Los vecinos de la localidad madrileña de Alpedrete siguen sin dar crédito ante el mazazo que les sacudió el pasado sábado. Una mujer de 60 años fue asesinada presuntamente por su marido, quien le asestó 50 puñaladas y, posteriormente, según apuntan las hipótesis, se quitó la vida. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya lo ha confirmado como violencia machista. El asunto no ha quedado ahí. Los hijos de los fallecidos han cargado contra el sistema, al igual que ha hecho el alcalde de la localidad, lo que ha generado un cruce de declaraciones entre el PP y el Gobierno.
La pesadilla para la familia comenzó el día 15, sobre las 12.00 horas, cuando uno de los descendientes encontró los cuerpos sin vida en su vivienda, un chalet ubicado en la calle de la Jara. El informe preliminar apunta a que la mujer habría fallecido antes que el marido, quien podría haberla matado para después suicidarse. Sin embargo, no existían denuncias previas ni estaban en el sistema VioGén.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron a EFE que el varón había consumido alcohol y también medicamentos, pues tenía importantes problemas de espalda que le generaban intensos dolores. Afirmaron, además, que sufría depresión y que anteriormente ya había presentado conductas autolíticas.
El alcalde carga contra el sistema
El lunes, el alcalde de la localidad madrileña, Juan Fernández (PP), trasladó su pesar por lo ocurrido. No obstante, descartó que se tratase de un caso machista: «No ha sido por odio… No veo violencia de género«. Apuntó que el presunto autor de los hechos podría haber sucumbido a la «presión» de la enfermedad psicológica que padecía y que no habría sido eficazmente gestionada por la administración.
En declaraciones ante los medios defendió que el varón «quería mucho a su mujer», pero no quedó ahí. Consideró que había «fallado el sistema«, pues no había sido capaz de detectar la enfermedad psicológica que al final, según indicó, no pudo «soportar la presión», lo que le llevó «a cometer este acto». Detalló, además, que el presunto autor había estado «mucho tiempo de baja» y que había solicitado una incapacidad por su situación psicológica.
Una carta de los hijos
Horas después, los dos hijos de la pareja emitieron una carta en la que salieron en defensa de su padre, asegurando que «fue un hombre ejemplar, un marido único y el mejor padre posible». Aprovecharon, en la misma línea que el alcalde de Alpedrete, para cargar y culpar al sistema, denunciando que, durante muchos años, el hombre solicitó ayuda, aunque fue «ignorado, rechazado, desatendido, silenciado y abandonado», reza el documento.
«Siempre fuimos una familia feliz. Se respetaban, se complementaban, se querían, pero todo cambió. ¿Alguien escuchó a nuestro padre? Solo nosotros. ¿Tanto les costaba prestarle atención? Sí. ¿Les era un estorbo? ¿Qué más tenía que haber hecho? Nosotros luchamos, nuestros padres lucharon juntos… el sistema no», prosigue el documento en supuesta referencia a la ayuda que había solicitado el hombre, pero que nunca llegó.
«No nos preguntan, no nos escuchan, nos silencian. ¿Alguien nos va a ayudar?«, prosiguen David y Diego Ródenas Écija, aprovechando para pedir respeto para su familia, agradeciendo el apoyo del alcalde y afirmándose orgullosos de los fallecidos, Juan Pedro Ródenas Casado y María Pilar Écija Moreno, de acuerdo con el documento.
Un rifirrafe político
Las reacciones ante las declaraciones del regidor no se hicieron esperar. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, exigió su «rectificación inmediata» o «dimisión», asegurando que sus palabras eran «intolerables», según remarcó en un mensaje publicado en su perfil de la red social X. Incidió en que las personas negacionistas de la violencia de género «maquillan la realidad para negar la evidencia del maltrato» y que «el negacionismo mata».
Dada la polémica que generaron sus palabras, horas después Fernández publicó un vídeo matizando sus palabras, mostrando su rechazo a la violencia de género, asegurando que sus declaraciones podían haber sido «malinterpretadas». «Muestro mi rechazo total y sin paliativos de ningún tipo a cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres, y espero y deseo que en el futuro no se produzca ni en Alpedrete ni en ninguna parte del mundo, porque las mujeres tienen derecho a vivir en libertad, en igualdad y con derechos para todas».
A pesar de la rectificación, poco después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sumó a las críticas. «Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores. Quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía», apuntó en un mensaje publicado en X.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, consideró también que el alcalde «debe dimitir». Mientras tanto, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, defendió al regidor, detallando que ya había «pedido disculpas» y que había trasladado su «máximos respeto» por las víctimas: «Ha dado las explicaciones oportunas» y «ha quedado claro lo que él sentía».
El enganchón no quedó ahí. Horas después, y a colación de las declaraciones de la consejera, la ministra de Sanidad, Mónica García, acusó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de llevar sus políticas a una deriva ultra que incluye, «cómo no, el blanqueamiento de la violencia machista y el negacionismo».