Las eléctricas velan armas antes de dar la última batalla en la guerra que libran frente a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) para tratar de arañar una última mejora de la retribución que cobrarán por sus redes en los próximos seis años, unos ingresos procedentes del recibo que pagan todos los consumidores. La última propuesta del regulador es que la tasa de retribución financiera sea del 6,58%, lejos del 7,5% que reivindican las compañías propietarias de las líneas de baja tensión.
Con estas diferencias, Aelec (asociación representante de Iberdrola, Endesa y EDP) se ha personado ante el Consejo de Estado para que tenga en cuenta sus argumentos. El órgano consultivo es el último en dar su opinión preceptiva sobre las circulares de retribución antes de que estas vuelvan a la CNMC para la aprobación definitiva, que deberá ser previa al 31 de diciembre.
En este momento, fuentes al tanto de la tramitación aseguran que la CNMC ha remitido ya el expediente al Ministerio de Economía, que es quien ejecuta el traslado al Consejo de Estado, algo que por ahora no se ha producido. En dicho expediente, se deberá incluir los votos discrepantes de los consejeros que han mostrado sus diferencias frente a la propuesta aprobada por mayoría.
Las fuentes consultadas señalan que dos consejeros (Josep María Salas y María Jesús Martín) han elaborado votos particulares porque creen que hay cuestiones que deben tenerse en cuenta y que redundan en una retribución algo más generosa para las eléctricas. Por el contrario, el consejero Carlos Aguilar pide rebajar la TRF del 6,58% al 6,46% de la proposición inicial de la CNMC.
Las eléctricas podrán hacer valer esas discrepancias en el seno de la CNMC a su favor ante el órgano consultivo en el periodo de alegaciones que se abrirá en el Consejo de Estado, aseguran fuentes del sector. Además, hay otros dos consejeros (el vicepresidente Ángel García Castillejo y Pilar Sánchez) que estarían más próximos a las tesis de los consejeros discrepantes que de la mayoría encabezada por la presidenta, Cani Fernández, que avala los trabajos de los servicios técnicos que encabeza la directora de Energía Rocío Prieto. Sin embargo, ni García ni Sánchez han hecho votos discrepantes.
Ahora, hay quien cree que la presión se focaliza sobre los dos consejeros vascos, Enrique Monasterio y Rafael Iturriaga. Ambos se han posicionado hasta ahora claramente con la propuesta que refrenda la mayoría. Sin embargo, existen presiones por parte del Gobierno vasco para que traten de influir dentro de la CNMC a favor de mejorar la retribución de las redes.
Tanto el lehendakari vasco, Imanol Pradales, como otros responsables autonómicos han expresado la necesidad de asegurar la inversión en redes en su territorio ante el elevado nivel de saturación de las redes en las tres provincias vascas, que podría condicionar futuros desarrollos de su industria, clave para la economía de este territorio. A nadie se le escapa la fuerte influencia que Iberdrola ejerce en el País Vasco: es el primer contribuyente de las haciendas forales y uno de los que más empleo genera por la subcontratación de compañías industriales vascas. Pero los consejeros vascos, elegidos a propuesta del PNV y el PSOE, son independientes y no tienen dependencia jerárquica con nadie.
Con este panorama, las eléctricas son conscientes de que el informe que elabore el Consejo de Estado tiene un impacto limitado sobre la CNMC, ya que su dictamen no es vinculante. Pero creen que puede influir sobre la decisión final del regulador, de ahí que estén personadas. Hasta que eso llegue, los contactos a nivel informal con los miembros del Consejo de Estado, que preside la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, se dan por hechos.
Entretanto, las fuentes consultadas señalan que hay cierta sorpresa entre algunos consejeros de la CNMC porque el Gobierno no haya convocado la Comisión de Cooperación, una prerrogativa legal de la que dispone el Ministerio para la Transición Ecológica en la que obliga a sentarse a la CNMC y sus consejeros para convencerle de sus argumentos.
Como adelantó este medio, el departamento liderado por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha hecho algunos comentarios importantes en el informe de opinión para las circulares de retribución que apuntan a una cierta mejora de la retribución con el objetivo de que se cumplan sus orientaciones de política energética, cuyo objetivo es la descarbonización para la economía, lo que requiere asegurar la inversión en redes eléctricas.
Sin embargo, tanto el ministerio como la CNMC son conscientes de que elevar en demasía la tasa de retribución financiera por los próximos seis años puede encarecer más de lo debido el recibo de la luz, lo que impacta sobre la competitividad de la industria, un efecto que podría generar rechazo para los potenciales inversores. Además, este encarecimiento afecta al bolsillo de los consumidores, otro efecto indeseado por lo que implica de repunte de la inflación. El marco retributivo que se va a aprobar no solo remunera a las nuevas redes, sino sobre todos los activos que ya están en funcionamiento.
Con este contexto, y aunque el informe del Gobierno pide cierta mejora de algunos conceptos de las circulares, el Ejecutivo ha decidido evitar un conflicto institucional con la CNMC y ha evitado la reunión bilateral, algo que sí hizo para varias circulares en 2020, el anterior periodo regulatorio. En el ánimo del Gobierno también ha podido pesar la presión a la que le está sometiendo las eléctricas al regulador con otras cuestiones como la prórroga nuclear o las responsabilidades por el apagón.