La Comisión Europea considera que el contrato adjudicado por el Ministerio del Interior a Huawei para suministrar infraestructura de almacenamiento del sistema Sitel –que gestiona interceptaciones telefónicas judiciales y cooperaciones policiales internacionales– «tiene el potencial de generar una dependencia de un proveedor de alto riesgo … en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera».
Así se recoge en una respuesta por escrito de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia. Henna Virkkunen, a una pregunta formulada por la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en la que avanza que «examinará de manera más general la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus infraestructuras en la próxima revisión del Reglamento sobre la Ciberseguridad».
El objetivo, señala Bruselas, es «evitar dependencias críticas de proveedores de alto riesgo y reducir el riesgo en nuestras cadenas de suministro de TIC».
La Comisión Europea considera que Huawei y ZTE presentan «riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores de 5G» y ya se comprometió en 2023 a evitar la exposición de sus comunicaciones corporativas a las redes móviles de los proveedores chinos.
La Comisión defiende que las decisiones adoptadas por los Estados miembros para restringir o excluir Huawei y ZTE están «justificadas y son conformes con el conjunto de instrumentos para la seguridad de las redes 5G».
De hecho, instó a todos los Estados miembros a aplicar dicho conjunto de instrumentos y a adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores. Por ello, considera hora que «el contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei tiene el potencial de generar una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera».
«Ningún contrato con proveedores de alto riesgo»
Dolors Montserrat, la portavoz popular de la que partió la pregunta, considera necesario «garantizar que ningún contrato con proveedores de alto riesgo comprometa la fiabilidad de España como socio en la cooperación europea e internacional», por lo que la revisión anunciada por la CE es «una medida imprescindible para proteger la soberanía tecnológica y la seguridad de los ciudadanos europeos».
La eurodiputada recordó que este tipo de contratos «no solo afectan a la seguridad nacional, sino también a la confianza de los socios europeos en la integridad de nuestras comunicaciones e infraestructuras críticas» y urgió a que se establezcan criterios vinculantes para la extensión de los principios de seguridad de 5G a otros sectores críticos de TIC.
Para los populares, el Gobierno de Sánchez mantiene una «política errática sobre su relación con Huawei a pesar de las advertencias de la Comisión» sobre el riesgo que supone utilizar esta compañía, pues además del contrato del Ministerio del Interior para servidores que almacenan escuchas judiciales, también firmó otro para suministrar e instalar equipos en la red académica RedIRIS, que fue posteriormente cancelado, y un tercero para proveer cabinas de almacenamiento utilizadas por la Seguridad Social.