La proliferación de grafitis, pintadas y carteles no autorizados continúa siendo uno de los problemas recurrentes en Cáceres, donde la ordenanza de limpieza viaria tipifica como falta grave «la colocación de carteles, grafitis, pintadas y adhesivos en los lugares no autorizados». Estas infracciones pueden derivar en multas que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros, cuantía que aumenta si las acciones se producen en entornos patrimoniales como el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad.

La situación volvió a quedar en evidencia el 12 de febrero del año pasado, cuando la Policía Local sorprendió in fraganti a dos personas que realizaban grafitis en una de las columnas del viaducto de la Ronda Sureste, tras la alerta de un vecino de la zona. El dispositivo permitió identificar a los autores y paralizar la actuación.

Uno de los episodios más visibles que ha saltado estos días a la actualidad se encuentra en la calle Colón, esquina con Hernando de Soto, donde una puerta de cochera permaneció durante años cubierta por capas de anuncios, pegamentos y pintadas. La reciente rehabilitación del inmueble ha devuelto dignidad a la fachada, evidenciando el impacto que estas acciones tienen sobre la estética urbana.

No es el único caso. En 2021, cuatro jóvenes fueron propuestos para sanción —que podría llegar a los 3.000 euros— tras pintar varias letras en una pared de la plaza de Santiago. Fueron localizados horas después gracias al aviso de un agente fuera de servicio.

Durante el anterior mandato municipal se creó la llamada Mesa del Grafiti, un órgano destinado a ordenar acciones y evitar el deterioro de espacios públicos. Sin embargo, nunca llegó a reunirse debido al cambio de gobierno.

El Ayuntamiento activó el pasado octubre una campaña de limpieza específica en 30 calles y plazas céntricas —como Pintores o Moret— con una inversión de 16.400 euros. No obstante, colectivos y partidos consideran que estas intervenciones puntuales no bastan para frenar un problema que califican de estructural.

Vox y Somos Cáceres reclaman medidas sostenidas

En septiembre de 2024, Vox llevó al pleno una moción para reclamar campañas de concienciación y un programa de arte urbano que sirviera como alternativa creativa al vandalismo. El partido alertaba de que las acciones de limpieza “son claramente insuficientes y el problema no termina de solucionarse”.

En enero de este año, Somos Cáceres insistió en la necesidad de un plan municipal coordinado. La agrupación advierte de que la acumulación de grafitis y actos vandálicos “perjudica la imagen de Cáceres como destino turístico y cultural” y afecta al “conservación del patrimonio histórico”.

Los grafitis no autorizados y la pegada ilegal de carteles generan un doble coste: el visual y el económico. El mantenimiento y limpieza del mobiliario urbano, fachadas y espacios públicos obliga a intervenciones constantes que consumen recursos municipales.

En una ciudad cuyo casco histórico es uno de sus principales reclamos, reforzar la protección del entorno urbano se convierte en un desafío prioritario. Mientras tanto, la ordenanza sigue siendo la herramienta principal contra un fenómeno que, pese a los esfuerzos puntuales, continúa extendiéndose por la ciudad.

Cáceres comparte un fenómeno global

El problema de los grafitis y las pintadas no autorizadas en Cáceres —especialmente visible en zonas como la Ronda Sureste, Colón o Santiago— no es un hecho aislado. La ciudad se enfrenta a una situación que se replica en buena parte de España y en capitales de Europa y América, donde la presencia de firmas, tags y cartelería ilegal continúa en aumento pese a los esfuerzos municipales.

En el ámbito nacional, estudios y análisis recientes coinciden en que la incidencia de grafitis ha crecido en la última década. Según estimaciones utilizadas por ayuntamientos y empresas de mantenimiento urbano, hasta un 83 % de las ciudades españolas reportan incremento de pintadas en transporte público, fachadas, mobiliario urbano y espacios patrimoniales.

La falta de datos homogéneos dificulta una cifra exacta del volumen total, pero sí existe consenso en torno a dos elementos: el coste de limpieza es elevado y constante. Grandes ciudades destinan cada año millones de euros a borrar firmas repetitivas, recuperar fachadas y repintar muros, además de que el fenómeno se concentra en zonas de tránsito y centros históricos, algo especialmente problemático en ciudades Patrimonio de la Humanidad, como Cáceres, Toledo o Córdoba.

En ciudades como Barcelona, los servicios municipales han comenzado a catalogar firmas recurrentes para combatir a los autores más habituales, debido a la reiteración de intervenciones en un mismo punto.

La tendencia también es internacional. En algunas ciudades europeas —según informes recientes sobre degradación urbana— hasta el 76 % de las calles presenta algún tipo de grafiti. En capitales como París, Berlín o Londres, la limpieza de pintadas supone cada año un coste elevado para los consistorios, que destinan recursos a cuadrillas especializadas.

En Estados Unidos, varias ciudades calculan que la eliminación del grafiti cuesta entre uno y tres dólares por habitante al año, cifras que confirman el impacto económico que comporta este tipo de vandalismo urbano.

También los estudios internacionales apuntan a un patrón demográfico repetido:

el 70 % de los autores tiene entre 15 y 30 años, una constante que explica por qué muchas urbes han puesto en marcha campañas educativas o han habilitado espacios controlados para el arte urbano legal.

En contraste, países con normativas extremadamente estrictas, como Singapur o Japón, presentan niveles anecdóticos de este tipo de infracciones.

La proliferación de pintadas tiene un impacto particular en ciudades con cascos históricos protegidos. En Cáceres, donde la ordenanza de limpieza viaria contempla multas de entre 750 y 1.500 euros —y sanciones de hasta 3.000 euros en casos de vandalismo sobre patrimonio o mobiliario—, el problema es doble: afecta a la imagen turística y complica la conservación del entorno urbano.

Aunque el Ayuntamiento ha realizado campañas de limpieza específicas y actuaciones puntuales, partidos como Vox y colectivos como Somos Cáceres insisten en que se necesita una estrategia continuada para combatir una problemática que se repite en todo el país.

La comparación con las tendencias nacionales e internacionales sitúa a Cáceres dentro de un escenario común como un fenómeno creciente. Como en otras ciudades, la presencia de grafitis no autorizados se expande más rápido de lo que se consigue limpiar. Aparte está el coste económico y visual. La restauración en zonas turísticas requiere recursos constantes. Se trata, pues de un desafío estructural. Las medidas aisladas no suelen ser suficientes sin un plan prolongado de prevención, educación y control.

Mientras aumenta la presión ciudadana para frenar el deterioro y proteger el patrimonio, el debate sobre cómo afrontar este problema urbano —entre sanciones, educación, campañas y arte legal— se intensifica en Cáceres igual que en el resto de España y del mundo.