La Policía Nacional ha arrestado en Madrid al representante en España de una sociedad acusada de operar una estafa piramidal desde hace más de una década. La operación, conocida como Peldaño, se inició tras la denuncia colectiva de 803 personas que invirtieron en la promesa de ingresos pasivos y vitalicios que nunca llegaron.
El detenido, un empresario bilbaíno, Joaquín G. B., de 55 años, era una figura reconocida en el mundo del marketing de afiliación. Desde 2011, construyó una imagen de experto confiable gracias a su presencia en medios, entrevistas y eventos del sector financiero, permitiéndole ganarse la confianza de cientos de personas.
La sociedad ofrecía dos líneas de supuesto negocio:
- Un programa de fidelización mediante descuentos en compras.
- Y otro de marketing de recomendación, donde los inversores también actuaban como captadores de nuevos clientes.
Ambos modelos requerían pagos periódicos para acceder a los beneficios.
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Entre 2011 y 2014, las víctimas debían realizar un pago único de 2.000 euros. A partir de 2015, se sumaban cuotas mensuales de entre 99 y 399 euros. A cambio, se les prometía formar parte de una red que ofrecía ganancias automáticas si cumplían determinados objetivos. Pero dichos objetivos resultaban prácticamente imposibles para la mayoría.
Un sistema insostenible
La estructura de ingresos de la empresa estaba diseñada para crecer a costa de las nuevas incorporaciones. La mayor parte de los beneficios no procedía de una actividad económica real, sino de las aportaciones de nuevos miembros. Un modelo típico de estafa piramidal.
Según los investigadores, «los negocios ofrecidos a los afiliados eran de muy difícil cumplimiento o casi imposible para la gran mayoría». Cuando los inversores trataron de recuperar su dinero, ya era tarde: la estafa había sido cuidadosamente camuflada para esquivar cualquier tipo de control financiero.
Aunque el perjuicio directo a las víctimas se estima en más de 5 millones de euros, la red llegó a generar un beneficio ilícito de más de 52 millones. Para ello, la sociedad eludió el control del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, careciendo de cualquier tipo de autorización.
Los pagos fueron deliberadamente estructurados para pasar desapercibidos ante las autoridades. La investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) permitió destapar el entramado y detener al principal responsable en la capital española.