Los implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en la Diputación de Almería sigue aumentando. La causa principal cuenta ya con 14 personas investigadas judicialmente, entre ellas el presidente de Diputación, Javier A. García, el vicepresidente de Diputación, Fernando Giménez, el alcalde de … Fines, Rodrigo Sánchez y el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, así como siete empresas.
La operación policial que investiga presuntos contratos irregulares de obras y servicios para el cobro de comisiones desde la Diputación Provincial de Almería, contempla ya cinco investigados que se unen a los cinco detenidos de este martes, entre ellos dos hermanos del presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García.
Los agentes de la UCO de la Guardia Civil se personaron este miércoles en el Ayuntamiento de Fines para recabar más expedientes. Junto con los cargos políticos, a los que el PP ha suspendido cautelarmente de militancia, se encuentran también detenidos un técnico de Área de Fomento de la Diputación y el hijo del alcalde finense, quien ya estuvo también detenido en la primera fase de la operación que tuvo lugar en abril de 2021.
En la actuación policial se encuentra nuevamente el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, a quien se sitúa en el centro del origen de la trama que partió mediante un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de covid-19. Los hermanos del presidente de Diputación, un hombre y una mujer, están investigados en esta causa por supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, con diferentes responsabilidades a cada uno en función del papel que se les atribuye en la trama.
Los detenidos pasarán este jueves a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, encargado de instruir las diligencias en esta pieza adicional declarada secreta. La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros«.
El origen de esta segunda fase se remonta a las actuaciones practicadas en junio de 2021, cuando el entonces vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria fue arrestado por la compra supuestamente fraudulenta en plena pandemia de mascarillas, guantes y equipos de protección individual a través de un contrato de urgencia valorado en 2.036.186,24 euros, cuyo coste hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros.
Los indicios de posibles ‘mordidas’ a través de aquel contrato dieron lugar a nuevas investigaciones que han llevado a la autoridad judicial a extender sus pesquisas para determinar si también podría darse el cobro de comisiones a través de otros contratos públicos de obras y servicios, algunos de ellos con el Ayuntamiento de Fines.