Madrid
El Tribunal Supremo ha adelantado el fallo de la sentencia por la que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Los magistrados —por cinco votos a favor y dos en contra— imponen a García Ortiz una multa de 7.200 euros, dos años de inhabilitación, una indemnización de 10.000 euros por los daños morales a Alberto González Amador y también el pago de las costas procesales. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, interpuso querella después de que la Cadena SER difundiera el correo electrónico en el que el comisionista reconocía que había cometido dos delitos fiscales y pedía un pacto.
Dos votos particulares
La decisión no se ha tomado por unanimidad. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo —que era la ponente inicial de la sentencia— han anunciado un voto particular. Ahora será el presidente de la sala de lo penal, Andrés Martínez Arrieta, quien redacte la sentencia que suscriban los otros cinco magistrados que conformaron el tribunal: Manuel Marchena, Carmen Lamela, Antonio del Moral y José Ramón Berdugo.
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La filtración del correo que se investiga sirvió para desmentir entre la opinión pública el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de Ayuso difundió entre periodistas afines que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador que se había frenado por órdenes de arriba. Paralelamente desde Fiscalía General se recabó el expediente tributario del novio de Ayuso para emitir una nota de prensa de desmentido.
El juez instructor consideró delictivo tanto la filtración del correo electrónico como la nota de prensa y las acusaciones recogieron el guante. El letrado de Alberto González Amador dijo que esa nota de prensa puso «el sello oficial al reconocimiento del delito».
La Abogacía del Estado—que ejercía la defensa de García Ortiz— y la Fiscalía pedían la libre absolución del fiscal, mientras que la defensa de Alberto González Amador reclamaba cuatro años de cárcel por un delito de revelación de secretos.