El juez ha puesto en libertad al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, detenido el pasado martes dentro de una presunta trama corrupta vinculada a mordidas por contratos de obras públicas. El político está investigado por varios delitos por lo … que el instructor ha dictado medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de personarse en juzgado cada 15 días.
Del mismo modo, el Juzgado de Instrucción 1 de Almería también ha puesto en libertad a los otro dos políticos investigados en la trama bajo las mismas medidas cautelares. El magistrado no aprecia riesgo de fuga ni tampoco posibilidad de destrucción de pruebas.
Los otros dos políticos detenidos están en la misma situación. El vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tampoco irán a prisión en base al auto dictado por el juez instructor.
Al mismo tiempo, los otros dos detenidos, el hijo del alcalde y un técnico de la Diputación Provincial se les dicta la misma resolución que los anteriores. Sobre las 15.50 horas, los detenidos y sus abogados salían de la Ciudad de la Justica de Almería.
En la causa hay 17 investigados. La mayoría de éstos han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil, aunque tendrán que comparecer en este Juzgado cuando sean citados. Entre ellos está el exvicepresidente de la Diputación de Almería, Óscar Liria, que seria pieza clave del caso ‘Mascarillas’ y de esta segunda fase de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La causa se está investigando por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. Los cinco detenidos han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados.
La única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE. Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad de los detenidos tras pasar 48 horas en el calabozo. Esta fue acordada finalmente por el Juez de Adscripción Territorial (JAT), que asume por el momento la instrucción por la baja de la titular del Juzgado que lleva la causa.
Las declaraciones se han iniciado sobre las 12.30 horas. Tras ellas ha sido la Fiscalía la que ha solicitado medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica ante los juzgados. Todos tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes y tienen prohibido abandonar el territorio nacional.