El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública. El Ejecutivo regional ha ignorado el requerimiento enviado hace un mes por el Ministerio de Sanidad, en el que se le recordaba la exigencia de crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023.
El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte todas las comunidades autónomas, aprobó por unanimidad el protocolo para la creación de dicho registro. Este acuerdo es de obligado cumplimiento y, por tanto, exigible ante los tribunales.
Una vez superado el plazo del que disponía el Ejecutivo madrileño para iniciar los trámites de creación del registro, y constatado su rechazo a hacerlo, el Gobierno de España ha iniciado las acciones pertinentes para hacer que se respete la ley. Para ello, ha dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para que interponga recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de acuerdo con la Ley 29/1998, con el propósito de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones.
La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones. El registro de objetores, cuyos datos son confidenciales y no resultan de acceso público, es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados.
El pasado 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió el mismo requerimiento a las tres comunidades autónomas que aún no habían acatado la ley (Aragón, Illes Balears y la Comunidad de Madrid), dando un plazo de un mes para su respuesta. Las dos primeras comunicaron inmediatamente el inicio de los trámites para la creación del registro, mientras que el Gobierno madrileño se ha negado reiteradamente a respetar el mandato legal.
El Gobierno de España seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (www.poderjudicial.es)
