Un total de 30 militares del Ejército colombiano, entre ellos tres generales retirados, han sido imputados este jueves por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad por la comisión de 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas ocurridas en el departamento del Meta (centro) entre 2002 y 2007.
La decisión la ha tomado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que juzga tanto a líderes de la guerrilla como del Ejército colombiano por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La Sala de Reconocimiento de Verdad ha establecido que, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en el Meta, se «configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros» de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una coalición de ejércitos paramilitares de ultraderecha para detener la expansión de las guerrillas de izquierda.
Unidad encargada de la lucha contra el secuestro y la extorsión
Los implicados eran integrantes del Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas (BIVAR), de la Séptima Brigada y del Gaula Rural Meta (GAMET), unidad encargada de la lucha contra el secuestro y la extorsión. En la investigación, la Sala escuchó los testimonios de antiguos comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas.
Entre los imputados están los brigadieres generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, y el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán. Como parte del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, la JEP explicó que los generales retirados fueron imputados «a título de autores por omisión impropia por los crímenes de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, en concurso con el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y con el crimen de asesinato como crimen de lesa humanidad». Saavedra y Ávila también fueron imputados por el «delito de homicidio agravado».
La Sala de Reconocimiento de Verdad ha señalado que los generales retirados «incumplieron sus obligaciones de proteger los bienes jurídicos de la población y de ejercer un control efectivo sobre sus subordinados». Pese a que contaban con medidas razonables a su alcance para hacerlo, «omitieron sus deberes constitucionales y funcionales. Desde sus posiciones de poder y mando, actuaron con laxitud y permisividad, sin ejercer el control necesario para prevenir, investigar y sancionar las muertes que se estaban presentando».
«Falsos positivos»
Los llamados «falsos positivos« son uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que miembros del Ejército desaparecieron y asesinaron a jóvenes inocentes para hacerlos pasar por bajas guerrilleras con el fin de obtener premios y ascensos.
La JEP ha contabilizado 6.402 de estos casos, que fueron cometidos sobre todo entre 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe.
Hace apenas dos meses, la JEP condenó a 12 excomandantes militares a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de lesa humanidad y de guerra como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005.
Estas sentencias, que no conllevan penas de cárcel, sino trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas, fueron las primeras impuestas a exmilitares por la JEP, que juzga tanto a líderes de las FARC como del Ejército colombiano por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Días antes, el mismo tribunal condenó a siete exlíderes de las FARC a penas restaurativas de un máximo de ocho años de «restricción efectiva de sus derechos» como «máximos responsables de la política criminal de secuestro» para pedir rescate, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño.
Tras 52 años de conflicto, el Gobierno de Colombia y las FARC, la más poderosa y antigua de las guerrillas de América Latina, concluyeron en agosto de 2016 en La Habana los diálogos del proceso de paz con un acuerdo final.
Sin embargo, no todos los guerrilleros se acogieron al acuerdo y diversos grupos siguen con la lucha armada. También sigue operativo el otro gran grupo guerrillero de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).