La defensa de González Amador cuestiona las declaraciones de los periodistas por el derecho al secreto profesional
El abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ha puesto en duda la declaración de los periodistas en el juicio al fiscal general del Estado, señalando que deben tomarse con “cautelas especiales” porque “no tienen obligación de responder” al estar amparados por el derecho profesional a no revelar sus fuentes “con la amplitud que consideren”. El derecho al secreto profesional para los periodistas está contemplado en la Constitución. Ha razonado que este derecho les ampara para seleccionar las preguntas a las que responden y “les pone en una situación análoga a los investigados”, es decir, que no están obligados a decir la verdad cuando declaran como testigos en un juicio. “Tenemos que prestar cautela en la valoración de lo que dicen, cautelas especiales, igual que las que se adoptan con los investigados, no las normales de un testigo, porque no tienen obligación de responder”, ha dicho.
Además, ha insinuado que en este caso pueden tener “connivencia” con el fiscal general. “¿Qué pasa si existe una connivencia con una autoridad para el filtrado de secretos como mecanismo de uso de esos secretos por la autoridad?”, se ha preguntado, respondiéndose que en ese caso, esa connivencia, “pueda ser valorada en un procedimiento penal como participación” del periodista en el proceso. “Eso lleva a que el periodista, si es llamado a un procedimiento en el que se ventila la posible responsabilidad de una autoridad, considero que está amparado por el derecho de defensa y no autoincriminación, no tiene por qué decir la verdad”, por lo tanto, “no se le puede exigir una declaración veraz”. De ahí concluye que “las declaraciones de los periodistas deban ser valoradas, no como la de un testigo normal, y debe tenerse en cuenta que sabemos que desde la Fiscalía General del Estado se filtran cosas a periodistas”.