no ayudan ni a resolver el problema ni a corregir las graves injusticias que este proceso privatizador ha abierto.

La historia, como ven, es parecida a la que vivimos en la Comunitat Valenciana. Otro territorio en el que la pésima gestión del Partido Popular está haciendo estragos. Y no me refiero solamente a la Dana de Valencia y a la negligente gestión del ex presidente Mazón.

En estos dos últimos años, señorías, esta Comunidad autónoma, la Comunitat Valenciana, ha recibido más de 30.000 millones de euros adicionales en transferencias del Gobierno de España para reforzar los servicios públicos. Repito la cifra, 30.000 millones de euros adicionales por parte del Gobierno de España. Sin embargo, su inversión, paradójicamente en sanidad, ha caído en 743 millones de euros, mientras que sus conciertos con las clínicas privadas han subido hasta superar los 376 millones de euros. Por tanto, ¿menos recursos para los ciudadanos? No será porque no se han transferido más recursos por parte de la Administración General del Estado a esa Comunidad Autónoma. Más negocio para los suyos, como ocurre en todas aquellas administraciones que gobierna el Partido Popular.

Y así podríamos seguir en todas las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha. En Aragón, 682 camas cerradas en hospitales públicos. En Murcia, el Gobierno del Partido Popular ha recortado más de 700 millones de euros en sanidad y ha derivado más de 70 millones a clínicas privadas; y, además, lo ha hecho al margen de la ley, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas. En Galicia, el tiempo medio de espera para ver a un especialista ha aumentado en casi un mes. Y en Castilla y León, 199 millones de euros desviados a la sanidad privada. Insisto, todos estos recortes, todos estos ajustes, mientras este gobierno ha aumentado en 300.000 millones de euros adicionales, la financiación para servicios públicos de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Por tanto, no es una cuestión solamente de recursos económicos. Es una cuestión también de compromiso político y social y, lógicamente, de un modelo de sociedad que, claramente, es disfuncional respecto al sentir y lo que quiere la mayoría de nuestros ciudadanos que lo que quiero son servicios públicos fuertes, robustos, que cohesionan social y territorialmente a nuestro país.

Por tanto, señorías, el patrón es claro: allí donde gobierna la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, debilitamiento y venta de la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden, que las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le queda más remedio que irse a la clínica privada pagada con los impuestos de todos o con el dinero de su propio bolsillo.

Y esto está pasando, señorías, está ocurriendo y no es por casualidad, ni tampoco es una imposición de Bruselas, ni tampoco lo es por la presión inevitable de una recesión económica, al contrario, España está creciendo fuertemente. Representamos el 40% del crecimiento económico de la zona euro. Estamos creando empleo como no se había creado nunca en nuestro país: 22,4 millones de personas ocupadas; con una población activa de 25 millones de personas. Señorías, estamos transfiriendo, insisto, 300.000 millones de euros -desde que yo soy presidente del Gobierno- más para financiar los servicios públicos que están en manos de las comunidades autónomas. En fin, esto, señorías, es el resultado, evidentemente, de un proyecto político, de un plan premeditado de la derecha para desmantelar nuestro Estado del bienestar y hacer negocio con los derechos de la gente.

Esto también se aprecia con nitidez en el ámbito de la educación. Fíjense, en los últimos siete años el Gobierno de España ha transferido 670 millones de euros para la creación y el mantenimiento de plazas en escuelas Infantiles públicas. Repito la cifra, 670 millones de euros adicionales. Recursos suficientes para financiar 42.000 plazas más que las que financiaba el Ejecutivo del señor Rajoy. Pero en las comunidades autónomas que gobiernan la derecha con el apoyo de VOX las plazas públicas han aumentado mucho menos de lo que deberían, porque una parte de esos recursos se han usado para otras cosas. Por ejemplo, el Partido Popular se ha afanado en incentivar la apertura de guarderías privadas con el reparto de cheques a las familias que usan sus servicios o, por ejemplo, boicoteando la apertura de guarderías públicas. De hecho, han llegado al punto de rechazar 142 millones de euros de fondos públicos europeos que habrían permitido crear 15.000 plazas públicas y gratuitas para educación infantil de 0 a 3 años, como hizo, por ejemplo, el señor Moreno Bonilla en Andalucía, o el señor Rueda en Galicia hace unos meses.

Por tanto, como pueden ver, señorías, el plan es evidente, es proteger el negocio privado de unos, aunque ello implique dañar los intereses de la mayoría social y, desgraciadamente, lo están logrando. Y quiero alertar a sus señorías sobre este aspecto porque, a pesar de que cada vez nacen menos niños en nuestro país -la natalidad en nuestro país, saben ustedes, es plana cuando no negativa, en la última década nacen menos niños-, lógicamente el mercado te llevaría a que los precios de las guarderías privadas fueran inferiores. Pues no, al contrario, la guardería privada en España ha aumentado en su precio un 50%, 24 puntos más que la inflación. Hablamos de una media de 500 € al mes en muchas ciudades. Los propietarios, que suelen ser grandes grupos inversores, pues evidentemente se forran, y los padres y madres están más exprimidos. Todo ello por cortesía de la derecha y la ultraderecha española.

Lo mismo pasa con la Formación Profesional. La gran apuesta de este país, la Formación Profesional, que está detrás también de la caída del paro estructural, de la caída del paro de nuestros jóvenes y del aumento de su empleabilidad. Ahora que la ciudadanía, y también las empresas, demandan más que nunca esta clase de formación, los gobiernos autonómicos de la derecha, con el apoyo de la ultraderecha, se están dedicando a asfixiar a los centros públicos con un 15% menos de financiación, un 15% menos de financiación -como en la Comunidad Valenciana-, a la vez que incentivan la creación de centros privados que a menudo ofrecen títulos de peor calidad y a un coste 3.500 veces mayor que el de la pública. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso ha concedido más de 30 millones de euros en becas para la formación profesional privada, al tiempo que ha dejado sin plaza a 30.000 alumnos en la Formación Profesional Pública. En Andalucía, la Junta oferta en este curso solo 2.600 plazas en ciclos de centros públicos, frente a los más de 9.400 autorizadas del sector privado.

Para que nos hagamos una idea de las consecuencias de este proceso privatizador, en Andalucía hay provincias enteras, como es el caso de la provincia de Granada, que se están viendo privadas de la posibilidad de formarse en la pública. Piensen, por ejemplo, en el pueblo de Monte Frío. Hace unos años, si alguien quería hacer allí un grado superior en paisajismo o medio rural podía hacerlo en un centro público pagando 0 € de matrícula. Hoy ya solo puede hacerlo en un centro privado, desplazándose tres horas al día en autobús y pagando 2.500 €. Así apoyan ustedes a la España que madruga haciéndola madrugar aún más para obtener mucho menos.

Sobre la educación superior, señorías, en la Comunidad de Madrid la situación es tan grave que una universidad como la Universidad Complutense ha tenido que solicitar un crédito de 35 millones de euros para poder pagar sus nóminas. Y eso que la señora Ayuso es alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid.

Del mismo modo, nos negamos a que la dignidad y salud de nuestros mayores dependientes dependa exclusivamente del dinero de sus familiares. Fíjense, en Andalucía, desde que el señor Moreno Bonilla gobierna la Junta, se han creado más de 15.400 plazas en residencias para mayores concertadas o privadas. Recordemos, como he dicho antes, que este gobierno ha transferido más de 8.000 millones de euros para revertir todos estos recursos en materia de dependencia. Plazas que cuestan una media de 2.000 € al mes, un precio imposible para muchísimas familias andaluzas. Y, al mismo tiempo, la consecuencia es que las listas de espera para acceder a ayudas por dependencia han crecido hasta los 600 días. Piensen por un segundo, señorías, en lo que significa esto. Casi dos años viendo cómo se apaga la autonomía de un ser querido y cómo se vacían los ahorros o aumentan las deudas para pagar una ayuda que es un derecho de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas y una obligación de las administraciones autonómicas. En 2024, señorías, más de 5.000 andaluces murieron en la lista de espera.

Ocurre algo parecido allí donde gobierna también la derecha, en otros territorios. En la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, aumentan las listas de espera, se reduce la inversión pública y crecen en 56 millones de euros los beneficios de las residencias privadas. En Extremadura, la Junta de Extremadura destina más del doble de recursos a los centros de mayores privados que a los públicos. Estamos hablando de 27.800 frente a 13.000 € de media por cama.

En Galicia el señor Rueda acaba de recortar otros 17 millones de euros a la inversión en dependencia, consolidando así el récord que ya conquistó el antiguo presidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, que fue convertir a Galicia en la comunidad con menor gasto en dependencia por persona mayor de toda España.

Y en la Comunidad Valenciana 3406 personas murieron en el año 2024 esperando una ayuda a la dependencia que, por cierto, nunca llegó.

En fin, señorías, podría seguir así toda la mañana, pero creo que no es necesario. Porque se mire por donde se mire, se analicen los datos como se analicen, el diagnóstico de lo que está pasando es claro. Allí donde gobiernan, las derechas están replicando los recortes y las privatizaciones que aplicaron Aznar y Rajoy a nivel nacional, con el objetivo evidente de desmantelar lo público, de convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada.

Como ven, la derecha y la ultraderecha no han cambiado de manual, solo de escenario y eso en un Estado compuesto, descentralizado como es el nuestro, lo hace aún más peligroso, porque son las comunidades autónomas, insisto, para conocimiento de la ciudadanía, las que tienen las competencias clave en la provisión de esos servicios públicos. Son ellas quienes pueden ampliar o recortar en última instancia ese Estado del bienestar. Y eso está permitiendo al Partido Popular ejecutar ese plan en primera línea, sin intermediarios, sin rendición de cuentas. A menudo sin que siquiera se sepa, porque no comparten los datos ni con los medios de comunicación, ni tampoco lo comparten, señorías, con el Gobierno de España. En este tema no es que el Partido Popular tenga la sartén por el mango, es que son la sartén, la superficie misma sobre la que se cocinan los planes de Quirón y de compañía.

Pero les diré algo, señorías, desde luego, desde el Gobierno de España no lo vamos a permitir. El Gobierno de coalición progresista va a defender los derechos de la gente y lo vamos a hacer con determinación y con contundencia, respetando sin duda alguna la ley y las divisiones competenciales, por supuesto, faltaría más. Colaborando con aquellos gobiernos autonómicos que no quieran sumarse a esa ola privatizadora y quieran poner fin a esta tendencia de recortes y de privatización. Pero, sin duda alguna, también plantando cara a quienes están desmantelando nuestro Estado del bienestar con nocturnidad y alevosía.

Para ello, ¿qué vamos a exigir a las comunidades autónomas? Primero, transparencia absoluta. Les vamos a pedir que compartan sus datos. Bueno, mejor dicho, los datos de la gente que vive en esos territorios. En sanidad, en dependencia y en educación. Y los vamos a analizar y los vamos a poner a disposición de la opinión pública. Porque esos datos, los datos de los cribados de cáncer en la Comunidad Autónoma de Andalucía no son de la Junta de Andalucía, son de las mujeres, de las personas de Andalucía. Por tanto, los vamos a analizar, los vamos a poner a disposición de la opinión pública para que nosotros mismos podamos conocer también desde el Gobierno de España, dónde están yendo a parar los recursos públicos que se están transfiriendo desde el Gobierno de España a las comunidades autónomas. Y porque esos datos, insisto, no son de las comunidades autónomas, no son de los gobiernos autonómicos, sino de los ciudadanos y ciudadanas, de todos y cada uno de ellos y de ellos.

Por tanto, se acabó. Se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales o también en ayudas a los toros. Se acabó no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no aprobar el registro de objetores que mandata nuestra legislación. Se acabó eso de trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor. Vamos a defender con uñas y dientes el Estado del bienestar. Y lo vamos a hacer, señorías, por tres motivos fundamentales. El primero, por responsabilidad. El segundo, por convicción. Y sí, el tercero, por patriotismo. Por patriotismo. Porque defender España no es pasear con la bandera del aguilucho, la bandera preconstitucional. Defender España no es invertir un 5% de nuestro producto interior bruto en armamento, ni criminalizar a los inmigrantes, ni crear polémicas vacías contra Marruecos o Francia, ni envolverse en la bandera, ni reivindicar una interpretación sesgada de nuestro pasado colonial. Eso nada tiene que ver con el patriotismo ni tampoco con la valentía. Defender España es apostar por esas escuelas públicas que abren cada mañana. Es mejorar esos centros públicos que nunca cierran y cerraron en la peor etapa de la crisis de la COVID. Es invertir en esas residencias en las que las cuidadoras públicas y cuidadores públicos llaman por su nombre a quienes ya casi no recuerdan el suyo. Esa es la España que más merece nuestra pena defender. La España del bienestar, señorías, la España del bienestar que construyeron nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas. La España que es de todos y de todas. La España que nos iguala y la España que nos integra. Es la España de lo público. Y eso, señorías del Partido Popular y de Vox, ustedes no van a destruirlo, sencillamente porque no les vamos a dejar.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)