El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) desea aclarar públicamente la información publicada el 14 de septiembre de 2025 por el diario El Periódico Extremadura, cuyo titular afirmaba que los arquitectos técnicos colegiados pueden visar proyectos de adaptación de locales comerciales para viviendas en Cáceres. «Esta afirmación puede inducir a confusión, afectando a la seguridad jurídica de los ciudadanos y a la correcta contratación de los servicios profesionales competentes».
«La jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, de diversos Tribunales Superiores de Justicia y de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo», dice el colegio, «establece que el cambio de uso de local a vivienda constituye, con carácter general, una alteración de la configuración arquitectónica del edificio. Este tipo de intervención afecta a la funcionalidad y habitabilidad del inmueble y, por tanto, requiere de un proyecto técnico cuya competencia corresponde exclusivamente a los arquitectos superiores, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.b) y 10.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE»).
Sentencias
Asimismo, «sentencias como la dictada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (24 de julio de 2023) determinan que los arquitectos técnicos no tienen competencia para redactar proyectos de cambio de uso de local a vivienda, por tratarse de intervenciones que modifican la configuración arquitectónica y su uso característico, encuadrándose dentro del ámbito de reserva profesional de los arquitectos superiores».
Viviendas en Cáceres. / Carlos Gil
De acuerdo con la LOE, cuando la intervención tiene por objeto un uso residencial, entre otros, la redacción del proyecto corresponde al arquitecto superior. Los técnicos municipales responsables de la concesión de licencias deben, además, garantizar que los proyectos presentados están firmados por profesionales competentes, asumiendo su responsabilidad en este ámbito.
El Coade reafirma su compromiso con la seguridad jurídica, la protección del interés público y la defensa de las competencias profesionales establecidas legalmente, en beneficio de la ciudadanía y del correcto ejercicio profesional.