El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quedará visto para sentencia este jueves en el Tribunal Supremo después de los informes finales con las conclusiones de las acusaciones, la Fiscalía y la defensa.
Será la sexta y última sesión de un juicio histórico que ha sentado por primera vez en el banquillo de los acusados a un fiscal general del Estado, quien en su declaración de este miércoles vuelvo a reiterar su inocencia al negar que enviara el polémico mail del 2 de febrero en el que la defensa de González Amador reconoció en nombre de su cliente la comisión de dos delitos fiscales a cambio de un pacto.
En la jornada de este miércoles, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, comunicó a las partes que cada acusación, así como el Ministerio Fiscal, tendrían entre 30 y 45 minutos para exponer sus conclusiones, mientras que la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, podría emplear el tiempo que necesite.
No obstante, el magistrado instó a las acusaciones populares a dejar más tiempo a la acusación particular, ejercida por Alberto González Amador. Además del novio de Ayuso, hay seis acusaciones populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír, aunque estas tres últimas actúan unificadas bajo la dirección de dicha fundación.
Mantienen la petición de penas, salvo Manos Limpias que la rebaja
En la quinta jornada, todas las acusaciones elevaron a definitivas sus conclusiones preliminares, salvo Manos Limpias que rebajó de cuatro a tres años su petición de prisión, al pedir que se le aplique la atenuante analógica por vulneración del secreto sumarial, relacionado con un posible perjuicio al derecho de defensa.
El resto de acusaciones han mantenido sus peticiones de penas, que oscilan entre los tres y los seis años de prisión, además de hasta 12 años de inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos.
Por su parte, tanto la Fiscalía como la defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, reiteraron su petición de absolución del fiscal general.
La defensa defiende que no hubo filtración
Durante las cinco sesiones anteriores, han comparecido más de 40 testigos, entre ellos el novio de Ayuso, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, varios periodistas que publicaron sobre el caso de González Amador, fiscales, políticos y agentes de la UCO.
La defensa ha negado cualquier filtración por parte de García Ortiz, al tiempo que ha cuestionado que realmente hubiera secreto que proteger porque la información esencial de la presunta revelación ya estaba recogida en los medios de comunicación antes de que llegara a la cuenta personal del fiscal general la cadena completa de ‘emails’ entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investigaba.
Además, ha aducido que si esa información llegó a manos de la prensa el día clave, el 13 de marzo de 2024, fue –entre otras cosas– porque se había transmitido desde el entorno de González Amador, apuntando concretamente al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
También ha criticado los registros efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 30 de octubre de 2024 en los despachos de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pues consideran que son nulos de pleno derecho porque no se respetó el marco temporal fijado por el instructor.
En este sentido, los agentes de la UCO admitieron que tuvieron que hacer un volcado «íntegro» por no poder limitarlo durante el registro por una cuestión técnica.
Las acusaciones hacen hincapié en el borrado
Por contra, las acusaciones han hecho hincapié en que el acusado hiciera un «borrado sistemático», de modo que no conserva más de un mes sus ‘WhatsApp’, y que cambia de teléfono al menos una vez al año.
Contra él pesa también el hecho de que la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, testificara que desde el primer momento advirtió de que podría haber filtraciones del ‘caso González Amador’, hasta el punto de que preguntó a García Ortiz: «Álvaro, ¿has filtrado los correos?».
Una vez que quedo visto para sentencia, serán los siete magistrados que forman el tribunal los que dicten sentencia, que se espera sea hacia final de año.