El Ministerio de Función Pública ha ofrecido este miércoles a los sindicatos una subida salarial para los 3,5 millones de empleados públicos de alrededor del 10% acumulado para los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028, según han informado este miércoles fuentes de la negociación tras un encuentro entre el Gobierno y las federaciones de servicios públicos de CC OO y UGT y la central de funcionarios CSIF. Los pagos para el presente ejercicio se harán de forma retroactiva. Sin embargo, los tres sindicatos han rechazado esta primera oferta por insuficiente y Función Pública les ha vuelto a convocar para este mismo jueves, 20 de noviembre, para seguir negociando, según confirma el ministerio. Distintas fuentes de la negociación ven margen presupuestario para mejorar esta propuesta.
Aunque el propio ministro del ramo, Óscar López, había señalado que con su oferta intentaría que estos trabajadores no perdieran poder adquisitivo, los sindicatos estiman que esto no se va a cumplir. Así, el principal motivo que ha provocado el rechazo sindical es que la propuesta del Ejecutivo precisa que la subida no podrá superar más de un 4% en los dos primeros años, aclaran las mismas fuentes. Esto podría suponer alguna pérdida del poder de compra en estos dos primeros ejercicios (2025 y 2026) respecto a la inflación (2,8% en 2024 y 3,1% hasta octubre de 2025). Si bien, la subida acumulada para 2027 y 2028, que estaría en el entorno del 6%, podría compensarlo, ya que las previsiones de referencia de inflación para esos años son algo inferiores.
No obstante, esta oferta del Ejecutivo podría ser algo superior, si desde Función Pública logran arrancar una mayor dotación presupuestaria al Ministerio de Hacienda, con el que están en conversaciones. CC OO ha considerado esta propuesta “del todo inaceptable” porque, en su opinión, “supone un insulto a las empleadas y empleados públicos”.
Fuentes del CSIF rechazan igualmente esta primera oferta, que, según indican, “no cubre la subida de los precios de 2025 y 2026″. Por ello apuntan que seguirán negociando un acuerdo que permita recuperar poder adquisitivo. Este sindicato argumenta: “El Gobierno está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto [para 2026] y por tanto pensamos que hay margen para elevar la oferta”.
En UGT Servicios Públicos también han indicado que el sindicato “no aceptará estos números, ni la cifra final ni la distribución de porcentajes, pues no se asegura el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, una cuestión que es fundamental”.
Abundando en la idea, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha advertido que “el porcentaje de subida salarial para el año en 2025 y 2026 y el siguiente complica la negociación”. Un acuerdo plurianual de este tipo tiene que suponer garantizar el poder adquisitivo y, a partir de ahí, siempre lo dijimos, los empleados públicos no están para perder ni oportunidades ni para perder dinero”.
El encuentro de este miércoles —el tercero de esta nueva ronda de negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo plurianual de salarios y empleo para los trabajadores de las administraciones públicas— estaba destinado al capítulo salarial. Cuando Función Pública y Hacienda presenten su última oferta a las organizaciones sindicales, estas deberán decidir si apoyan la propuesta definitiva del Gobierno y dar una respuesta en la reunión de este mismo jueves. En CC OO han interpretado esta nueva convocatoria como que el Gobierno se habría visto obligado a retirar la propuesta del 10% y hacer una nueva oferta este jueves.
En cualquier caso, y a la espera de una mejora de la oferta por parte del Gobierno, los sindicatos no han descartado este miércoles volver al escenario de movilizaciones creciente iniciado en octubre y que podría culminar en una huelga general del colectivo en diciembre, si no hay avances en materia salarial.
Además de las alzas salariales también se están negociando otras cuestiones relacionadas con el diseño de las ofertas de empleo público, contemplando planes de recursos humanos que determinen las necesidades de personal, eliminando progresivamente la tasa de reposición, que suele limitar estas ofertas a las bajas que se producen por jubilaciones (aunque hay excepciones puntuales) y fomentando la estabilidad (uno de cada tres empleados públicos tiene un contrato eventual). De igual manera están discutiendo mejoras en los mecanismos de acceso al empleo público, fomentando la exigencia de otras capacidades distintas a los procesos memorísticos; así como el fomento de las carreras profesionales dentro del sector público, con mayores ofertas de promoción interna específicas y diferenciadas del turno libre.
El anterior Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI pactado por el Gobierno con CC OO y UGT, y al que no se sumó CSIF, articuló una senda salarial y medidas laborales para modernizar la función pública. En concreto, recogió aumentos retributivos acumulados (hasta el 9,5% según condiciones variables) repartidos entre 2022, 2023 y 2024, con cláusulas extra vinculadas al IPC y al PIB.
Asimismo este acuerdo incluyó pagos retroactivos (parte de 2022 aplicada en nóminas) y cláusulas de revisión que pueden activar subidas adicionales, algo que se repetirá para los incrementos de estos trabajadores en 2025, ya que las nóminas públicas están congeladas durante el presente ejercicio, salvo un incremento del 0,5% pagado este verano pero que correspondía a lo pactado para 2024. Los incrementos retributivos se vieron acompañados en este pacto con compromisos del Gobierno sobre jornada (impulso a las 35 horas semanales), clasificación profesional, jubilación parcial y estabilización de empleo. También estableció una negociación sobre teletrabajo, modernización digital y políticas para atraer y retener talento en las administraciones públicas.