Nuevo choque entre el Gobierno andaluz y la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), a la que ha requerido formalmente para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, le remita todos los casos que conozca de mujeres afectadas por fallos con el cribado del cáncer de mama. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno esgrime que la petición es de obligado cumplimiento por ley, y que lo que se pretende con ello es “evitar la generación de alarma social” por la difusión de “cifras o afirmaciones no verificadas”.
El consejero andaluz de Sanidad acusa a Amama de «confundir» con los datos del cribado: «¿Hay algo que ocultar?»
Mediante este requerimiento, al que ha tenido acceso este periódico, se apunta que desde Amama –que fue la entidad que destapó los fallos con estas pruebas– se están difundiendo casos de mujeres afectadas “en una magnitud muy superior” a la que transmite la administración sanitaria, por lo que le reclama “toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer”. El documento (firmado por la directora gerente del SAS, Valle García) subraya que las cifras de Amama “no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales”.
Esto genera “una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documental”. La asociación lleva semanas denunciando que las cifras oficiales son mucho más reducidas que las que maneja, elevando a más de 4.000 las mujeres afectadas frente a las 2.317 que ha identificado la Junta.
Esta cifra oficial, asegura en su requerimiento, es una muestra de la “información completa, precisa y contrastada” que se ha aportado sobre los errores en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad pública andaluza. Según los datos ofrecidos el pasado lunes, ya sólo quedarían 217 mujeres por hacerse una nueva mamografía para controlar su actual estado de salud.
Multa de hasta 600.000 euros
Por ello, la Consejería de Sanidad reclama a la entidad que le haga llegar todas las incidencias de las que tenga conocimiento, para así “garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los círculos oficiales”. Además de asegurarle que la información que aporte “será tratada con absoluta confidencialidad”, le indica que el objetivo de este paso es “garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales”.
Eso sí, le hace saber que su colaboración es “obligada” en base a la normativa. En este sentido, apela a lo que marcan el Estatuto de Autonomía, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Salud Pública, que establece el “deber de colaboración”. En caso de incumplimiento esta última norma prevé multas de 15.000 hasta 600.000 euros, ya que considera muy grave “la negativa absoluta a facilitar información, a suministrar datos o a prestar colaboración a las autoridades sanitarias o a los funcionarios de salud pública en el ejercicio de sus funciones”.
La decisión de la administración andaluza supone un paso más en el deterioro de las relaciones entre ambas partes, que nunca han sido buenas porque la asociación de mujeres afectadas asegura que lleva desde 2021 denunciando los fallos en los cribados sin que la Junta atienda sus reclamaciones. De hecho, y tras las primeras denuncias públicas, el propio consejero de Sanidad, Antonio Sanz, llegó a acusar a Amama de crear una “alarma social bestial”.
Una relación tensa desde el principio
Tras casi un mes de tirantez, la relación pareció normalizarse tras la reunión mantenida el pasado 29 de octubre entre Sanz y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, pocos días después de la multitudinaria protesta que congregó a miles de personas ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. Y como telón de fondo, las acusaciones de partidismo que ha recibido la asociación por su presunta cercanía a formaciones de izquierda, en un escándalo que ha derivado en la principal crisis política que ha tenido que enfrentar Juan Manuel Moreno desde que en 2019 se estrenó como presidente.
La aparente nueva sintonía saltó por los aires el pasado lunes, cuando Claverol se levantó de la mesa de la reunión de la comisión de seguimiento de estos casos, alegando que la habían obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad y que el PP había vetado su presencia en el Parlamento andaluz. Tras dar por rotas las relaciones, la presidenta de Amama denunció que “nos quieren calladitas y sumisas” e insistió en la cifra de más de 4.000 afectadas, a lo que Sanz replicó acusando a la asociación de “confundir” con los datos y lanzando una pregunta: “¿Hay algo que ocultar?”.
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El caso de los cribados lleva más de un mes monopolizando la actualidad política andaluza, ya que las formaciones de izquierda han visto ahí un flanco débil en el hasta ahora imperturbable Gobierno de Moreno. Tras varios ceses en la cúpula sanitaria andaluza (incluyendo el de la consejera con la que se destapó el escándalo), dos investigaciones abiertas por la Fiscalía y dos grandes manifestaciones, el mejor símbolo de que la cuestión copa toda la intención se vivió este miércoles con el debate presupuestario, que se convirtió en una enmienda a la gestión sanitaria del PP.
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