Más de 13,6 millones de ecuatorianos acudirán este domingo a las urnas, en una consulta que podría abrir el camino hacia una nueva Constitución. El referéndum impulsado por el presidente, Daniel Noboa, propone cuatro decisiones clave para redefinir el tablero político del país. Permitir o no el regreso de bases militares extranjeras, reducir el número de asambleístas, suprimir el financiamiento público a los partidos políticos y autorizar una nueva Asamblea Constituyente para redactar otra Carta Magna.
Estos comicios, como todo lo que sucede en Ecuador, se celebran marcados por la violencia que vertebra a la sociedad y bajo la sombra de la peor crisis de su historia, ya que, con un homicidio por hora, el país se ha convertido en el más violento del continente. En enero de 2024, el Gobierno declaró el conflicto interno y, después de Colombia, Ecuador se convirtió en el segundo Estado de América Latina en reconocer un enfrentamiento entre grupos criminales e instituciones estatales.
Noboa llegó a la presidencia prometiendo «seguridad» y, una vez instalado en el Palacio de Carondelet, fue reelegido tras haber hecho de la «mano dura» su mayor seña de identidad. Aunque ganó sus segundas elecciones con una amplia mayoría, las duras condiciones del país han hecho que su capital político se desplome. Ahora, busca fortalecerse para editar una Constitución a su medida.
«La estrategia de impulsar este tipo de consultas populares tiene antecedentes de los gobiernos de los últimos 20 años. Se utiliza como termómetro de los niveles de aceptación del Gobierno y también como una forma de legitimarse en el poder al intercalar preguntas sin un coste político alto con aquellas verdaderamente estratégicas», explica a este medio la politóloga ecuatoriana, Dolores Ordóñez.
En abril de 2024, Noboa realizó una consulta popular enfocada en la fuerte violencia que golpea el país. Aunque nueve de las 11 preguntas fueron aprobadas, la crisis de inseguridad no ha registrado cambios sustanciales
Ahora, según argumenta el presidente, las principales motivaciones para cambiar el ordenamiento jurídico se deben a que la actual Carta Magna es laxa con los criminales, por considerar que las personas privadas de libertad son «vulnerables». Lo dice porque la Constitución establece que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional y nunca una regla general, y también porque el texto recoge varios mecanismos de protección legal para salvaguardar sus derechos individuales como hábeas corpus u otras medidas cautelares.
La Constitución y el eterno correísmo-anticorreísmo
No es la primera vez que Noboa intenta cambiar la ley fundamental. Trató de hacerlo con reformas en la Asamblea Nacional (Parlamento), pero todas fueron anuladas por la Corte Constitucional, el máximo tribunal de garantías del país. Este órgano se ha vuelto el único contrapeso frente al proyecto político de Noboa, y por eso el presidente ha intentado esquivar a la Corte y emprender un camino hacia una Asamblea Constituyente que le permita ajustar las leyes a su visión de país.
Pero la Carta Magna esconde detrás un significado mucho más simbólico que el de la seguridad. El expresidente Rafael Correa instauró la actual Constitución en 2008 y, a pesar de haber asegurado que duraría 300 años, sus rivales políticos están decididos a desterrarla, así como su legado político.
«Noboa busca consolidar su poder, es un líder con clara vocación autoritaria y narcisista. Se aprovecha de las esperanzas de cambio de una sociedad atemorizada por la violencia y fatigada por las crisis en las que le toca vivir», explica el investigador Luis Carlos Córdova, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos.
Es imposible desligar esta votación de la ambición del presidente por implantar su proyecto político y derribar el último legado que conserva el correísmo. No es una maniobra novedosa, porque aunque hace varios años que el Movimiento Revolución Ciudadana no está en el poder, Correa ha reordenado las divisiones políticas de Ecuador y «muy poca gente se sitúa fuera de esta dualidad correísmo-anticorreísmo», explica Ordóñez.
La oposición, donde también se integra el movimiento indígena, ha prometido votar «No» en las cuatro preguntas. El rechazo se ha agravado con las recientes protestas contra el precio del diésel. Las manifestaciones culminaron sin que el Gobierno diese marcha atrás y después de una dura represión. Dos manifestantes murieron a manos del Ejército, 300 personas resultaron heridas y más de 100 fueron detenidas acusadas de «terrorismo».
Entrada de inversiones y ejércitos extranjeros
El presidente no solo busca cambiar la organización estatal con un nuevo texto, sino crear un nuevo marco económico neoliberal que permita la llegada de inversiones extranjeras.
«Para implantar su estrategia económica le urge apalancar el modelo extractivista, contrario a los derechos colectivos y a la protección de las fuentes hídricas. La actual Constitución prohíbe, por ejemplo, someter al país a Jurisdicción extranjera, limita la posibilidad de suscribir Tratados Bilaterales de Inversiones y frena el ingreso de capitales extranjeros», detalla el investigador.
En un país donde 5,2 millones de personas viven con menos de tres dólares al día, el Gobierno sostiene que el libre comercio es el único que puede salvarlos.
Es un argumento que interesa al norte de sus fronteras. A pocos días de las elecciones, Estados Unidos hizo acto de presencia en el país con las visitas de Marco Rubio y Kristi Noem, movimientos que dejaron claro el interés de Washington por establecer una nueva base en el Pacífico central.
Donald Trump ve Ecuador como una suerte de tierra prometida gracias a la propuesta de Noboa de volver a abrir su país a ejércitos extranjeros. Acostumbrado a tener más aliados que enemigos en la región, el estadounidense obtendría otra victoria clave en un escenario americano cada vez más crítico con sus políticas y marcado por la firme oposición de mandatarios como los de Brasil, Chile, Colombia y México.
La Casa Blanca, interesada en el territorio ecuatoriano y en las ideas cada vez más radicales de Noboa, le brinda a Quito un trato muy diferente que a sus vecinos. En su guerra contra el narcotráfico, Trump ha puesto el foco los líderes de Colombia y Venezuela —los izquierdistas Gustavo Petro y Nicolás Maduro—, a los que acusa de dirigir poderosos cárteles. Sin embargo, Ecuador, uno de los países más afectados por el tráfico de drogas, ha permanecido al margen de estas acciones.
A Trump le beneficia una nueva base en el Pacífico, mucho más teniendo en cuenta la ubicación estratégica de Ecuador. El 14 de noviembre, Estados Unidos inició una nueva fase en su ofensiva el Caribe con la operación militar Southern Spear (Lanza del sur). El propósito, según Washington, es «expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental» y los objetivos directos son Colombia y Venezuela, vecinos de Ecuador.
Quito, por su parte, ve a Washington como uno de sus principales aliados en la lucha contra el negocio de la droga y su Gobierno considera que para aplacar crimen, es necesario el apoyo extranjero. Para Ordóñez, «la entrada de las bases militares conlleva una injerencia directa sobre nuestra soberanía«. «Es una experiencia que ya ha tenido Ecuador con la base de Manta en entre el 96 y el 2006 y cuyos resultados han sido totalmente irrelevantes en términos de la incautación de droga».
El número de asambleístas y la financiación de los partidos
Otra cuestión que plantea este referéndum es la reducción del número de asambleístas, que pasarían de 151 a 73. La medida busca que la labor del Legislativo quede sometida al Ejecutivo y acallar voces opositoras que conforman la Asamblea Nacional. Actualmente, el Parlamento está conformado por 11 partidos políticos, aunque son Acción Democrática Nacional (de Noboa) y el movimiento correísta de Revolución Ciudadana quienes lo dominan. Con esta medida se «limitará la posibilidad de tener un mayor grado de representatividad, que es incompatible con este proyecto autoritario», apunta la analista.
El Gobierno también pretende eliminar la financiación de partidos políticos con recursos públicos y que sean solo los afiliados y simpatizantes quienes apoyen económicamente a las formaciones. Es una propuesta paradójica, ya que es Noboa, hijo de la mayor fortuna del país, quien lo propone.
Los detractores de Noboa temen que este referéndum sea una estrategia política para redibujar el diseño institucional y debilitar contrapesos como los de Corte Constitucional. El jueves, las principales organizaciones sindicales marcharon en la capital en rechazo al referéndum, argumentando que «el Gobierno quiere gastar más de 200 millones de dólares en una Asamblea Constituyente que lo único que busca es quitar la gratuidad de la educación superior y eliminar la seguridad social».
Conforme se acerca el día clave, el escepticismo crece entre la población, que ve el proceso con una mezcla de incertidumbre y cautela. Sin embargo, las encuestas arrojan esperanza al oficialismo.
Si el «Sí» gana, los ecuatorianos deberán regresar a las urnas para elegir a 80 asambleístas. La Constituyente tendrá el plazo de 180 días para redactar el nuevo texto, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 60 días. Una vez presentada, la propuesta constitucional deberá someterse a la aprobación ciudadana en unas terceras elecciones.